FGR y Fiscalías Estatales del Centro del País, en contra de la Jurisprudencia que Permite la Suspensión de Detenciones por Delitos Graves

  • Conferencia Nacional de Procuración de Justicia: Un Frente Unido por la Supremacía Constitucional y la Protección de las Víctimas.

Toluca, Estado de México, 19 de abril de 2024. La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia ha marcado un hito en su Primera Sesión Ordinaria 2024 Zona Centro, celebrada con el objetivo de fortalecer la cooperación interinstitucional y desarrollar estrategias efectivas contra la criminalidad en México. Durante la sesión, se revisaron temas esenciales para mejorar la procuración de justicia y se escucharon propuestas de los asistentes sobre intereses comunes.

Un punto crítico de la agenda fue el acuerdo de rechazo a una jurisprudencia que implica la suspensión del cumplimiento de órdenes judiciales de aprehensión por delitos graves, como feminicidio, homicidio, violación, secuestro y delincuencia organizada. Este acuerdo tiene una relevancia particular, ya que la resolución afectará a una amplia región que incluye el Estado de México, Ciudad de México, y otros estados clave.

La Fiscalía General de la República y los miembros de la conferencia han manifestado un rechazo contundente a la resolución, argumentando que compromete la seguridad de las víctimas, ofendidos y testigos, poniendo en riesgo sus derechos humanos más fundamentales.

La conferencia ha destacado que la impunidad y el estado de indefensión resultantes podrían extenderse por un tiempo indeterminado, dependiendo de la duración del proceso de amparo, que podría llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En respuesta a esta situación, se ha solicitado a la Suprema Corte un pronunciamiento que reafirme la supremacía constitucional y proteja los derechos de las víctimas. Se ha enfatizado la importancia de la prisión preventiva oficiosa como una medida necesaria y válida, en línea con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La conferencia ha reiterado su compromiso con escuchar y proteger a las víctimas y ofendidos, subrayando que los derechos de las víctimas deben tener prioridad para prevenir la victimización institucional. Además, se ha advertido que la eliminación de la prisión preventiva oficiosa podría tener consecuencias devastadoras para el sistema de justicia y los derechos de las partes involucradas.

Finalmente, la conferencia ha hecho un llamado a las ministras y ministros de la Suprema Corte para que consideren la realidad social de México y mantengan la integridad de la Constitución General, así como el contenido del artículo 19, segundo párrafo, constitucional. Este llamado refleja la determinación de la conferencia de asegurar que la justicia y la seguridad prevalezcan en el país.

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