- Un nuevo decreto del Gobierno del Estado de México y un convenio modelo para los municipios establecen un esquema de simplificación administrativa y apoyos fiscales para avanzar en la regularización de 474 mil 681 predios en 46 municipios. El programa contempla plazos máximos de 30 días para diversos trámites, exenciones estatales y la posibilidad de que los ayuntamientos otorguen descuentos de hasta 100% en algunos impuestos y derechos, siempre que aprueben su adhesión.
Toluca, Estado de México, 31 de julio de 2026, La regularización de viviendas de interés social en el Estado de México entró en una nueva etapa con la publicación del Decreto por el que se determinan acciones de simplificación administrativa y beneficios fiscales para la ejecución del Programa Especial de Simplificación, Apoyo Fiscal y Registral para la Regularización y Escrituración de Viviendas, coordinado por el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS). El objetivo consiste en reducir los tiempos y costos que enfrentan miles de familias para obtener certeza jurídica sobre su patrimonio, mediante un esquema de coordinación entre el gobierno estatal, el INSUS y los municipios que decidan adherirse al programa.
Casi medio millón de predios forman parte del programa
Uno de los datos más relevantes del decreto señala que el INSUS inició la integración de expedientes para la regularización de 474 mil 681 predios distribuidos en 46 municipios mexiquenses. De acuerdo con el documento, los procedimientos actuales pueden extenderse hasta cuatro años y representar costos de hasta 40 mil pesos por familia, situación que limita el acceso a las escrituras y mantiene a miles de viviendas fuera de la formalidad jurídica y de los padrones catastrales.
El decreto precisa que los beneficios están dirigidos únicamente a la primera transmisión de la propiedad realizada por el INSUS a favor de personas beneficiarias de viviendas de interés social, social progresivo o popular. Además, establece que cada persona únicamente podrá acceder al programa para un inmueble destinado a uso habitacional. Quedan excluidos los predios comerciales, industriales o ubicados en zonas de riesgo identificadas por las autoridades de protección civil.
Plazos más cortos y eliminación de diversos trámites
Entre las medidas de simplificación administrativa destaca que diversas autorizaciones, dictámenes y resoluciones deberán emitirse en un plazo máximo de 30 días naturales, una vez que se cumplan los requisitos correspondientes. El decreto también permite que el INSUS gestione directamente diversos trámites registrales, represente a las personas beneficiarias cuando exista acreditación legal y facilite el intercambio de información entre dependencias para evitar que los ciudadanos entreguen la misma documentación en distintas oficinas.
En materia estatal, el programa contempla la exención de diversos derechos registrales y administrativos relacionados con la regularización y escrituración de los inmuebles, aunque mantiene el pago del certificado de libertad de gravámenes en los casos previstos por la legislación. Estos beneficios tendrán vigencia únicamente durante la operación del programa y no aplicarán para futuras transmisiones de la propiedad.
Los descuentos municipales dependerán de cada Cabildo
El decreto establece que los beneficios fiscales municipales no serán automáticos. Cada ayuntamiento deberá aprobar, mediante acuerdo de Cabildo, su adhesión al programa y firmar un convenio específico con el INSUS. Sólo entonces podrán autorizar estímulos como bonificaciones en el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, descuentos en el Impuesto Predial, reducciones en derechos por agua potable, drenaje, alineamiento, número oficial, clave catastral y otros conceptos. En algunos casos, las bonificaciones podrán alcanzar hasta el 100%, además de permitir pagos en parcialidades para adeudos históricos.
El modelo de convenio publicado junto con el decreto funciona como un formato que cada municipio deberá completar con los porcentajes de descuento, vigencia y condiciones específicas. El documento aún contiene espacios en blanco para el nombre del municipio, la fecha de aprobación y los porcentajes aplicables, por lo que no acredita la adhesión de ninguna administración municipal en particular. También establece compromisos para agilizar trámites, compartir información catastral y registral y dar seguimiento a los procesos de regularización.
Vigencia del programa
El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta del Gobierno y permanecerá vigente hasta el 1 de abril de 2027. Además, permitirá que los trámites iniciados antes de su entrada en vigor puedan acogerse a los beneficios, siempre que la regularización aún no concluya con la entrega del título de propiedad o la escritura correspondiente.
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