Toluca, Estado de México, 15 de febrero de 2026. — El Estado de México enfrenta una crisis estructural en materia de infancia. Al menos 24 mil adolescentes se encuentran en riesgo de reclutamiento por grupos delictivos y 3 mil 890 menores permanecen reportados como desaparecidos, de acuerdo con el diagnóstico oficial incluido en el Programa de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PROEPINNA) 2025–2029.
El documento, publicado por la administración estatal, plantea una estrategia integral que busca atender a más de 3.8 millones de menores en la entidad, en un contexto marcado por pobreza, violencia y fallas institucionales.
Radiografía de riesgo: desapariciones y violencia focalizada
El diagnóstico identifica que el 60% de los casos de maltrato infantil se concentra en tres municipios con alta densidad poblacional: Ecatepec, Nezahualcóyotl y Naucalpan.
En contraste, municipios rurales como San Felipe del Progreso y Donato Guerra presentan bajos registros de atención. El informe advierte que esta diferencia no implica menor incidencia, sino posibles barreras culturales y geográficas que inhiben la denuncia.
En materia de seguridad, el programa reconoce que miles de adolescentes enfrentan riesgo inminente de ser cooptados para actividades como halconeo o microtráfico, en entornos donde confluyen marginación y presencia delictiva.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), al corte de marzo de 2025, se reportan más de 13,000 personas desaparecidas en la entidad, de las cuales 3,890 son menores de edad, con una alta concentración en el grupo de 15 a 19 años. Las desapariciones de Adolescentes se relacionan con violencia familiar, trata de personas, desplazamiento forzado y reclutamiento criminal.
El reclutamiento delictivo representa una amenaza creciente. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación y REDIM, se estima que hasta 24,000 Adolescentes en el Estado de México están en riesgo de ser utilizados por grupos criminales como halcones, micro traficantes, vigías o moneda de cambio sexual.
El reclutamiento ocurre mediante redes sociales, videojuegos, ofertas falsas de empleo y presión comunitaria. Los grupos delictivos tienen presencia en más de 80 municipios.
El documento, precisa que las adolescentes mujeres enfrentan una doble vulnerabilidad: son reclutadas como compañeras sentimentales, víctimas de trata con fines sexuales, mientras que los Adolescentes son utilizados como distribuidores, informantes o ejecutores. En ambos casos, el proceso de reclutamiento suele estar normalizado por dinámicas de seducción, consumo de sustancias y promesas de pertenencia
Metas cuantificables hacia 2029
El PROEPINNA establece indicadores específicos para evaluar resultados en un plazo de cuatro años:
- Reducir 50% las desapariciones y la violencia sexual en menores de seis años.
- Disminuir la pobreza extrema infantil al 9%.
- Garantizar que 90% de los recién nacidos sean registrados antes de cumplir un año.
- Alcanzar 90% de cobertura en vacunación y tamiz neonatal.
- Reducir a 5% los índices de anemia y obesidad infantil.
Estas metas buscan modificar condiciones estructurales que colocan a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad social y económica.
Sistema de justicia: solo 33% recibe restitución integral
Uno de los puntos críticos del documento es el desempeño institucional. El programa reconoce que solo uno de cada tres casos de vulneración de derechos concluye con una ruta integral de restitución.
Ante este escenario, la estrategia plantea una reingeniería de las Procuradurías de Protección, con el propósito de articular salud, educación y justicia bajo un modelo coordinado. También contempla la eliminación de registros manuales y la creación de sistemas de información homologados.
Participación infantil en el diseño del plan
El programa incorporó mecanismos de consulta directa con menores de edad a través de foros intergeneracionales. Entre las principales demandas se identificó la necesidad de espacios públicos seguros, iluminación adecuada y entornos libres de violencia.
Las conclusiones del diagnóstico apuntan a un cambio de enfoque: transitar de un esquema asistencial hacia un modelo de protección integral obligatoria, con énfasis en prevención y garantía de derechos.
+ There are no comments
Add yours