Toluca, Estado de México, 4 de diciembre de 2025. Ariel Juárez Cisneros, responsable de la Junta Local de Caminos del Estado de México, presentó su renuncia después de que circularon videos donde aparece en un altercado dentro de una plaza comercial de Metepec junto al diputado federal Wblester Santiago Pineda, presuntamente en estado de ebriedad.
Videos del altercado aceleran su salida
Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a Juárez Cisneros y al legislador del PT en la plaza Town Square Metepec, donde causaron daños a infraestructura y se enfrentaron con personal de seguridad privada. Ambos aparecen con signos de presunta intoxicación alcohólica.
El incidente generó reacciones inmediatas en el ámbito político. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Méxicocitó a Juárez Cisneros para aclarar su participación en los hechos, lo que incrementó la presión sobre su permanencia en el cargo.
Renuncia presentada como voluntaria
La administración estatal informó que la gobernadora Delfina Gómez recibió la renuncia, la cual fue presentada como voluntaria. Sin embargo, fuentes consultadas confirmaron que la decisión se relaciona directamente con el escándalo ocurrido el fin de semana.
La salida del funcionario ocurre en medio de cuestionamientos públicos sobre el comportamiento de servidores y representantes populares que participan en hechos de este tipo.
Impacto institucional
La Junta Local de Caminos es una dependencia clave para la operación y mantenimiento de la infraestructura vial mexiquense, por lo que la salida de su titular genera incertidumbre respecto a la continuidad de los proyectos en desarrollo.
Hasta el momento, el gobierno estatal no ha anunciado a la persona que asumirá el cargo ni si habrá ajustes en los planes de obra vigentes.
Caso vinculado al diputado del PT
El altercado también involucra al diputado Wblester Santiago Pineda, señalado por ocasionar daños superiores a 300 mil pesos en la plaza. El legislador enfrenta críticas dentro y fuera de su partido, además de llamados públicos para que se investigue su actuación.
Este episodio se suma a la creciente presión social y política hacia funcionarios que participan en conductas inapropiadas en espacios públicos, especialmente cuando afectan a terceros o a bienes privados.
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