- Integrantes del Colectivo Tenancingo llevaron sus reclamos hasta Palacio Nacional y la LXII Legislatura mexiquense. Exigen una investigación federal sobre la administración municipal, piden que Nancy Nápoles Pacheco enfrente fuera del cargo el proceso penal por simulación de secuestro y reclaman revisar el ejercicio de recursos públicos, posibles conflictos de interés y presuntos actos de presión contra habitantes.
Toluca, Estado de México, 12 de agosto de 2026.— El caso de Nancy Nápoles Pacheco, presidenta municipal de Tenancingo vinculada a proceso por el delito de simulación de secuestro, abrió un nuevo frente político y ciudadano. Integrantes del Colectivo Tenancingo solicitaron la intervención del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y de la LXII Legislatura local, para que se amplíen las investigaciones sobre lo ocurrido en el municipio y se revise la actuación de la administración encabezada por la alcaldesa.
La organización, integrada de acuerdo con su representante por alrededor de 125 personas, trasladó este miércoles a unos 35 de sus integrantes primero a Palacio Nacional y posteriormente al Congreso mexiquense, en Toluca. Su principal exigencia es que Nápoles Pacheco se separe de la presidencia municipal y enfrente fuera del cargo el proceso penal abierto en su contra, además de que una instancia ajena al gobierno municipal investigue el manejo de recursos públicos y los diversos señalamientos formulados por habitantes.
Piden a Harfuch una investigación que vaya más allá del secuestro simulado
Javier Calzada, representante del colectivo, aseguró que la petición dirigida a Omar García Harfuch busca que autoridades federales revisen no solamente el expediente relacionado con la presunta simulación del secuestro, sino cualquier posible irregularidad que pudiera existir en el gobierno de Tenancingo.
“Queremos hechos”, resumió Calzada al solicitar que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana participe, dentro del ámbito de sus atribuciones, en una revisión de los señalamientos formulados por el grupo.
El representante sostuvo que los integrantes del colectivo consideran insuficiente que el asunto quede limitado al procedimiento penal que actualmente enfrenta la alcaldesa. Entre sus planteamientos se encuentra revisar contratos de obra pública, costos, ejercicio presupuestal, posibles actos de nepotismo, tráfico de influencias y eventuales conflictos de interés.
Hasta ahora, estos últimos señalamientos corresponden a acusaciones del colectivo y no implican que exista responsabilidad administrativa o penal acreditada contra la alcaldesa o contra las personas mencionadas por los manifestantes.
El antecedente: un supuesto secuestro y 40 millones de pesos
El expediente que detonó la crisis política en Tenancingo comenzó el 31 de mayo de 2026, cuando Nápoles Pacheco denunció que había sido privada de la libertad frente a su domicilio.
La investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) dio posteriormente un giro: el Ministerio Público sostuvo que existían elementos para considerar que el supuesto plagio habría sido simulado y que el episodio estaría relacionado con 40 millones de pesos de recursos municipales. La Fiscalía planteó que el montaje habría servido para justificar la disposición o un faltante de ese dinero.
Tres personas identificadas como Christian “N”, Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N” fueron detenidas dentro de la investigación, mientras que autoridades ministeriales solicitaron órdenes de aprehensión contra otros presuntos involucrados. La alcaldesa ha rechazado las imputaciones, sostiene que sí fue víctima de un secuestro y ha atribuido el procedimiento en su contra a motivos políticos.
El 9 de julio, Nápoles Pacheco fue vinculada a proceso por simulación de secuestro. Sin embargo, continuó en libertad y al frente del Ayuntamiento de Tenancingo; posteriormente se autorizó una suspensión condicional del proceso por seis meses.
Colectivo cuestiona manejo de más de 300 millones de pesos
La protesta busca ahora llevar el caso más allá de los 40 millones de pesos señalados dentro de la investigación ministerial.
Calzada afirmó que el colectivo pretende que se revise el manejo del presupuesto municipal, que estimó en más de 300 millones de pesos, así como las obras ejecutadas por la administración durante 2026. El representante acusó posibles sobrecostos y cuestionó la calidad de algunos trabajos públicos.
“Creemos que no solamente son 40 millones de pesos”, señaló.
El monto presupuestal y las irregularidades denunciadas por el colectivo requieren, sin embargo, una revisión documental de cuentas públicas, contratos, adjudicaciones y auditorías para determinar si existe alguna anomalía. La vinculación a proceso de Nápoles corresponde exclusivamente al caso de simulación de secuestro y no constituye por sí misma una resolución sobre el resto de las acusaciones formuladas por los manifestantes.
Llevan reclamos hasta la Presidencia y el Congreso mexiquense
Los inconformes salieron de Tenancingo alrededor de las 03:00 horas con destino a la Ciudad de México, donde entregaron escritos en Palacio Nacional. Según Calzada, fueron canalizados a áreas de atención gubernamental y recibieron el compromiso de que sus planteamientos tendrían seguimiento.
El colectivo pidió específicamente que Claudia Sheinbaum conozca los resultados de las investigaciones y reclamó que cualquier ofrecimiento de revisar el caso se traduzca en actuaciones concretas.
Posteriormente, los manifestantes acudieron a la LXII Legislatura del Estado de México, donde solicitaron la intervención del Congreso dentro de sus facultades y entregaron información relacionada con el conflicto.
Calzada señaló que personal vinculado a la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) recibió la documentación y les informó que habría seguimiento a sus solicitudes. La Jucopo de la LXII Legislatura está encabezada actualmente por el diputado José Francisco Vázquez Rodríguez.
El colectivo pretende obtener una respuesta en aproximadamente 15 días, de acuerdo con lo expuesto por su representante.
Quieren que la suplente asuma si Nápoles deja el cargo
Uno de los puntos centrales de la petición entregada al Congreso es que se respete la fórmula electoral por la que votaron los habitantes de Tenancingo.
Los manifestantes sostienen que, en caso de que Nápoles deje la presidencia municipal y conforme a las disposiciones legales aplicables, debe garantizarse la participación de la suplente de la fórmula, a quien identificaron como Inés Mendiola.
El colectivo también denunció que la suplente habría perdido su empleo dentro del gobierno municipal después de deslindarse públicamente de la alcaldesa. Este señalamiento fue realizado por Calzada y requiere corroboración independiente sobre las causas administrativas de su separación laboral.
Piden a Delfina Gómez pronunciarse por habitantes de Tenancingo
La organización dirigió además un llamado a Delfina Gómez Álvarez, gobernadora constitucional del Estado de México, para que exista un pronunciamiento sobre las demandas ciudadanas y se garantice que el procedimiento contra la alcaldesa se desarrolle sin interferencias políticas.
Calzada sostuvo que los habitantes esperan una actuación institucional que no dependa de filiaciones partidistas y planteó que las autoridades estatales deben garantizar condiciones para quienes denuncien posibles irregularidades en Tenancingo.
El representante aseguró que comerciantes, adultos mayores y trabajadores municipales han manifestado temor ante posibles represalias, clausuras, pérdida de espacios comerciales o despidos. Estas acusaciones corresponden al testimonio del colectivo y no han sido acreditadas mediante una resolución judicial o administrativa presentada durante la protesta.
Señalan posible conflicto de interés y piden investigarlo
Otra de las líneas planteadas por el Colectivo Tenancingo apunta a un supuesto conflicto de interés relacionado con vínculos familiares entre personas cercanas al gobierno municipal y el entorno del juzgador que conoció el procedimiento penal.
Calzada pidió verificar si esa relación existe y, en su caso, establecer jurídicamente si representa algún impedimento o conflicto de interés.
El colectivo también mencionó a actores políticos de Morena, entre ellos Higinio Martínez y Maurilio Hernández, a quienes pidió mantenerse al margen del proceso.
Los manifestantes no exhibieron durante las declaraciones referidas elementos que acrediten una intervención indebida de ambos políticos, por lo que sus señalamientos se mantienen como una demanda de investigación y no como hechos comprobados.
Morena suspendió derechos partidistas a Nápoles
La crisis también alcanzó la estructura interna de Morena.
El 18 de junio, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido determinó como medida cautelar la suspensión de los derechos partidistas de Nancy Nápoles, después de que se hizo pública la investigación relacionada con el supuesto secuestro.
El Colectivo Tenancingo considera que esa decisión partidista no resuelve el problema institucional del municipio.
Por ello pidió a la dirigencia estatal de Morena, encabezada por Luz María Hernández, un posicionamiento dirigido a los habitantes y no únicamente una respuesta relacionada con la situación interna de Nápoles dentro del partido.
“Eso no soluciona el tema de los ciudadanos”, sostuvo Calzada.
Del expediente penal a una disputa por la conducción del municipio
La movilización refleja que el caso ha dejado de concentrarse exclusivamente en la investigación del presunto secuestro simulado.
La permanencia de Nancy Nápoles al frente del Ayuntamiento pese a estar vinculada a proceso, la suspensión de sus derechos dentro de Morena y los reclamos para revisar el manejo de recursos han convertido el expediente penal en una disputa sobre la conducción política y administrativa de Tenancingo.
El colectivo exige ahora cuatro respuestas: una investigación federal que involucre a las instituciones encabezadas por Omar García Harfuch; seguimiento desde la Presidencia de Claudia Sheinbaum; intervención institucional del gobierno de Delfina Gómez y una definición del Congreso mexiquense sobre las peticiones que están dentro de sus atribuciones.
Mientras esas solicitudes avanzan, Nápoles Pacheco mantiene el cargo y conserva su derecho a la presunción de inocencia. La vinculación a proceso no equivale a una sentencia condenatoria y será el desarrollo del procedimiento judicial el que determine su responsabilidad penal en los hechos que le atribuye la Fiscalía.
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