- El Gobierno federal, el Estado de México y 10 ayuntamientos acordaron una inversión tripartita para mejorar vialidades, alumbrado, banquetas, camellones y espacios públicos en municipios de la zona oriente; Ecatepec concentrará la mayor asignación, con 159 millones de pesos.
Toluca, Estado de México, 22 de agosto de 2026. El Estado de México tendrá una nueva etapa del programa Senderos Seguros con una inversión de 900 millones de pesos durante 2026, destinada a intervenir 300 kilómetros de calles en 10 municipios, de acuerdo con el Segundo Convenio Específico de Coordinación publicado el 20 de agosto en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El acuerdo involucra a la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el Gobierno del Estado de México y los gobiernos municipales de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco.
El esquema contempla una aportación de 300 millones de pesos por cada orden de gobierno: federal, estatal y municipal, para alcanzar los 900 millones de pesos previstos para esta etapa.
El presupuesto equivale a 3 millones de pesos por cada kilómetro de intervención.
Las obras contemplan mejoras al alumbrado público, iluminación, banquetas, calles y camellones, además de la incorporación de murales y otros elementos de arte urbano. La finalidad establecida en el convenio se relaciona con la recuperación y mejora de espacios públicos, accesibilidad y condiciones de movilidad.
Ecatepec concentra la mayor bolsa
La distribución de los recursos no es uniforme. Ecatepec tendrá la mayor asignación, con 159 millones de pesos para 53 kilómetros, mientras que Valle de Chalco tendrá la menor, con 33 millones para 11 kilómetros.
La distribución establecida en el programa queda de la siguiente manera:
- Ecatepec: 53 kilómetros y 159 millones de pesos.
- Chalco: 38 kilómetros y 114 millones de pesos.
- Chimalhuacán: 37 kilómetros y 111 millones de pesos.
- Nezahualcóyotl: 42 kilómetros y 126 millones de pesos.
- La Paz: 31.5 kilómetros y 94.5 millones de pesos.
- Texcoco: 29 kilómetros y 87 millones de pesos.
- Tlalnepantla: 25 kilómetros y 75 millones de pesos.
- Chicoloapan: 18.5 kilómetros y 55.5 millones de pesos.
- Ixtapaluca: 15 kilómetros y 45 millones de pesos.
- Valle de Chalco: 11 kilómetros y 33 millones de pesos.
En conjunto, las metas suman 300 kilómetros y 900 millones de pesos.
La ejecución quedará bajo responsabilidad de la SICT
Uno de los elementos centrales del convenio es el reparto de responsabilidades entre los tres niveles de gobierno.
La SICT aparece como instancia ejecutora del programa, mientras que los municipios adquieren obligaciones relacionadas con la disponibilidad de los espacios, permisos, condiciones jurídicas y mantenimiento posterior de las obras.
El acuerdo establece mecanismos para la aportación de los recursos y para la integración de los expedientes técnicos y administrativos correspondientes a cada intervención.
Los ayuntamientos deberán aportar los recursos que les correspondan dentro de los primeros 10 días hábiles posteriores a la firma del convenio, además de proporcionar información sobre sus aportaciones y facilitar las condiciones necesarias para la ejecución de los proyectos.
El convenio también contempla la participación de la Secretaría de Bienestar en tareas de revisión, seguimiento y supervisión relacionadas con la aplicación de los recursos.
Municipios deberán garantizar espacios libres de conflictos
Los gobiernos municipales no sólo deberán aportar dinero. También tendrán que garantizar que las zonas seleccionadas para las obras cuenten con las condiciones legales y físicas necesarias.
Entre sus obligaciones aparece la liberación de los espacios, la atención de permisos y autorizaciones, así como la solución de posibles problemas relacionados con uso de suelo, accesos, servidumbres, instalaciones, obstáculos o conflictos jurídicos que puedan impedir las obras.
El convenio establece además que las áreas de intervención deberán encontrarse dentro del patrimonio municipal o ser bienes de dominio público, sin situaciones legales que impidan su utilización para los proyectos.
Esta condición coloca en los municipios una parte importante de la responsabilidad previa a la ejecución de los trabajos.
Alumbrado, banquetas, calles y murales
El programa no se limita a la colocación de luminarias.
Las intervenciones contemplan alumbrado público, iluminación, rehabilitación de banquetas, infraestructura de calles y camellones, así como murales y arte urbano.
El propósito del programa es modificar las condiciones físicas de las rutas seleccionadas y mejorar los espacios por los que transita la población.
Sin embargo, el convenio establece metas principalmente físicas y financieras. Los 300 kilómetros y los 900 millones de pesos aparecen como parámetros concretos, mientras que no se fija en el documento una meta específica de reducción de delitos, accidentes o hechos de violencia que permita medir el impacto del programa en esos indicadores.
Los ayuntamientos tendrán que mantener las obras
La responsabilidad municipal continuará después de la conclusión de los trabajos.
Los gobiernos locales deberán incorporar las obras a sus inventarios y programas de mantenimiento, además de destinar recursos humanos, técnicos y presupuestales para su conservación preventiva y correctiva.
El convenio también contempla mecanismos de seguimiento, supervisión, inspección y evaluación por parte de las instituciones participantes.
De esta forma, la aportación municipal no termina con la entrega de los recursos: los ayuntamientos asumirán obligaciones sobre las condiciones de los espacios intervenidos y su conservación posterior.
Es la segunda etapa del programa
El convenio publicado el 20 de agosto de 2026 no representa el inicio del programa. Se trata del Segundo Convenio Específico de Coordinación relacionado con Senderos Seguros.
El programa forma parte de las acciones de infraestructura previstas para la zona oriente del Estado de México. La SICT había reportado que durante 2025 se realizaron 200 kilómetros de Senderos Seguros en los mismos 10 municipios, con una inversión de 600 millones de pesos. Para 2026, la meta estatal contempla otros 300 kilómetros y 900 millones de pesos.
Con ambas etapas, el proyecto alcanzaría 500 kilómetros y mil 500 millones de pesos en el Estado de México, de acuerdo con los datos difundidos por la SICT.
El reto: convertir el presupuesto en infraestructura útil
El acuerdo deja una ruta financiera y administrativa definida: 900 millones de pesos, 300 kilómetros y 10 municipios.
El mayor volumen de recursos corresponde a Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chalco y Chimalhuacán, municipios que en conjunto concentran 168 kilómetros y 510 millones de pesos, más de la mitad de la inversión total.
El siguiente paso será la ejecución de las obras, pero también su supervisión y conservación. El propio convenio establece obligaciones para los municipios sobre permisos, liberación de espacios, aportaciones y mantenimiento.
La dimensión del proyecto coloca el seguimiento de los 300 kilómetros de intervención y de los 900 millones de pesos como uno de los principales puntos para evaluar el cumplimiento del acuerdo, más allá de la colocación de infraestructura o de la recuperación visual de los espacios públicos.
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