Toluca, Estado de México, 24 de junio de 2025— El Congreso del Estado de México aprobó en comisiones una reforma al Código Penal estatal que endurece las sanciones por el delito de despojo. La nueva legislación prevé penas de hasta 25 años y seis meses de prisión, además de mil 500 días multa, cuando se acredite la intervención dolosa de autoridades, notarios o servidores públicos en la comisión del ilícito.
Endurecen castigo ante participación de autoridades en despojo
La Comisión de Procuración y Administración de Justicia avaló este lunes un dictamen que conjunta las iniciativas de los diputados Octavio Martínez Vargas y José Miguel Gutiérrez Morales, ambos de Morena, así como de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC). El texto responde a casos recientes de despojo violento, como el de la señora Carlota “N”, una mujer de 74 años que cometió homicidio al intentar recuperar su vivienda en Chalco, el pasado 1 de abril.
La propuesta contempla una pena máxima cuando el despojo se cometa mediante documentación falsa, suplantación del propietario, o si se formaliza un acto jurídico ante el IFREM o su equivalente con dolo. También será agravante la colaboración intencional de una persona notaria, o si el acto se efectúa por medio de mecanismos alternativos de solución de controversias con el objetivo de legalizar el despojo.
Se consideran agravantes por violencia, engaño o abuso de poder
El dictamen leído por el diputado Octavio Martínez puntualiza que las penas aumentarán si el despojo se realiza con violencia física o moral, mediante rompimiento de cerraduras, forzamiento de puertas o ventanas, o si se comete contra personas vulnerables, como adultos mayores, menores de edad, mujeres embarazadas, personas con discapacidad o integrantes de comunidades indígenas.
La reforma también contempla agravantes cuando el delito implique lucro económico, participación de servidores públicos con acceso a información sobre inmuebles, o la intervención de auxiliares notariales sin autorización legal.
“Esta reforma busca prevenir casos como el de la señora Carlota, pero también desenmascarar una red de corrupción que opera al amparo del poder público y notarial para despojar a legítimos propietarios de sus bienes”, señaló el legislador José Miguel Gutiérrez durante la deliberación.
Definen nuevos alcances legales del despojo
El documento también redefine legalmente el delito de despojo, para incluir no sólo la ocupación de inmuebles ajenos, sino también el impedimento material para su disfrute. En estos casos, se impondrán de cinco a 10 años de prisión y de 700 a mil días multa.
Asimismo, se penalizarán actos como el uso indebido de aguas ajenas, el ejercicio de derechos sobre recursos hídricos que no pertenecen al infractor, o el afectamiento de predios declarados como áreas naturales protegidas, lo que conllevará penas de siete a 12 años de prisión.
Exigen vigilancia a la Fiscalía y rechazan cambios al lenguaje legal
Durante la discusión, diputados de Morena y MC subrayaron que el despojo a menudo involucra redes del crimen organizado, por lo que urgieron a revisar la actuación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
Se rechazaron propuestas de reforma al lenguaje legal, como la de la diputada Miriam Silva Mata (PVEM), quien planteó cambiar el término persona gestante por mujer embarazada. También fue descartada la solicitud de Ruth Salinas Reyes (MC) para incluir a todas las mujeres como posibles víctimas del delito, sin distinción de embarazo. La diputada Yesica Yanet Rojas Hernández (Morena) defendió la redacción original al considerar que el embarazo constituye una agravante específica.
Siguiente paso: Pleno del Congreso
La reforma aún debe ser discutida y votada en el Pleno del Congreso mexiquense. De ser aprobada, colocaría al Estado de México entre las entidades con mayores penas por despojo en el país, con el objetivo de frenar abusos legales, violencia patrimonial y corrupción institucionalizada.
Especialistas en derecho penal y representantes de organizaciones civiles han llamado a vigilar la aplicación efectiva de estas reformas, así como a establecer protocolos de atención a víctimas y revisión de los registros públicos, para evitar la repetición de casos similares al de Carlota “N”.
+ There are no comments
Add yours