- La Fiscalía mexiquense investiga un esquema que presuntamente exigía pagos en efectivo a propietarios de verificentros para mantener abiertas sus líneas de verificación y cobrar cuotas adicionales por revalidaciones.
- Dos directivos de la Secretaría del Medio Ambiente estatal fueron detenidos en Acapulco y la Ciudad de México, mientras las indagatorias apuntan a más servidores públicos, exfuncionarios y particulares.
Toluca, Estado de México, 10 de agosto de 2026. Una presunta red de extorsión que obtenía varias decenas de millones de pesos mensuales mediante cobros ilegales a propietarios de Centros de Verificación de Emisiones, conocidos como verificentros, es investigada en el Estado de México. Como parte del caso fueron detenidos Raúl “N” y Carlos Eduardo “N”, dos servidores públicos con cargos directivos dentro de la Secretaría del Medio Ambiente estatal.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), las órdenes de aprehensión se ejecutaron en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con apoyo de la Guardia Nacional y las fiscalías de Guerrero y de la Ciudad de México. Raúl “N” fue localizado en Acapulco, Guerrero, mientras Carlos Eduardo “N” fue capturado en la Ciudad de México.
Dos directivos de Medio Ambiente, bajo investigación
Raúl “N” ocupaba el cargo de director general de Control de Emisiones Atmosféricas, mientras Carlos Eduardo “N” se desempeñaba como director de Control de Emisiones a la Atmósfera, ambos dentro de la dependencia ambiental mexiquense.
La investigación los ubica como probables participantes de un esquema que afectaba a propietarios de verificentros y estaciones de servicio de combustible. Las indagatorias surgieron a partir de denuncias de víctimas y de diversos actos de investigación, según la información de la Fiscalía.
El expediente no limita la posible estructura a los dos detenidos. Las autoridades investigan la probable intervención de otros servidores públicos, exservidores públicos y particulares, por lo que el caso permanece abierto y se buscan elementos para solicitar nuevas órdenes de aprehensión.
Cuotas para mantener abiertas las líneas de verificación
Uno de los principales mecanismos detectados consistía, según la investigación ministerial, en obligar a propietarios de verificentros a entregar cuotas ilegales para permitir la continuidad de sus operaciones. Los pagos tenían como propósito evitar el cierre de las líneas utilizadas para realizar verificaciones vehiculares.
El monto generado por este mecanismo alcanzaría, hasta el punto actual de la investigación, varias decenas de millones de pesos cada mes. A esa cantidad se agregarían otros cobros presuntamente exigidos con motivo de la revalidación de las autorizaciones, lo que incrementaría de manera considerable los recursos obtenidos por la red.
La Fiscalía sostiene que los pagos se exigían en efectivo y debían entregarse en un domicilio que ya fue identificado dentro de las investigaciones. Hasta ahora no se ha informado públicamente la ubicación de ese inmueble ni el monto total acumulado por el presunto esquema.
Investigan despojo de concesiones e infraestructura
Las pesquisas también documentan una segunda modalidad que iba más allá del cobro de cuotas. De acuerdo con los expedientes, integrantes de la red habrían utilizado atribuciones relacionadas con el funcionamiento de los establecimientos para simular actos destinados a retirar concesiones a sus legítimos propietarios.
Las víctimas también habrían enfrentado el riesgo de perder infraestructura adquirida con sus propios recursos. Según la Fiscalía, estas acciones estaban acompañadas de advertencias sobre posibles afectaciones o daños en caso de que los propietarios decidieran denunciar.
Esta posible utilización de facultades administrativas constituye una de las líneas centrales de investigación, debido a que el esquema habría combinado cobros ilegales, amenazas y decisiones relacionadas con la operación y autorización de los centros de verificación.
Temor a represalias podría ocultar más casos
La dimensión económica de la red todavía no está cerrada. La FGJEM señaló que tiene conocimiento de otras posibles víctimas que no han presentado denuncias por temor a represalias, por lo que prevé establecer contacto con ellas para que, en su caso, formalicen los señalamientos.
La incorporación de nuevos testimonios podría elevar el cálculo de los recursos presuntamente obtenidos de manera ilícita y ampliar tanto el número de establecimientos afectados como el de personas involucradas.
Las investigaciones continúan para determinar la estructura completa de la presunta red y obtener, en caso de reunir los elementos judiciales necesarios, nuevas órdenes de aprehensión contra otros posibles participantes. Raúl “N” y Carlos Eduardo “N” deberán enfrentar el proceso correspondiente y su responsabilidad penal tendrá que ser determinada por la autoridad judicial.
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