Morena expulsa a Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo, tras procedimiento disciplinario

  • La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia determinó cancelar la afiliación partidista de la presidenta municipal, señalada en una investigación por la presunta simulación de un secuestro y un posible desfalco de 40 millones de pesos.

Tenancingo, Estado de México, 19 de noviembre de 2026.— La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena determinó la expulsión de Nancy Nápoles Pacheco, presidenta municipal de Tenancingo, y su separación del cargo de consejera estatal del partido, tras un procedimiento disciplinario relacionado con presuntas faltas graves a sus estatutos. La resolución se identifica con el expediente CNHJ-MEX-374/2026, en un contexto marcado por las investigaciones judiciales que involucran a la alcaldesa.

Investigación por presunto desfalco de 40 millones de pesos

La determinación partidista ocurre después de que Nápoles Pacheco fuera señalada por su presunta participación en la simulación de un secuestro, que, de acuerdo con los antecedentes proporcionados sobre la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), habría tenido como propósito ocultar un posible faltante financiero cercano a 40 millones de pesos en el ayuntamiento. La edil fue vinculada a proceso por estos hechos, una resolución judicial que no constituye una sentencia condenatoria.

Según la información atribuida a las investigaciones ministeriales, la alcaldesa habría organizado el supuesto secuestro con la participación de su esposo, su cuñado y otras personas que presuntamente recibieron pagos para intervenir en los hechos. Los dos familiares fueron señalados como prófugos de la justicia, mientras que las indagatorias buscan esclarecer las circunstancias del caso y el posible destino de los recursos municipales.

Procedimiento interno y consecuencias políticas

El procedimiento disciplinario contra la presidenta municipal habría comenzado el 19 de junio de 2026, por instrucción de la dirigencia nacional de Morena. Entre los elementos considerados figura una presunta infracción al artículo 53 de los estatutos, que establece diversas conductas sancionables dentro de la organización política. También se reportó que Nápoles Pacheco no compareció a la audiencia estatutaria prevista para el 25 de agosto, circunstancia que formó parte de los antecedentes del procedimiento.

La expulsión implica la pérdida de su afiliación a Morena y de sus derechos partidistas, además de su separación como consejera estatal. Sin embargo, la sanción interna no equivale a la destitución automática de la presidencia municipal, puesto que el ejercicio del cargo público está sujeto a procedimientos legales distintos. La resolución también afecta sus posibilidades de participar en procesos internos del partido, conforme al alcance de la sanción impuesta.

Morena también sanciona a exfuncionarias de Chiapas y a un regidor de Tulum

En otras resoluciones disciplinarias, la CNHJ determinó cancelar la afiliación de Blanca Yaneth Chiu López, exalcaldesa de Jiquipilas, y Olivia Espinosa Mendoza, exregidora de Ocozocoautla, Chiapas, identificadas en la información difundida con el expediente CHIS-295/2026. Ambas fueron señaladas por presuntos delitos de abuso de autoridad y extorsión agravada, relacionados con supuestas exigencias económicas a una empresa avícola y con la asignación de obra pública.

Asimismo, el órgano partidista resolvió inhabilitar para contender por cargos partidistas o de elección popular a Eliazar Más Kinil, tercer regidor de Tulum, Quintana Roo, después de la controversia por la difusión de imágenes y videos en los que aparecía en un avión privado, con prendas de lujo y durante viajes internacionales. Las sanciones corresponden a procedimientos internos independientes y no representan, por sí mismas, determinaciones de responsabilidad penal.

La resolución partidista no cierra el proceso judicial

La sanción contra Nápoles Pacheco representa una consecuencia política distinta del procedimiento penal que enfrenta. La alcaldesa ha rechazado las acusaciones de la Fiscalía y ha sostenido que no existe un faltante de 40 millones de pesos en las finanzas municipales. También ha denunciado una presunta persecución política y solicitado una revisión de los recursos públicos.

La expulsión tampoco es necesariamente definitiva en términos jurisdiccionales, pues la presidenta municipal conserva la posibilidad de impugnar la determinación ante las instancias electorales competentes. La investigación penal, la revisión de las cuentas públicas y la permanencia en el cargo municipal corresponden a procedimientos independientes.

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