
Lerma, Estado de México, 11 de junio de 2025.— Un juez de control con sede en Lerma vinculó a proceso a Jesús “N”, de 47 años, por su presunta responsabilidad en el feminicidio de J.M.G.V., servidora pública del Poder Judicial del Estado de México. La víctima habría sido asesinada en el municipio de San Mateo Atenco, el pasado 3 de junio.
Prisión preventiva y tres meses de investigación complementaria
Durante la audiencia realizada en los Juzgados de Control de Lerma, el juzgador valoró los elementos presentados por el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y determinó abrir proceso penal en contra del imputado. Asimismo, ordenó la prisión preventiva justificada como medida cautelar y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
Relación sentimental con la víctima
De acuerdo con la investigación preliminar de la Fiscalía mexiquense, Jesús “N” mantenía una relación sentimental con la víctima. Los hechos ocurrieron al interior de un domicilio ubicado en la colonia Santa Elena, en San Mateo Atenco. La autoridad presume que fue en ese lugar donde el individuo habría privado de la vida a su pareja.
Tras conocer el crimen, la Fiscalía inició una carpeta de investigación por feminicidio, solicitando al órgano jurisdiccional la emisión de una orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada días después.
Reclusión en penal de Lerma
Luego de su detención, Jesús “N” fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Lerma, donde permanece a disposición de la autoridad judicial. Aunque el proceso legal ha comenzado, las autoridades recordaron que el acusado debe ser considerado inocente hasta que se emita una sentencia condenatoria.
Contexto de violencia de género en Edomex
Este caso se suma a la creciente preocupación por los niveles de violencia de género registrados en el Estado de México, una de las entidades con mayor número de feminicidios en el país, según datos oficiales. Organizaciones civiles han urgido a las autoridades a garantizar procesos transparentes, con perspectiva de género y acceso a la justicia para las víctimas.

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