
- Una acusación federal de 58 páginas atribuye 14 cargos a presuntos operadores del grupo criminal, entre ellos los hermanos Hurtado Olascoaga. El expediente revela vínculos con el Estado de México, contrabando de armamento, tráfico de migrantes y operaciones mineras.
Toluca, Estado de México, 21 de noviembre de 2026.— El gobierno de Estados Unidos presentó una acusación federal de 14 cargos contra 21 presuntos integrantes y colaboradores de La Nueva Familia Michoacana (LNFM), organización a la que atribuye una estructura criminal dedicada al narcotráfico, tráfico de armas, traslado ilegal de migrantes, lavado de dinero y financiamiento de actividades vinculadas con el terrorismo. El expediente judicial, integrado por 58 páginas, identifica a los hermanos Johnny Hurtado Olascoaga, alias “El Pez”, y José Alfredo Hurtado Olascoaga, “El Fresa”, como los principales dirigentes del grupo, cuya presencia territorial también alcanza al Estado de México.
La acusación, registrada bajo el expediente 2:26-cr-03395-AM, fue presentada el 18 de noviembre de 2026 ante el Tribunal Federal del Distrito Oeste de Texas, División de Del Río, y se hizo pública el viernes 20 de noviembre. De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, cinco de los 21 acusados permanecían bajo custodia federal y otros 16 estaban prófugos, presuntamente en territorio mexicano. Las penas previstas, en caso de condena, van de 10 años hasta cadena perpetua, además de multas que pueden alcanzar 10 millones de dólares, según los delitos atribuidos a cada persona.

Los 14 cargos federales contra La Nueva Familia Michoacana
El documento judicial reúne acusaciones relacionadas con conspiración bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO), importación y distribución de cocaína, heroína y metanfetaminas, tráfico de migrantes con resultado de muerte, contrabando de mercancías, tráfico de armas de fuego, lavado internacional de dinero y conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera.
Los primeros siete cargos abarcan la conspiración criminal bajo la legislación RICO y seis imputaciones relacionadas con la posesión, distribución e importación de cocaína, heroína y metanfetamina. Los cargos ocho y nueve corresponden al transporte ilegal de migrantes con resultado de muerte; el décimo y undécimo se refieren al contrabando de mercancías desde Estados Unidos; el duodécimo contempla tráfico de armas, el decimotercero lavado internacional de dinero y el decimocuarto apoyo material a una organización designada terrorista.
La fiscalía sostiene que los 21 procesados participaron en una presunta conspiración criminal que comenzó aproximadamente en enero de 2006, con operaciones en México y diversas regiones estadounidenses. No obstante, los 14 cargos no se atribuyen individualmente a todos los acusados, sino a distintos participantes conforme a las conductas descritas en el expediente.
Estado de México aparece en los expedientes estadounidenses

Uno de los apartados más relevantes para México se encuentra en la página siete de la acusación, donde los investigadores estadounidenses atribuyen a La Nueva Familia Michoacana el control de territorios en Michoacán, Guerrero y Estado de México, así como una expansión hacia Puebla y Morelos desde julio de 2026.
El documento identifica a Medardo Hernández Vera, alias “Cien”, como un presunto operador que ejerció funciones de control territorial en el Estado de México durante los primeros años de la década de 2020. Según la acusación, participaba en extorsiones, secuestros y operaciones de narcotráfico en zonas bajo influencia de la organización. La fiscalía también sostiene que “El Pez” y “El Fresa” ordenaron su asesinato en junio de 2022, señalamiento que forma parte de la narrativa judicial estadounidense y no constituye una determinación de culpabilidad contra los hermanos.
La vinculación territorial aparece además en documentos del Departamento del Tesoro del 20 de junio de 2024, que incluyeron a Toluca y Tejupilco entre las localidades mexicanas donde atribuyeron al grupo actividades relacionadas con la producción de fentanilo. La misma investigación identificó rutas de distribución hacia ciudades estadounidenses como Atlanta, Houston, Dallas, Tulsa, Chicago y Charlotte, con corredores de ingreso por la frontera de Texas.
Otro expediente ofrece un antecedente judicial concreto sobre el tráfico de armas con destino al territorio mexiquense. El 4 de mayo de 2026, la Fiscalía Federal del Distrito Oeste de Texas informó que un jurado declaró culpable a Bobby Brandon Galvan, alias “Puravidarecia”, por dos cargos vinculados con tráfico de armamento. La investigación de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) documentó que, entre septiembre de 2023 y abril de 2024, Galvan adquirió 24 armas tipo AK-47, las cuales terminaron en Toluca, Estado de México, para uso de organizaciones criminales.
Durante ese juicio, los hermanos Hurtado Olascoaga fueron identificados como dirigentes de la conspiración investigada. El procedimiento, registrado bajo la causa 2:25-cr-2061, comprendía 26 acusados, de los cuales 18 habían admitido culpabilidad al momento del comunicado. Se trata de un proceso distinto al presentado en noviembre de 2026, por lo que las cifras de personas procesadas no corresponden a una sola investigación judicial.
Tráfico de armas y dinero desde Estados Unidos
La nueva acusación describe una red dedicada a la adquisición de armas mediante compradores intermediarios, quienes presuntamente obtenían rifles, pistolas, municiones y accesorios en establecimientos estadounidenses para su posterior traslado clandestino hacia México.
El documento atribuye a Edgar Aguilar Cruz y Rogelio Estrada Jaramillo una conspiración que habría comenzado en junio de 2020 para obtener y exportar armamento. Entre las armas mencionadas aparecen rifles calibre .50, fusiles calibre 7.62, un AR-15, una escopeta calibre 12 y diversas pistolas. La investigación también refiere cinco cargadores de tambor con capacidad para 100 cartuchos cada uno y cerca de mil 500 municiones.
En otro apartado, la fiscalía identifica operaciones que comprendían 13 rifles calibre .50, otros 13 calibre 5.56 y 17 calibre 7.62, además de pistolas. El expediente sostiene que integrantes del grupo discutieron la adquisición de armamento de uso militar, incluidos lanzagranadas propulsados por cohetes y soportes para montar armas automáticas en vehículos.
Uno de los aseguramientos utilizados como antecedente ocurrió el 18 de mayo de 2024, cuando agentes de Aduanas y Protección Fronteriza interceptaron en Eagle Pass, Texas, aproximadamente 33 armas semiautomáticas entre rifles y pistolas, además de municiones y accesorios que tenían como destino México. Varias armas presentaban números de serie alterados, de acuerdo con el escrito judicial.
La investigación también documenta operaciones relacionadas con dinero de procedencia presuntamente ilícita. La Administración para el Control de Drogas (DEA) informó que su oficina de Austin aseguró más de un millón de dólares vinculados con actividades de narcotráfico durante las investigaciones. La acusación describe el traslado de efectivo, transferencias financieras y mecanismos para devolver recursos a los presuntos dirigentes de la organización en México.
Ocho migrantes murieron durante una operación en Texas
El expediente incluye un episodio ocurrido el 15 de marzo de 2021, cuando una camioneta Dodge Ram que transportaba migrantes intentó evadir una intervención policial cerca de Del Río, Texas. El vehículo circulaba a más de 160 kilómetros por hora, invadió el carril contrario y chocó de frente contra una camioneta Ford F-150.
Ocho migrantes perdieron la vida, entre ellos una persona menor de edad, mientras otras personas resultaron lesionadas. La acusación de noviembre de 2026 atribuye a 10 procesados delitos relacionados con esa operación, incluidos los hermanos Hurtado Olascoaga, a quienes la fiscalía identifica dentro de la cadena de mando de la presunta estructura de tráfico ilícito de personas.
Los hechos cuentan con antecedentes judiciales independientes. En agosto de 2023, un tribunal federal condenó a Sebastian Tovar, conductor de la Dodge Ram, a 35 años de prisión por transporte ilegal de migrantes con resultado de muerte. En el mismo caso, Rubén Junior Rodríguez-Jaimes recibió una condena de 15 años. Las autoridades estadounidenses establecieron que la operación involucraba el traslado de 20 migrantes en dos vehículos.
Las sentencias anteriores acreditan las responsabilidades de las personas condenadas en esos procedimientos. Sin embargo, no representan una declaración de culpabilidad de los 21 acusados en la nueva causa federal.
Minería en Guerrero y presunto intercambio de minerales con empresas chinas
La investigación incorpora una actividad económica que excede el tráfico convencional de estupefacientes. En la página ocho del expediente, la fiscalía sostiene que los hermanos Hurtado Olascoaga ampliaron las operaciones del grupo hacia la explotación minera en Guerrero, con una transición desde el cobro de extorsiones a empresas hasta el supuesto control directo de instalaciones.
Entre los casos mencionados aparece la mina Campo Morado, que, según la acusación, habría quedado bajo control de la organización. Los investigadores describen un presunto sistema de intercambio comercial mediante el cual minerales extraídos en México eran entregados a empresas chinas a cambio de sustancias químicas precursoras, vinculadas con la producción de drogas.
El Departamento del Tesoro también había señalado, en abril de 2025, a Ubaldo Hurtado Olascoaga, hermano de los principales acusados, por presuntas actividades de extorsión, narcotráfico y extracción ilegal de mercurio y uranio. En ese mismo procedimiento financiero identificó a Adita Hurtado Olascoaga por un supuesto esquema de lavado de dinero mediante la compra de ropa usada en Estados Unidos y su comercialización en México, así como por operaciones relacionadas con armas.
Los dos familiares fueron objeto de sanciones financieras, pero no forman parte de la lista de 21 acusados en Texas. Asimismo, el señalamiento sobre Campo Morado y el intercambio de minerales constituye una acusación de la fiscalía, sin que el documento presentado permita verificar de manera independiente los contratos, las cantidades comercializadas o la identidad de las empresas extranjeras involucradas.
Sanciones desde 2022 y designación terrorista en 2025
La investigación estadounidense contra los dirigentes de La Nueva Familia Michoacana tiene antecedentes anteriores a la nueva acusación. El 17 de noviembre de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, sancionó a la organización y a los hermanos Hurtado Olascoaga por su presunta participación en el tráfico internacional de drogas.
El 20 de junio de 2024, el Tesoro amplió sus medidas contra ocho personas vinculadas con la organización, entre ellas Josué López Hernández, quien también figura en el expediente de Texas. En ese procedimiento, la autoridad estadounidense describió actividades de tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetamina, así como operaciones de lavado de dinero y traslado ilícito de personas.
Posteriormente, el 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado designó a La Nueva Familia Michoacana como organización terrorista extranjera, clasificación que abrió la posibilidad de presentar cargos federales por determinadas conductas de apoyo material. El cargo correspondiente en la acusación de Texas se refiere a hechos posteriores a esa designación.
El 15 de abril de 2025, el Departamento de Justicia hizo públicas otras acusaciones presentadas en septiembre de 2024 ante un gran jurado del Distrito Norte de Georgia. En esa ocasión se informó sobre recompensas de hasta cinco millones de dólares por información que permitiera capturar o condenar a Johnny Hurtado Olascoaga, y de hasta tres millones por José Alfredo Hurtado Olascoaga.
El expediente de Georgia también contempla acusaciones vinculadas con fentanilo. En cambio, los cargos específicos de narcotráfico incluidos en la nueva causa de Texas se refieren a cocaína, heroína y metanfetamina, sin una imputación autónoma por tráfico de fentanilo.
Los 21 acusados y la estructura atribuida al grupo
La acusación identifica a Johnny Hurtado Olascoaga, “El Pez”, como principal dirigente, y a su hermano José Alfredo Hurtado Olascoaga, “El Fresa”, como segundo al mando. También sitúa a Josué López Hernández, “Colima”, en tareas de seguridad y tráfico de armas, y a Johnny Hurtado Hernández, “Tarzán”, hijo de “El Pez”, en funciones de extorsión y coordinación de grupos armados.
Entre los presuntos operadores de tráfico de armas y migrantes aparecen Edgar Aguilar Cruz, “El Gallito”; Rogelio Estrada Jaramillo; Florencio Aguilar Lorenzo; Laurencio Reyes Ambriz; Anastacio Reyes Flores; José Andrés Vela Cervantes y Alfredo Jaimes Jaimes.
La relación se completa con Jesús Daniel Álvarez, César Espinosa Reyes, Abran Espinosa Mondragón, Antonio Landeros Ojo de Agua, Alejandro Díaz García, Rogelio Ponce Esquivel, Apolonio Benítez, Johnny Warnce Milton, Humberto González Arce y Omar Sixto Benítez, a quienes la fiscalía atribuye distintas actividades de suministro de drogas, transporte, adquisición de armas, logística y movimientos de recursos económicos.
Al 20 de noviembre de 2026, las autoridades estadounidenses reportaron bajo custodia a Jesús Daniel Álvarez, Alejandro Díaz García, Rogelio Ponce Esquivel, Apolonio Benítez y Omar Sixto Benítez. Los 16 restantes, incluidos los hermanos Hurtado Olascoaga, fueron identificados como prófugos presuntamente localizados en México.
La investigación está a cargo de autoridades federales estadounidenses, con participación de instituciones como el FBI, DEA, ATF e Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). El expediente es parte de las actuaciones de la Homeland Security Task Force, mientras los fiscales federales Warsame Galaydh, Daphne Newaz y William Golden tienen a su cargo la acusación.
Expedientes separados y responsabilidades pendientes
Los documentos del Departamento de Justicia y del Tesoro permiten reconstruir una secuencia de investigaciones que abarca sanciones financieras, aseguramientos de drogas y armas, sentencias por tráfico ilícito de migrantes y acusaciones contra presuntos dirigentes de la organización.
Para el Estado de México, los antecedentes destacan por la identificación de Toluca y Tejupilco en informes estadounidenses, el traslado documentado de 24 fusiles tipo AK-47 hacia Toluca y las referencias judiciales a disputas por el control de territorios mexiquenses.
No obstante, las sanciones del Departamento del Tesoro, las acusaciones formuladas por fiscales y las sentencias obtenidas en procedimientos anteriores tienen alcances jurídicos distintos. La existencia de investigaciones y declaraciones oficiales no sustituye la obligación de demostrar los hechos atribuidos a cada acusado.
La nueva causa federal continuará su trámite ante la justicia estadounidense. Las 21 personas señaladas conservan la presunción de inocencia, mientras no exista una resolución judicial que determine su responsabilidad por los cargos formulados.

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