- El abogado Epigmenio Mendieta sostuvo que la investigación reconoce una estructura con participación de funcionarios, empresarios y operadores portuarios, pero cuestionó que la responsabilidad de dirigirla recaiga en dos mandos medios de la Marina. También afirmó que durante la audiencia se mencionó a “Andy” y a un político de Tabasco, además de señalar que la Fiscalía no ha seguido una línea que, según la defensa, involucra 640 mil millones de pesos.
La vinculación a proceso del ex mando naval Fernando “N”, señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su probable participación en una estructura relacionada con el llamado “huachicol fiscal”, abrió un nuevo frente de cuestionamientos desde su defensa.
A la salida de los juzgados federales del Altiplano, el abogado Epigmenio Mendieta sostuvo que no comparte la resolución judicial y centró su crítica en un punto: la dimensión de la estructura descrita durante la audiencia frente al nivel jerárquico de los dos marinos a quienes, según su interpretación, se pretende atribuir la dirección de la operación.
De acuerdo con el defensor, el auto de vinculación reconoce la existencia de un entramado en el que habrían participado secretarías de Estado, una empresa paraestatal, empresarios, agentes aduanales, personal civil y permisionarios de muelles. Sin embargo, cuestionó que una red con ese nivel de operación pudiera ser dirigida por un contraalmirante y un vicealmirante considerados mandos medios.
“Dos marinos de mando medio” no tendrían, sostuvo, capacidad para tomar decisiones sobre dependencias como Marina, Defensa Nacional, Guardia Nacional, Energía y las áreas encargadas de regular, autorizar y supervisar la importación de combustibles.
La defensa afirma que durante la audiencia surgieron nombres de alto nivel
Uno de los elementos que Mendieta colocó en el centro de sus declaraciones fue la mención de personas ajenas al nivel jerárquico de sus representados.
El abogado afirmó que el Ministerio Público Federal verbalizó durante la audiencia el nombre de “Andy” y el de un político de Tabasco, aunque no reveló públicamente la identidad de este último.
Según el relato del defensor, uno de los testimonios incorporados a la investigación refiere que, ante un problema relacionado con un buque en Guaymas, una persona habría planteado llamar por teléfono a “Andy” para que éste interviniera ante el secretario de Marina y ayudara a destrabar la situación.
Mendieta también hizo referencia a un testimonio protegido identificado con el dato de “Santo”, quien, según expuso, aportó información sobre los muelles 289 y 290 y los vinculó con un supuesto compadre o amigo de “un político muy importante” de Tabasco.
El abogado sostuvo que estos elementos ya fueron puestos en conocimiento de la jueza durante la audiencia y cuestionó que la investigación no avance hacia los niveles de decisión que, desde su perspectiva, permitirían explicar la dimensión completa de la estructura.
La cronología de Farías, otro argumento de la defensa
Mendieta también cuestionó la temporalidad de la acusación.
Explicó que uno de los testigos citados en la investigación habría señalado que la organización comenzó a operar en 2019 y que durante 2020 empezó la incorporación de personas a la Marina. Sin embargo, afirmó que ese mismo testimonio ubica la incorporación de Fernando Farías a la estructura hasta enero de 2023.
El abogado respondió con un dato que considera incompatible con esa acusación: en enero de 2023 Farías se encontraba en España como agregado naval.
Con ese argumento, Mendieta cuestionó la posibilidad de que su defendido hubiera participado en las actividades que la Fiscalía le atribuye en México durante ese periodo.
La defensa también fue cuestionada sobre el supuesto vínculo familiar de Farías con otro funcionario. Mendieta respondió que, si la Fiscalía cuenta con información que permita establecer responsabilidades a niveles superiores, debería presentar también a esas personas ante la justicia.
La Fiscalía atribuye a Farías delincuencia organizada
La FGR acusa a Fernando Farías de una probable intervención en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, en la modalidad de ocultamiento.
El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó los datos de prueba que permitieron obtener la vinculación a proceso y la ratificación de la prisión preventiva oficiosa.
La resolución, sin embargo, todavía no representa una sentencia. La vinculación establece que existen elementos suficientes para que continúe el proceso penal y no determina por sí misma la responsabilidad definitiva del acusado.
Mendieta adelantó que la defensa no recurrirá primero mediante apelación, sino que buscará combatir la resolución a través del juicio de amparo. También anunció que impugnará la prisión preventiva oficiosa, al considerar que su imposición carece de una justificación individualizada y contraviene estándares constitucionales y convencionales.
La defensa pide seguir el dinero: 640 mil millones de pesos
Para Mendieta, uno de los principales pendientes de la investigación es la ruta financiera.
El abogado afirmó que existe una estimación de 640 mil millones de pesos como monto de afectación relacionado con la trama investigada, cifra que, sostuvo, requiere una línea de investigación específica.
Su principal cuestionamiento es que la Fiscalía no haya seguido, desde su perspectiva, el recorrido del dinero ni a las personas con capacidad para tomar decisiones en los distintos niveles de la operación.
Mendieta consideró que esa ruta financiera podría permitir identificar a quienes habrían tenido capacidad para facilitar el ingreso y movimiento de los productos involucrados en la investigación.
“No han seguido el dinero”, resumió el abogado al señalar lo que considera una de las principales omisiones de la investigación.
El proceso continuará y la defensa prepara un amparo
La situación jurídica de Fernando Farías continuará bajo investigación complementaria. La defensa anticipó que solicitará un plazo de tres meses, mientras que prevé que la Fiscalía solicite seis meses, por lo que ambos planteamientos deberán ser discutidos ante la autoridad judicial.
Mendieta precisó además que la situación jurídica de su hermano es distinta y que su proceso lleva una investigación complementaria cuyo plazo concluye el 4 de septiembre, por lo que ambos casos seguirán caminos separados.
Para la defensa, el debate apenas comienza. Su principal argumento es que la investigación debe ampliar su alcance más allá de los dos mandos navales procesados y determinar quiénes tenían la capacidad real para operar una estructura que, según los elementos expuestos durante la audiencia, habría requerido coordinación entre dependencias federales, empresas, empresarios, agentes aduanales y operadores portuarios.
El punto central que plantea Mendieta es, por tanto, doble: determinar quiénes tomaban las decisiones y seguir la ruta de los recursos económicos. Mientras eso no ocurra, sostiene, la investigación corre el riesgo de concentrar la responsabilidad en los niveles intermedios de una estructura cuya dimensión sería considerablemente mayor.
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