- Un juez federal determinó que existen elementos para abrir un proceso penal contra el exgobernador de Guerrero por presuntos delitos relacionados con desaparición forzada y la destrucción u ocultamiento de evidencia del caso Ayotzinapa.
- La defensa presentó más de 30 datos de prueba y cuestionó la resolución. Aguirre permanecerá bajo prisión preventiva.
Toluca, Estado de México, 12 de agosto de 2026. Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, fue vinculado a proceso por un juez federal dentro de la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala. La resolución mantiene abierta una nueva línea judicial sobre la actuación de autoridades estatales y el destino de material videográfico que pudo registrar momentos relacionados con los ataques contra los normalistas.
La determinación se tomó después de una audiencia de alrededor de 15 horas en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Aguirre enfrenta señalamientos por presunta desaparición forzada y conductas vinculadas con la destrucción u ocultamiento de evidencia, de acuerdo con la imputación presentada en el caso. La vinculación a proceso no representa una sentencia ni determina su culpabilidad, sino que permite continuar formalmente la investigación judicial.
Más de 30 pruebas presentó la defensa
Durante la audiencia, la defensa del exmandatario presentó más de 30 datos de prueba con los que buscó controvertir la imputación. Guillermo Barradas, abogado de Aguirre Rivero, sostuvo que esos elementos respaldaban la postura de inocencia de su cliente y cuestionó que no fueran suficientes para impedir la apertura del proceso.
El juez, sin embargo, consideró que en esta fase existían elementos para que el procedimiento penal continuara. Aguirre Rivero permanecerá en prisión preventiva en el Penal Federal del Altiplano, donde se encuentra desde su detención del 6 de agosto de 2026. La medida cautelar permanecerá mientras avanza el proceso, salvo que una resolución posterior modifique su situación jurídica.
Videos de Iguala, una pieza central de la investigación
Uno de los puntos centrales de la nueva investigación corresponde a grabaciones de cámaras de vigilancia relacionadas con los hechos de Iguala. La Fiscalía sostiene que Aguirre pudo intervenir en decisiones relacionadas con la desaparición o destrucción de ese material, que habría aportado información sobre los movimientos de los estudiantes y la actuación de corporaciones de seguridad durante la noche de los ataques.
La detención del exgobernador se produjo después de que nuevas investigaciones y testimonios retomaran esa línea del expediente. Reportes publicados tras su captura señalan que la acusación federal atribuye al exmandatario una posible intervención en el ocultamiento de información y destrucción de grabaciones de seguridad. La investigación sobre ese material existe desde años atrás y ya había alcanzado a otros exfuncionarios de Guerrero. (Reuters)
Aguirre había negado conocer la destrucción de las grabaciones
Los señalamientos sobre los videos no son nuevos. En mayo de 2025, Aguirre Rivero rechazó públicamente haber tenido conocimiento de la desaparición de las grabaciones de las cámaras de seguridad vinculadas con el Palacio de Justicia de Iguala y negó haber ordenado su destrucción. Su posicionamiento ocurrió después de la detención de la exmagistrada Lambertina Galeana Marín, relacionada con esa misma vertiente de investigación. (El Financiero)
La Fiscalía retomó posteriormente la línea contra el exgobernador y, tras su captura en agosto de 2026, le atribuyó presuntas conductas relacionadas con obstrucción de la justicia y desaparición forzada. Información publicada sobre la investigación refiere que testimonios incorporados al expediente colocaron nuevamente bajo escrutinio las decisiones tomadas en el ámbito estatal sobre las grabaciones. (El País)
El caso Ayotzinapa continúa abierto casi 12 años después
La vinculación de Aguirre incorpora a quien encabezaba el gobierno de Guerrero cuando desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El exmandatario dejó la gubernatura semanas después de los ataques de septiembre de 2014 y durante años compareció ante las autoridades principalmente en calidad de testigo. En 2019, por ejemplo, fue citado por la FGR junto con integrantes de su entonces gabinete para ampliar declaraciones sobre los hechos de Iguala. (El Universal)
A casi 12 años de la desaparición de los normalistas, el paradero de la mayoría continúa sin esclarecerse. Restos de tres estudiantes han sido identificados, mientras las investigaciones mantienen abiertas distintas líneas sobre la participación de integrantes del crimen organizado y autoridades de diferentes niveles. (Reuters)
La situación jurídica de Ángel Aguirre abre ahora una nueva etapa: la Fiscalía deberá sostener sus acusaciones con pruebas durante el proceso y la defensa podrá controvertirlas. La responsabilidad penal del exgobernador no está determinada y deberá resolverse mediante sentencia, por lo que los señalamientos en su contra mantienen, hasta entonces, carácter de imputaciones.
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