Ciudad de México, 23 de diciembre de 2025.— La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que no se aplicará el impuesto adicional del 8% a los videojuegos violentos en 2026, pese a que la medida había sido incluida en el Paquete Económico presentado al Congreso. La decisión se fundamenta en la dificultad técnica y jurídica para definir qué títulos pueden considerarse violentos y cuáles no.
La propuesta fiscal y su retiro
El gravamen planteaba un incremento del 8% al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para videojuegos físicos y digitales clasificados como violentos. El objetivo, según la exposición inicial, era desincentivar el consumo de contenidos asociados a la violencia. Sin embargo, el planteamiento generó cuestionamientos por la ausencia de criterios claros de clasificación y por los posibles efectos en consumidores y en la industria.
Durante la conferencia matutina conocida como “La mañanera del pueblo”, Sheinbaum precisó que el impuesto no se cobrará y que el gobierno federal optará por campañas de concientización dirigidas a niñas, niños y adolescentes, enfocadas en el uso responsable de videojuegos y otros contenidos digitales.
Postura del Congreso y advertencia jurídica
La determinación presidencial provocó reacciones en el Poder Legislativo. El coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, advirtió que el Ejecutivo no tiene facultades para revertir un impuesto una vez aprobado en la Ley de Ingresos, lo que podría derivar en un conflicto jurídico y constitucional.
Monreal sostuvo que, de mantenerse el impuesto en el marco legal aprobado por el Congreso, su eliminación requeriría un ajuste legislativo formal, y no solo un anuncio del Ejecutivo.
Impacto para consumidores y sector digital
Con la cancelación del gravamen, los videojuegos no registrarán el aumento de precio previsto para 2026, lo que representa un alivio para consumidores y distribuidores. Al mismo tiempo, la discusión deja abierta la interrogante sobre el papel del Estado en la regulación de contenidos digitales y los límites entre políticas fiscales y estrategias educativas.
Un debate abierto
Más allá del impuesto, el caso puso sobre la mesa un debate de fondo: cómo regular el consumo de contenidos violentos sin vulnerar libertades, generar ambigüedades legales o afectar mercados culturales y digitales. Por ahora, el gobierno federal apuesta por un enfoque preventivo y educativo, mientras persiste la discusión sobre la separación de poderes y el alcance real de las decisiones presidenciales en materia fiscal.
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