- La iniciativa de Delfina Gómez plantea que quienes aspiren a la gubernatura renuncien a cualquier otra nacionalidad antes de registrar su candidatura. La restricción también aplicaría durante los seis años del cargo y contempla responsabilidades por incumplimiento.
Toluca, Estado de México, 12 de noviembre de 2026.— Las personas que aspiren a gobernar el Estado de México deberán contar únicamente con la nacionalidad mexicana y, en caso de poseer otra, renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatas, de acuerdo con una iniciativa de reforma constitucional presentada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez ante el Congreso local. La propuesta también establece que, durante el ejercicio del cargo, no podrán adquirir, solicitar o hacer valer una nacionalidad extranjera.
La modificación busca adecuar la Constitución mexiquense a la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 7 de octubre de 2026, que establece restricciones de nacionalidad para quienes ocupen la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. El proyecto fue presentado ante el pleno legislativo mediante la lectura de la diputada Sara Alicia Ramírez de la O, del Partido del Trabajo (PT).
Una restricción que existe desde 1998
El Estado de México incorporó desde 1998 a su Constitución el requisito de no contar con nacionalidades distintas a la mexicana para ocupar la gubernatura. Sin embargo, la nueva iniciativa pretende precisar el momento en que deberá acreditarse esta condición y extender expresamente su cumplimiento a todo el periodo de gobierno. De aprobarse, quienes tengan doble nacionalidad deberán renunciar a la extranjera antes de solicitar el registro de su candidatura, y no solamente al momento de asumir el cargo.
Pasaportes extranjeros y derechos políticos, bajo restricción
La propuesta también contempla conductas relacionadas con el ejercicio de una nacionalidad extranjera. Entre ellas se encuentran utilizar un pasaporte o documento de identidad expedido por otro Estado, ejercer derechos políticos derivados de una ciudadanía extranjera o solicitar protección diplomática a otro país. Estas disposiciones buscan impedir que la persona titular del Ejecutivo estatal invoque una nacionalidad distinta de la mexicana durante su mandato, aunque su aplicación quedaría sujeta a los términos definitivos de la reforma.
Incumplimiento podría generar responsabilidades constitucionales
El proyecto establece que las infracciones se atenderían conforme al Título Cuarto de la Constitución federal, relativo a las responsabilidades de servidores públicos, faltas administrativas graves, hechos de corrupción y responsabilidad patrimonial del Estado, así como al Título Séptimo de la Constitución mexiquense, que regula las responsabilidades de funcionarios estatales, el Sistema Estatal Anticorrupción y el juicio político. La iniciativa no precisa una sanción económica, periodo de inhabilitación o destitución automática, por lo que las consecuencias dependerían del procedimiento y las disposiciones legales aplicables.
Congreso mexiquense ya avaló la reforma federal
El antecedente legislativo inmediato ocurrió el 30 de septiembre de 2026, cuando el Congreso del Estado de México aprobó, como integrante del Constituyente Permanente, la minuta de reforma constitucional enviada por el Senado de la República. La iniciativa estatal constituye una etapa posterior para adecuar la legislación local a las disposiciones federales. El documento también incorpora lenguaje incluyente y sostiene que la restricción no pretende cuestionar la identidad o pertenencia de las personas con doble nacionalidad, sino establecer una condición jurídica para el ejercicio de determinadas responsabilidades públicas.
La propuesta deberá continuar su proceso de análisis y eventual votación en la Legislatura mexiquense. Su aprobación permitiría precisar las condiciones de nacionalidad exigibles tanto a quienes busquen competir por la gubernatura como a quienes ejerzan el Poder Ejecutivo estatal, con una prohibición que abarcaría desde el registro de la candidatura hasta la conclusión del mandato constitucional.
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