Aprueban en comisiones: Siete Órganos Autónomos por Extinguirse

Ciudad de México, 23 de agosto de 2024. En una decisión que busca remodelar significativamente la estructura administrativa del país, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que propone la extinción de siete órganos autónomos clave. Los organismos afectados incluyen el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJORADU), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

El proyecto de decreto, impulsado por una iniciativa del Ejecutivo Federal y aprobado con 22 votos a favor, 17 en contra y sin abstenciones, ahora pasa a la Mesa Directiva para sus efectos constitucionales. Esta medida representa una de las reformas más profundas a la Constitución en los últimos años, con cambios que abarcan múltiples artículos y atribuciones de la Carta Magna.

El dictamen detalla que las funciones de estos organismos serán asumidas por distintas dependencias del Gobierno Federal o por el Inegi. Según los transitorios del proyecto, los ahorros generados por la eliminación de estos entes se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Además, se garantiza que los derechos laborales de los empleados de estos organismos serán respetados según la legislación vigente.

Entre los cambios más relevantes, el INE asumirá competencias en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales relacionadas con los partidos políticos. A su vez, el Inegi se encargará de la medición de la pobreza y la evaluación de programas sociales, funciones que antes pertenecían al Coneval.

Las reformas también implican una reestructuración en el sector económico y de telecomunicaciones. Las atribuciones de la Cofece y el IFT serán absorbidas por dependencias del Ejecutivo Federal, que se encargará de la política económica en competencia y telecomunicaciones. Esto incluye el otorgamiento y revocación de concesiones, así como la regulación en estos sectores.

La extinción de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, la CRE y la CNH será compensada por una nueva estructura en el Poder Ejecutivo, que centralizará la regulación técnica y económica en el ámbito energético.

Asimismo, se elimina la figura de los organismos autónomos estatales responsables del acceso a la información, dejando la responsabilidad en manos de los poderes estatales de contraloría o entidades similares.

Otro aspecto relevante de la reforma es la modificación en la integración del Comité Técnico de Evaluación para la elección de consejeros electorales, que ahora contará con cinco miembros en lugar de siete. Además, se establece que el Tribunal de Disciplina Judicial resolverá los conflictos relacionados con el Poder Judicial y el Sistema Nacional Anticorrupción.

Esta reforma, que afecta directamente la autonomía de diversas instituciones clave, ha generado un debate significativo sobre el equilibrio entre la eficiencia administrativa y la garantía de independencia en la supervisión y regulación de los sectores afectados. La implementación de estas reformas, con un plazo de 90 días para ajustar las leyes y los marcos jurídicos estatales, marcará un nuevo rumbo en la administración pública del país.