Toluca, Estado de México, 31 de octubre de 2025. — En una medida orientada a reforzar la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) oficializó el nuevo Protocolo de Actuación para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, publicado en la Gaceta del Gobierno estatal.
El documento, firmado por el titular de la dependencia, Cristóbal Castañeda Camarillo, establece lineamientos obligatorios para el personal operativo con el propósito de prevenir agresiones, garantizar auxilio inmediato y salvaguardar derechos fundamentales de quienes ejercen labores periodísticas o de defensa social.
Un marco legal con respaldo nacional e internacional
El protocolo se sustenta en diversos instrumentos legales y normativos, entre ellos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Seguridad del Estado de México y la Ley para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos.
También responde a recomendaciones de organismos internacionales como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), que han advertido sobre el riesgo que enfrentan periodistas y activistas en México.
En el texto se mencionan casos que reflejan la urgencia de este tipo de mecanismos, como la desaparición del abogado Ricardo Lagunes y del profesor Antonio Díaz, defensores de causas sociales ocurrida en enero de 2023.
Obligaciones y medidas clave
El nuevo protocolo detalla una serie de acciones y responsabilidades institucionales orientadas a prevenir violaciones a derechos humanos y a fortalecer la atención en situaciones de riesgo. Entre ellas destacan:
- Atender con diligencia y sin demora cualquier solicitud de auxilio.
- Prohibir expresiones violentas, intimidatorias o discriminatorias por parte del personal de seguridad.
- Aplicar medidas especiales durante eventos masivos o contextos de alta tensión social.
- Capacitar obligatoriamente a policías en derechos humanos, perspectiva de género, ética pública y atención a comunidades vulnerables.
- Sancionar administrativa, civil o penalmente a quienes incumplan o incurran en abusos.
Además, el documento reconoce la identidad y expresión de género y subraya la importancia del periodismo como pilar esencial de la democracia y la rendición de cuentas.
Aval institucional y alcance social
La Junta de Gobierno del Mecanismo Estatal de Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos emitió una opinión favorable sobre el contenido del protocolo, al considerar que fortalece el marco de actuación del Estado frente a las agresiones.
El texto advierte que los ataques contra periodistas o activistas afectan no solo a las víctimas, sino también al derecho de la sociedad a estar informada.
“No es aceptable que quienes defienden nuestros derechos tengan que hacerlo a costa de su libertad”, se lee en uno de los considerandos del acuerdo.
Entrada en vigor
El protocolo entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” y será de observancia obligatoria para todo el personal de la Secretaría de Seguridad estatal.
Con su implementación, el Estado de México se convierte en una de las primeras entidades en formalizar un instrumento operativo específico para la protección de periodistas y defensores, en un contexto nacional marcado por agresiones y amenazas contra la prensa y activistas.
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