- La “Operación Dos de Bastos” se extendió a 56 municipios del Estado de México y dejó, de manera preliminar, más de 2 mil máquinas tragamonedas aseguradas, 2 mil 579 bolsas con efectivo que pesan 5 toneladas 392 kilos y al menos cinco detenidos. La Fiscalía mexiquense investiga estos negocios por su posible relación con extorsiones, lavado de dinero, homicidios, privaciones de la libertad y mecanismos de captación de menores y adultos para actividades delictivas.
Toluca, Estado de México, 20 de julio de 2026— Más de cinco toneladas de dinero en efectivo, principalmente monedas extraídas de máquinas tragamonedas, quedaron bajo resguardo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) como parte de la “Operación Dos de Bastos”, un despliegue iniciado en su fase operativa el lunes 13 de julio para desarticular la estructura económica y delictiva que, según las investigaciones ministeriales, opera alrededor de estos establecimientos. Hasta el corte preliminar, la institución reportó 2 mil 579 bolsas con numerario, con un peso conjunto de cinco toneladas 392 kilogramos, además de más de 2 mil máquinas aseguradas en distintos puntos de la entidad.
La cantidad exacta del dinero todavía se encuentra en proceso de determinación. De acuerdo con los datos preliminares proporcionados durante el operativo, el numerario asegurado rondaría los 5 millones de pesos, mientras que un registro preliminar ubica el monto en aproximadamente 5 millones 135 mil pesos, cifra que deberá confirmarse una vez concluido el conteo individual de monedas y billetes. La Fiscalía informó que cada bolsa quedó vinculada con una máquina, establecimiento, carpeta de investigación y Ministerio Público responsable, con el propósito de mantener la trazabilidad de los recursos.
Un homicidio abrió una línea de investigación más amplia
El despliegue tomó fuerza después de un homicidio registrado el 12 de julio, relacionado con un establecimiento donde operaban máquinas tragamonedas. A partir de éste y otros expedientes por delitos de alto impacto, las investigaciones permitieron identificar posibles conexiones entre estos negocios y hechos como homicidios, privaciones de la libertad y otras actividades criminales. La autoridad señaló que las denuncias que condujeron a los aseguramientos no necesariamente estaban relacionadas originalmente con juegos de azar, sino con investigaciones que terminaron por revelar vínculos con los puntos donde funcionaban las máquinas.
Aunque la regulación de juegos y sorteos corresponde al ámbito federal, la FGJEM centró sus investigaciones en posibles delitos del fuero común y conductas relacionadas, entre ellas extorsión, encubrimiento por receptación y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Fiscalía dará vista a la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar las acciones que correspondan dentro de sus atribuciones y definir el destino jurídico de los aparatos y recursos asegurados.
Operativo alcanza 56 municipios y miles de máquinas
Hasta el momento, la “Operación Dos de Bastos” ha tenido presencia en 56 municipios mexiquenses. Los datos preliminares refieren más de 100 inspecciones, la intervención o suspensión de cientos de puntos relacionados con esta actividad y al menos cinco personas detenidas, quienes quedaron a disposición de las autoridades para determinar su situación jurídica.
Las acciones alcanzaron establecimientos y zonas comerciales del Valle de Toluca y Valle de México, entre ellas áreas de Toluca, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Atizapán de Zaragoza y Chimalhuacán, entre otros municipios. Las autoridades establecieron centros de depósito para concentrar los aparatos: seis se encontraban habilitados y se preparaba la apertura de un séptimo ante el volumen de máquinas decomisadas.
La capacidad de almacenamiento comenzó a saturarse. De acuerdo con la información proporcionada durante el recorrido, el espacio habilitado en Chimalhuacán ya había alcanzado su límite; el correspondiente a unidades antisecuestro del Valle de México se encontraba alrededor del 70%, el Centro de Justicia de Tultitlán al 50% y el de Atizapán de Zaragoza cerca del 40%. Otro de los depósitos se encontraba prácticamente al máximo de su capacidad.
Fiscalía identifica un posible mecanismo de captación
Más allá del juego ilegal, una de las principales líneas de investigación apunta al uso de estos establecimientos como posibles “centros de enganche”. Según la explicación de autoridades de la Fiscalía, las máquinas tienen diseños similares a videojuegos que resultan atractivos para niños y adolescentes, quienes pueden comenzar a apostar pequeñas cantidades hasta desarrollar deudas.
La hipótesis ministerial sostiene que algunos operadores podrían financiar posteriormente las apuestas de personas que ya perdieron dinero y utilizar las deudas como mecanismo de presión. En el caso de jóvenes, la Fiscalía investiga si algunos fueron incorporados paulatinamente a actividades delictivas, primero mediante conductas como robos a transeúntes y después en delitos de mayor gravedad.
“Les empiezan a financiar el juego y luego, para poder pagar esas deudas, se los jalan. Les dicen: ‘Vente, vamos a un jale’”, explicó una autoridad durante la presentación de los resultados. La Fiscalía aclaró que se trata de patrones detectados dentro de investigaciones en curso y que cada caso deberá acreditarse de manera individual.
El fenómeno, según las indagatorias, tampoco se limita a menores. La institución reportó casos en los que personas adultas, incluidas trabajadoras y amas de casa, habrían perdido parte de sus ingresos en estos aparatos, adquirido deudas y posteriormente quedado expuestas a esquemas de préstamos o captación para otras actividades ilícitas, entre ellas la posible distribución de drogas.
Tenderos también serían víctimas de extorsión
Otra vertiente de la investigación apunta a comerciantes que habrían sido obligados a aceptar tragamonedas dentro de tiendas, farmacias, barberías y pequeños negocios. Según testimonios e información recabada por la Fiscalía, operadores llegaban a los establecimientos, instalaban los aparatos y posteriormente regresaban por una parte de las ganancias.
Por esta razón, la estrategia diferenció entre los negocios dedicados exclusivamente a la explotación de tragamonedas y aquellos donde sólo existía una o varias máquinas. Los primeros fueron susceptibles de aseguramiento, mientras que en pequeños comercios se retiraron los aparatos sin clausurar necesariamente el establecimiento.
La Fiscalía considera que algunos tenderos podrían ser víctimas y no integrantes de las redes investigadas, por lo que cada situación deberá analizarse por separado. Esta distinción busca evitar afectaciones a comerciantes que presuntamente recibieron las máquinas bajo amenazas o presión de grupos locales.
Investigan presencia de grupos criminales
Las investigaciones no atribuyen el control de todas las máquinas a una sola organización. La Fiscalía ha detectado aparatos identificados con distintas marcas o referencias, entre ellas las siglas “FM”, además de estructuras que operarían en municipios del oriente del Estado de México y células locales sin una afiliación necesariamente directa con los grandes cárteles.
La institución investiga si parte de los recursos obtenidos a través de estas máquinas sirve para financiar estructuras criminales. Una estimación inicial de las autoridades calcula que la red podría generar un flujo económico de decenas de millones de pesos, con una referencia cercana a 50 millones de pesos, aunque el monto deberá precisarse conforme avance el análisis financiero.
Cada máquina podría recaudar, según cálculos todavía preliminares de la Fiscalía, entre 2 mil y 5 mil pesos diarios. La autoridad reconoció que aún no existe una cifra definitiva sobre el ingreso promedio, pero el dinero encontrado dentro de los aparatos permitirá construir una estimación más precisa una vez que concluya el conteo.
Hallan fábrica de tragamonedas en Tultitlán
Uno de los descubrimientos que modificó la línea de investigación fue la localización de una fábrica de máquinas tragamonedas en Tultitlán. Las autoridades tenían como referencia que este tipo de equipos ingresaban al país por partes, eran importados desarmados y posteriormente ensamblados; sin embargo, el operativo permitió detectar producción dentro del propio Estado de México.
El inmueble quedó asegurado como parte de las investigaciones para establecer quién fabricaba los aparatos, cómo se distribuían, quién financiaba su producción y hacia qué municipios eran enviados. La existencia de una planta local abre una nueva línea para reconstruir la cadena completa del negocio, desde la fabricación hasta la colocación de las máquinas y la concentración del efectivo.
Cinco toneladas 392 kilos de dinero bajo resguardo
El volumen de efectivo obligó a implementar un procedimiento especial de cadena de custodia. Cada máquina fue asegurada en el sitio donde se encontraba, sellada en las ranuras y compartimentos por donde podía extraerse dinero y trasladada posteriormente a uno de los centros habilitados por la Fiscalía.
Al momento del reporte, 88% de las máquinas ya había sido abierto para retirar su contenido. El efectivo quedó distribuido en 2 mil 579 bolsas, que en conjunto alcanzaron un peso de cinco toneladas 392 kilogramos. Algunas máquinas requirieron hasta tres o cuatro bolsas debido al volumen de monedas acumuladas.
Cada paquete cuenta con información sobre el sitio del aseguramiento, número de máquina, número de bolsa, peso, carpeta de investigación y Ministerio Público responsable. La apertura de los aparatos y extracción del dinero fue videograbada de principio a fin con presencia de personal ministerial, peritos, policías de Investigación y personal encargado de abrir físicamente los equipos.
El objetivo es determinar cuánto dinero contenía cada aparato y preservar su trazabilidad. Una vez concluida la operación comenzará el conteo detallado para establecer la cantidad definitiva del numerario, por lo que los más de cinco millones de pesos reportados hasta ahora deben considerarse una estimación preliminar.
Dinero y máquinas podrían quedar sujetos a extinción de dominio
Los propietarios que reclamen las tragamonedas o el efectivo deberán acreditar tanto la propiedad legal de los aparatos como el origen lícito de los recursos, según explicó la Fiscalía. Si cumplen con los requisitos legales, los bienes podrían ser restituidos; de lo contrario, permanecerán asegurados mientras continúan los procedimientos.
La FGJEM dará vista a la FGR debido a las atribuciones federales relacionadas con juegos y sorteos. Dependiendo de las investigaciones y resoluciones judiciales, los aparatos podrían quedar sujetos a procedimientos de extinción de dominio, disposición anticipada o eventual destrucción.
La “Operación Dos de Bastos” permanece abierta. Además del destino de las más de 2 mil máquinas y las 5 toneladas 392 kilos de efectivo, las investigaciones buscan determinar quiénes controlaban la fabricación, distribución y cobro de los aparatos, así como establecer si el dinero obtenido terminó en estructuras dedicadas a delitos como extorsión, narcomenudeo, secuestro u otras actividades criminales. La dimensión final de la red dependerá de los resultados del conteo del dinero, el análisis financiero y las carpetas de investigación abiertas en los 56 municipios intervenidos.
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