- Los empresarios José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas mantuvieron una relación laboral con Juan Carlos Padilla Aguilar antes de convertirse en proveedores electorales. Su historial en el Estado de México incluye controversias desde 1999, una crisis institucional en 2005 y nuevas adjudicaciones que están bajo escrutinio.
Toluca, Estado de México, 5 de noviembre de 2026.— La relación entre los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, señalados por encabezar una red de empresas proveedoras de materiales electorales, y el exfuncionario mexiquense Juan Carlos Padilla Aguilar se remonta a más de cuatro décadas. Su trayectoria conecta antiguas dependencias federales de seguridad, cargos en el gobierno del Estado de México y contrataciones con autoridades electorales que hoy forman parte de investigaciones por presuntas irregularidades en el ejercicio de recursos públicos.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro Sánchez, presentó este jueves una reconstrucción de las operaciones de empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas. De acuerdo con las cifras expuestas, el grupo obtuvo contratos por 2 mil 94 millones de pesos entre 2014 y 2023, en organismos electorales de 23 entidades federativas, además de 646.3 millones de pesos durante 2024 y 2025, en 15 estados. Las adjudicaciones identificadas suman 2 mil 740.3 millones de pesos, aunque las autoridades aún deben determinar cuáles operaciones presentan irregularidades y si existió daño al erario.
De Gobernación al gobierno del Estado de México
Los antecedentes de esta relación comenzaron en la década de los ochenta, cuando los hermanos ingresaron a la administración pública federal. José Alfredo Hernández Casillas fue secretario particular de Juan Carlos Padilla Aguilar, entonces director del Registro Nacional de Población e Identificación Personal (Renapo), mientras su hermano Raymundo desempeñó funciones administrativas en esa dependencia.
En 1989, Padilla Aguilar asumió la Secretaría General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), donde José Alfredo continuó como su secretario particular y Raymundo se incorporó al área de investigaciones. Posteriormente, Padilla ocupó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de México entre 1989 y 1993, durante la administración del gobernador Ignacio Pichardo Pagaza. Su desempeño en esa dependencia consta en documentos oficiales publicados en la Gaceta del Gobierno mexiquense.
La relación profesional también tuvo antecedentes en el ámbito estatal. De acuerdo con investigaciones publicadas en 2005, se identificó a José Alfredo Hernández Casillas como antiguo secretario particular de Padilla Aguilar durante su paso por el gobierno mexiquense. Para entonces, Hernández Casillas ya participaba en el negocio de los suministros electorales y mantenía relaciones con integrantes de la estructura administrativa del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).
El antecedente de 1999 y el escándalo electoral de 2005
El primer episodio relevante de esta historia se ubica en 1999, durante el proceso para elegir gobernador del Estado de México. La empresa Cartonera Plástica, representada entonces por José Alfredo Hernández Casillas, participó en una licitación para fabricar material electoral con una propuesta de 22.5 millones de pesos, superior a las ofertas de Formas Finas, por 14 millones, y Plásticos y Metales MIC, por 11 millones. El procedimiento enfrentó cuestionamientos administrativos y fue declarado desierto por el entonces contralor del IEEM, Héctor Lara. La controversia provocó una crisis que alcanzó a la presidencia del organismo.
Seis años después, Cartonera Plástica obtuvo un contrato por aproximadamente 63.7 millones de pesos para suministrar materiales destinados a la elección de gobernador de 2005. El procedimiento quedó bajo sospecha por denuncias de presuntos sobornos, deficiencias en la evaluación de las propuestas y cuestionamientos sobre los costos. La crisis política e institucional culminó con la renuncia de los siete consejeros electorales, incluido el entonces presidente del IEEM, José Juan Gómez Urbina.
El caso llegó a los tribunales. En los expedientes SUP-JRC-120/2005 y SUP-JRC-121/2005, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revisó las irregularidades administrativas reconocidas por la justicia electoral mexiquense. La adjudicación permaneció vigente porque el material ya había sido elaborado y distribuido. La resolución documenta fallas en el procedimiento, aunque no constituye una sentencia penal que acredite los presuntos sobornos.
Empresas vinculadas con los Hernández Casillas mantuvieron contratos electorales
La expansión empresarial posterior incluyó sociedades como Cajas Graf, Corporativo ZEG, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Comercializadora JVLY y Formas Finas Fernando Fernández. Investigaciones periodísticas basadas en registros mercantiles identificaron coincidencias entre accionistas, apoderados y representantes de distintas compañías. En particular, Raymundo Francisco Hernández Casillas aparece en documentación corporativa y en contratos públicos como representante de Cajas Graf.
Los registros del IEEM muestran que empresas de esa red conservaron participación en las adquisiciones de materiales electorales. Para la elección de gubernatura de 2023, Corporativo ZEG recibió una adjudicación por 8 millones 269 mil pesos, mientras Formas Finas y Materiales obtuvo otra por aproximadamente 3 millones de pesos. En el mismo proceso, el instituto adjudicó 57 millones 325 mil 586 pesos para documentación electoral a Litho Formas, Gráficas Corona y Formas Inteligentes, mediante una licitación pública nacional. Estas últimas compañías también aparecen en investigaciones sobre el mercado electoral, aunque su coincidencia en contratos no acredita por sí sola una propiedad empresarial común.
En 2024, el IEEM otorgó a Formas Inteligentes un contrato por 100 millones 556 mil 286 pesos para producir documentación de las elecciones de diputaciones y ayuntamientos. Al año siguiente, la misma compañía recibió una adjudicación por 150 millones 610 mil 66 pesos para elaborar documentación de la elección judicial extraordinaria. Los montos constan en los informes oficiales del instituto y reflejan la concentración de contratos de alto valor en un mercado con un número reducido de proveedores.
Cajas Graf recibió casi 17 millones de pesos en la elección judicial de 2025
La documentación correspondiente a la elección judicial de 2025 identifica dos adjudicaciones directas a Cajas Graf por un total de 16 millones 897 mil 543 pesos. El primer contrato, identificado como 109/25/AD, ascendió a 15 millones 732 mil 100 pesos por la adquisición de 20 mil cajas paquete y 10 mil urnas. El segundo, 190/25/AD, fue por un millón 165 mil 443 pesos para suministrar cintas de seguridad y sujetadores de bolígrafo.
Ambos contratos fueron firmados por Francisco Javier López Corral, secretario ejecutivo y representante legal del IEEM, según una revisión documental publicada por AD Noticias. El instituto recurrió a la adjudicación directa por comité bajo el argumento de los plazos disponibles para organizar la elección judicial. Sin embargo, la revisión de los expedientes deja preguntas sobre la competencia entre proveedores, los criterios de selección y la justificación de las excepciones a la licitación pública.
Padilla Aguilar reaparece en el escenario político
La trayectoria de Juan Carlos Padilla Aguilar continuó después de su paso por el gobierno mexiquense. En 2017 ocupó responsabilidades regionales en la Secretaría de Gobernación durante la administración de Enrique Peña Nieto y posteriormente regresó al Estado de México para coordinar delegaciones federales. En 2022 participó en la organización del Frente Cívico Nacional en territorio mexiquense.
Actualmente, Padilla Aguilar es identificado como integrante de Somos México, organización política en la que coinciden antiguos funcionarios del INE, entre ellos Lorenzo Córdova Vianello, Marco Antonio Baños y Edmundo Jacobo Molina. La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó estas relaciones al presentar los antecedentes de la red empresarial. No obstante, la coincidencia política y los vínculos laborales históricos no demuestran que Padilla haya participado en la asignación de contratos, administrado las empresas o recibido recursos procedentes de sus operaciones.
ASF y autoridades financieras revisan contrataciones de 25 años
La Auditoría Superior de la Federación anunció una investigación de oficio sobre adquisiciones del INE, del antiguo Instituto Federal Electoral y de los organismos electorales estatales, además de un estudio histórico de contratos correspondientes al periodo 2000-2025. Las revisiones buscan identificar concentración de proveedores, posibles conflictos de interés y prácticas irregulares. Por su parte, el gobierno federal informó sobre investigaciones financieras y la inmovilización de cuentas relacionadas con el caso, sin precisar en su comunicación inicial todos los titulares o montos involucrados.
En el Estado de México, los cuestionamientos también alcanzaron la preparación de las elecciones de 2027. El 28 de octubre, el Consejo General del IEEM devolvió dos proyectos relacionados con materiales electorales y supervisión de su producción para revisar los mecanismos de transparencia y vigilancia. La presidenta del organismo, Amalia Pulido Gómez, ha defendido la legalidad de las contrataciones, mientras integrantes del Consejo han planteado fortalecer la observación pública y revisar el uso de adjudicaciones directas.
Una relación histórica bajo escrutinio, pero sin responsabilidades definitivas
El vínculo entre los hermanos Hernández Casillas y Juan Carlos Padilla Aguilar está documentado en su trayectoria laboral, mientras que la relación de distintas empresas con el IEEM consta en expedientes de contratación, registros públicos y antecedentes judiciales. Sin embargo, hasta el momento, la información revisada no permite establecer que Padilla Aguilar sea socio, beneficiario financiero o responsable de las presuntas irregularidades investigadas.
El alcance del caso dependerá de las conclusiones de las autoridades fiscalizadoras y de la reconstrucción de los procedimientos administrativos. Para el Estado de México, los antecedentes de 1999, 2005 y las contrataciones de 2023 a 2025 plantean una cuestión de interés público: cómo empresas relacionadas con un mismo entorno comercial conservaron presencia durante distintas administraciones electorales y qué controles se aplicaron para garantizar competencia, transparencia y mejores condiciones de compra para el organismo.
+ There are no comments
Add yours