Temascaltepec, Estado de México, 22 de julio de 2025. — La puesta en marcha del Operativo Liberación en al menos seis municipios del sur del Estado de México provocó una cadena de bloqueos carreteros, protestas ciudadanas y retención de elementos de seguridad, en medio de denuncias por presuntos abusos y la falta de información oficial sobre las acciones implementadas.
El operativo, coordinado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Secretaría de Seguridad estatal, la Marina y la Guardia Nacional, tiene como propósito desmantelar presuntas redes del crimen organizado que operan bajo la fachada de negocios locales, particularmente en sectores como la construcción, ferreterías y paquetería.
Municipios bajo presión
Las intervenciones se concentraron en Temascaltepec, Tejupilco, Luvianos, Tlatlaya, Valle de Bravo e Ixtapan de la Sal, donde se reportaron cateos, clausuras y detenciones.
En Temascaltepec, la detención de seis trabajadores de una mina local provocó una reacción inmediata de los pobladores, quienes quemaron unidades oficiales y cerraron caminos de acceso. Los habitantes argumentan que los detenidos realizaban labores de minería artesanal, actividad común en la zona.
Retención de fuerzas y parálisis regional
En respuesta al despliegue, más de 60 elementos de seguridad fueron retenidos por habitantes de San Francisco Oxtotilpan y San Pedro Limón. Las comunidades exigieron explicaciones sobre los operativos, así como garantías de que se respeten los derechos civiles y las actividades económicas locales.
Los bloqueos carreteros en estas localidades han causado una interrupción significativa del transporte público, dejando decenas de personas varadas en la región de Toluca y afectando la movilidad en corredores clave del sur mexiquense.
Acusan falta de órdenes judiciales y criminalización
Líderes comunitarios denunciaron que las autoridades han realizado intervenciones sin mostrar órdenes judiciales visibles, lo que ha generado acusaciones de que se está criminalizando la economía informal.
“No pueden llegar como si esto fuera tierra de nadie. Exigimos respeto y un procedimiento legal transparente”, reclamó uno de los representantes comunales en Tejupilco.
Los mismos representantes advirtieron que, aunque reconocen la presencia del crimen organizado en la región, las acciones indiscriminadas del Estado afectan a la población trabajadora, sin distinguir entre actividades legales e ilegales.
Crimen organizado presiona a transportistas
Transportistas que participan en los bloqueos revelaron que han recibido amenazas de grupos criminales, específicamente La Familia Michoacana, para cerrar vías de comunicación. Algunos señalaron que han sido extorsionados con “multas” de hasta 50 mil pesos por no acatar estas órdenes.
Esta situación coloca a los habitantes en una posición vulnerable, atrapados entre la presión de grupos delictivos y los operativos estatales que carecen, según dicen, de claridad legal.
Hasta el momento, ninguna autoridad estatal ni federal ha emitido un posicionamiento oficial sobre el avance del operativo, los resultados obtenidos o los protocolos aplicados.
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