Ciudad de México, 29 de abril de 2026— El Departamento de Justicia de Estados Unidos formalizó este miércoles una acusación penal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos, a quienes vincula con operaciones del Cártel de Sinaloa.
La imputación fue presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, uno de los órganos más relevantes en investigaciones de narcotráfico internacional, lo que coloca el caso como uno de los expedientes judiciales más sensibles contra una estructura gubernamental en funciones.
Los funcionarios señalados en la acusación
De acuerdo con el pliego acusatorio, el caso involucra a 10 personas:
- Rubén Rocha Moya, gobernador en funciones
- Enrique Inzunza Cázarez
- Enrique Díaz Vega
- Dámaso Castro Zaavedra
- Marco Antonio Almanza Avilés
- Gerardo Mérida Sánchez
- Juan de Dios Gámez Mendívil
- Alberto Jorge Contreras Núñez (“Cholo”)
- José Antonio Dionisio Hipólito (“Tornado”)
- Juan Valenzuela Millán (“Juanito”)
Este último enfrenta cargos adicionales por el secuestro y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y un familiar.
Cargos: narcotráfico, armas y corrupción institucional
El fiscal federal Jay Clayton y el titular de la DEA, Terrance C. Cole, detallaron que la acusación contempla tres ejes principales:
- Conspiración para el narcotráfico, con énfasis en el tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminahacia Estados Unidos
- Tráfico de armas, incluyendo armamento de alto calibre
- Corrupción institucional, mediante protección política y operativa al grupo criminal
La fiscalía sostiene que la red delictiva operó con respaldo de estructuras gubernamentales, lo que permitió la expansión de actividades ilícitas.
El presunto pacto político con “Los Chapitos”
Uno de los elementos centrales del expediente apunta a un acuerdo entre actores políticos y la facción conocida como “Los Chapitos”, vinculada a Joaquín Guzmán Loera.
Según la acusación:
- Durante el proceso electoral de 2021, el grupo criminal habría intervenido mediante intimidación a rivales políticos
- Se documentan presuntas reuniones directas tras la toma de posesión del gobierno estatal
- El acuerdo implicaría protección institucional a cambio de financiamiento y respaldo político
Sobornos mensuales y uso de estructuras de seguridad
La investigación de la DEA describe un sistema de pagos regulares para garantizar protección:
- Dámaso Castro Zaavedra habría recibido 11 mil dólares mensuales
- Se señala filtración de operativos y blindaje a integrantes del cártel
- Autoridades acusan que mandos de seguridad utilizaron infraestructura pública para facilitar el tráfico de drogas y armas
El caso “Juanito”: homicidio de informante de la DEA
Uno de los puntos más graves involucra a Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”:
- Se le imputa el secuestro, tortura y asesinato de una fuente de la DEA en octubre de 2023
- También se le atribuye el homicidio de un familiar de la víctima
- El móvil estaría relacionado con filtraciones sobre rutas de precursores químicos para fentanilo
Proceso judicial en Nueva York
El caso quedó asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla, en Manhattan.
Hasta el momento:
- No existe postura oficial definitiva del gobierno mexicano sobre posibles órdenes de extradición
- Autoridades estadounidenses analizan los siguientes pasos legales
- El expediente se perfila como uno de los más relevantes en materia de narcotráfico y corrupción transnacional
Impacto político y escenario bilateral
La acusación genera un escenario de alta tensión política, al involucrar a funcionarios en activo y a estructuras clave del gobierno estatal.
El señalamiento directo contra el gobernador de Sinaloa coloca el caso en el centro de la relación bilateral en materia de seguridad, en un contexto donde el tráfico de fentanilo se mantiene como una de las principales preocupaciones de Estados Unidos.
Análisis: una investigación que escala a nivel institucional
El expediente no se limita a responsabilidades individuales. La acusación plantea la posible existencia de una red de protección institucional que habría facilitado actividades delictivas de alto impacto.
Los datos duros —como el flujo de drogas, el esquema de sobornos y la presunta intervención electoral— perfilan una investigación de largo alcance que podría redefinir los mecanismos de cooperación entre ambos países en el combate al crimen organizado.
El desarrollo del caso, así como las decisiones sobre extradición y judicialización, marcarán el rumbo de uno de los procesos más relevantes en la agenda de seguridad en 2026.
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