
Marilú Morán
Estado de México, 30 de marzo de 2026.
La Secretaría del Campo del Estado de México anunció modificaciones a las reglas de operación del Programa Integral de Engorda y Producción de Especies Pecuarias (FIGAMEX), con el fin de fortalecer el desarrollo económico de productores pecuarios en la entidad.
El acuerdo, publicado en Gaceta del Estado de México, deriva de lo aprobado por el Comité Técnico el pasado 5 de febrero de 2026.
Las adecuaciones buscan alinear el programa con la Agenda 2030, el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030 y el Plan Estatal, con énfasis en la autosuficiencia alimentaria, el impulso a pequeños productores y la igualdad de género en el sector rural.
De acuerdo con datos oficiales, el sector pecuario mexiquense registró una producción de 198 mil 500 toneladas de carne, lo que representa un incremento de 61% en comparación con 2023.
FIGAMEX está dirigido a productores mayores de edad en situación de riesgo económico y tiene cobertura en los 125 municipios del estado. Entre sus objetivos se encuentran facilitar el acceso a financiamiento, mejorar la producción mediante capacitación y reducir pérdidas por enfermedades o fenómenos climáticos.
El programa contempla apoyos como garantías fiduciarias de hasta 20% del crédito —con un tope de 300 mil pesos—, reembolso de intereses de entre 30% y 100%, capacitación para certificaciones, así como esquemas de atención por siniestros (ADISPEC) y Proyectos Integrales Pecuarios (PROIPEC), que otorgan hasta 50 mil pesos de manera individual y 180 mil en modalidad colectiva.
Para acceder, los interesados deberán presentar identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y el Formato Único de Registro, además de cumplir con requisitos como contar con animales en etapa productiva y, en algunos casos, un mínimo de 20 ejemplares.
El programa prioriza a pequeños productores, mujeres rurales, pueblos originarios y personas afectadas por siniestros.
Las reglas de operación establecen un proceso que incluye solicitud, evaluación y entrega de apoyos en un plazo máximo de 60 días hábiles, bajo mecanismos de transparencia y supervisión pública.

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