Ciudad de México, 30 de marzo de 2026.— El Instituto Nacional Electoral (INE) publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, el documento que define la ruta técnica, jurídica y operativa para modificar la Credencial para Votar (CPV), el principal medio de identificación oficial en el país.
El resolutivo plantea la posible incorporación de nuevos datos sensibles, entre ellos identidad de género autopercibida, pertenencia indígena o afromexicana y elementos en sistema Braille, en un proceso que responde a mandatos judiciales y demandas ciudadanas acumuladas desde 2018.
Un documento clave con alcance nacional
La credencial para votar es el documento más utilizado en México para acreditar identidad, respaldado por la infraestructura del INE:
- 32 delegaciones estatales
- 300 subdelegaciones distritales
- Consejo General integrado por 11 consejeros con voto
Esta estructura permite dimensionar el impacto nacional que tendría cualquier modificación al diseño del documento.
Mandatos judiciales obligan a resolver
El acuerdo responde a resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que fijaron plazos para que el INE definiera la viabilidad de estos cambios.
Entre los expedientes clave destacan:
- SUP-JDC-4/2026, que obliga a resolver sobre autoadscripción indígena y afromexicana antes del próximo proceso electoral federal
- SUP-JDC-2442/2025, que ordena emitir respuesta sobre la inclusión de sistema Braille
Estas sentencias colocaron al INE en la necesidad de emitir un pronunciamiento formal con sustento técnico y legal.
Propuestas: identidad, inclusión y accesibilidad
El análisis del Instituto se centra en tres ejes principales:
Identidad de género
Se estudia incorporar un campo de identidad sexogenérica autopercibida, independiente del dato de sexo, con el objetivo de reconocer la diversidad de la población LGBTTTIQ+.
Pertenencia indígena y afromexicana
Se plantea incluir la autoadscripción como criterio de identidad, conforme al Artículo 2° constitucional y al Convenio 169 de la OIT.
Accesibilidad para personas con discapacidad
Se analiza la incorporación de elementos en sistema Braille, con el fin de que personas con discapacidad visual puedan identificar su credencial de forma autónoma.
Proceso técnico: ocho años de análisis
La evolución de este acuerdo se desarrolló en una línea de tiempo que abarca casi una década:
- 8 de marzo de 2018: primera solicitud ciudadana (pueblo Kiliwa)
- 20 de julio de 2023: INE ordena estudio sobre identidad de género
- 5 de noviembre de 2024: instalación del Grupo de Trabajo Interdisciplinario
- Julio-agosto de 2025: mesas de diálogo con sociedad civil
- 30 de marzo de 2026: publicación oficial del acuerdo
Durante este periodo, el INE recabó opiniones de organismos como:
- INAI, sobre protección de datos personales
- CONAPRED, en materia de no discriminación
- INPI, sobre viabilidad de identidad indígena
Seguridad del documento, eje central
El Instituto subraya que cualquier modificación no debe comprometer la certeza ni la seguridad de la credencial, elemento clave para garantizar:
- Autenticidad del voto
- Prevención de suplantación de identidad
- Confianza en procesos electorales
El documento advierte que la inclusión de nuevos datos deberá cumplir con criterios técnicos, presupuestales y de protección de datos sensibles.
Crisis de exclusión, telón de fondo
El acuerdo se sustenta en principios constitucionales como:
- Artículo 1°: igualdad y no discriminación
- Artículo 4°: derecho a la identidad
- Artículo 41: autonomía del INE
El diagnóstico reconoce que diseños aparentemente neutros pueden generar exclusión, en particular para pueblos indígenas, personas con discapacidad y población de la diversidad sexual.
Hacia una credencial más inclusiva
El documento no representa una implementación inmediata, sino la definición de viabilidad técnica y legal para futuras modificaciones.
Con ello, el INE busca que la credencial evolucione de un instrumento electoral a un documento de identidad más incluyente, sin perder su función principal dentro del sistema democrático.
La resolución marca un punto de inflexión en la política de identidad en México, al abrir el debate entre derechos, tecnología y seguridad electoral.
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