Madrid, España, 25 de enero de 2026.— La Audiencia Nacional archivó la denuncia presentada contra el cantante Julio Iglesias por presuntos delitos de agresión sexual y trata de personas, al determinar que los tribunales españoles no son competentes para conocer de los hechos señalados.
Falta de jurisdicción, no análisis de fondo
De acuerdo con la resolución emitida por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el archivo del caso obedece exclusivamente a criterios de competencia territorial, sin que exista una valoración sobre la veracidad o falsedad de los testimonios presentados.
Las autoridades judiciales establecieron que los hechos denunciados habrían ocurrido en 2021, en propiedades del artista ubicadas en República Dominicana y Bahamas, fuera del territorio español.
Límites de la justicia española
Según el marco legal vigente en España, para que se investiguen delitos sexuales cometidos en el extranjero deben cumplirse condiciones específicas: que la víctima sea española o residente en el país, o que la persona denunciada tenga su residencia habitual en España.
En este caso, la Fiscalía concluyó que ninguno de esos supuestos se acredita, ya que las denunciantes son extranjeras y Julio Iglesias reside fuera de España, lo que impide a la Audiencia Nacional asumir el caso.
Una denuncia con alto impacto mediático
La querella fue presentada a inicios de enero de 2026 por la organización Women’s Link Worldwide, en representación de dos extrabajadoras del cantante. Los testimonios describían presuntas situaciones de acoso, jornadas laborales excesivas y tocamientos no consentidos, lo que generó una amplia cobertura mediática y reacciones en el ámbito artístico internacional.
Respuesta del cantante
Tras hacerse públicas las acusaciones, Julio Iglesias, de 82 años, rechazó de forma categórica los señalamientos. A través de comunicados difundidos en sus canales oficiales, calificó la denuncia como “absolutamente falsa” y como un intento de extorsión, además de difundir mensajes privados que, según su versión, evidencian una relación cordial con las denunciantes después de los hechos señalados.
El caso podría continuar fuera de España
Aunque el proceso penal quedó cerrado en territorio español, la organización que acompaña a las denunciantes informó que analiza llevar el caso ante tribunales de Bahamas o República Dominicana, donde presuntamente ocurrieron los hechos.
En esos países, las legislaciones contemplan penas más severas para los delitos imputados, que en algunos casos podrían alcanzar condenas de larga duración, según especialistas.
Por ahora, la defensa del cantante considera la resolución como un respaldo legal, mientras que las denunciantes mantienen su intención de buscar justicia en otras jurisdicciones.
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