- El Gobierno del Estado de México recibirá 16.3 millones de pesos de la Federación y deberá aportar casi 2 millones de pesos de recursos propios para fortalecer las acciones de búsqueda de personas desaparecidas. El convenio obliga a transparentar el uso del dinero, presentar informes trimestrales y devolver los recursos que no sean ejercidos antes de concluir el año.
Toluca, Estado de México, 25 de junio de 2026. El Gobierno del Estado de México formalizó un convenio con la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP), para acceder a un subsidio federal destinado a fortalecer las labores de búsqueda y localización de personas desaparecidas durante 2026. El acuerdo contempla una aportación federal de 16 millones 376 mil 699.41 pesos, a la que se sumará una coparticipación estatal de un millón 965 mil 203.93 pesos, por lo que la bolsa total para estas acciones alcanzará 18 millones 341 mil 903.34 pesos.
Los recursos forman parte del Programa Presupuestario U008 Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, incluido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026. A nivel nacional, este programa dispone de 889 millones 98 mil 436 pesos, recursos que serán distribuidos entre las entidades federativas mediante sus respectivas comisiones locales de búsqueda para fortalecer las labores de localización de personas.
Recursos con destino específico
El convenio establece que el subsidio únicamente podrá utilizarse para proyectos y acciones relacionadas con la búsqueda y localización de personas desaparecidas o no localizadas, conforme a los lineamientos emitidos por la Comisión Nacional de Búsqueda. También prohíbe destinar el dinero a conceptos distintos o duplicar su financiamiento mediante otros programas federales, estatales, municipales o internacionales.
Asimismo, el Estado de México deberá administrar tanto los recursos federales como la aportación estatal en una cuenta bancaria específica y productiva, que permita identificar el origen de los recursos y los rendimientos financieros que generen durante todo el ejercicio fiscal.
Entrega del subsidio y aportación estatal
La Federación realizará la transferencia del subsidio en dos ministraciones: una primera equivalente al 85% del monto autorizado y una segunda por el 15% restante, sujetas al cumplimiento de los lineamientos federales. Por su parte, la administración estatal tendrá un plazo de 20 días hábiles posteriores a la recepción de la primera ministración para depositar la totalidad de su coparticipación.
El convenio también obliga a la Comisión de Búsqueda del Estado de México a remitir a la Comisión Nacional de Búsqueda el comprobante fiscal correspondiente a cada transferencia y mantener el recurso identificado durante todo el ejercicio presupuestal.
Informes, auditorías y devolución de recursos
El acuerdo incorpora un esquema de control financiero que obliga al Estado de México a presentar informes trimestrales sobre el avance físico y financiero del programa al cierre de junio, septiembre y diciembre de 2026. Además, el Acta de Cierre del Ejercicio Fiscal deberá entregarse a más tardar el 15 de febrero de 2027.
En caso de que existan recursos federales no ejercidos al 31 de diciembre de 2026, éstos deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación (TESOFE) junto con los rendimientos financieros generados.
Transparencia y fiscalización
El convenio establece que el ejercicio de los recursos podrá ser revisado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Auditoría Superior de la Federación, el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Gobernación y los órganos fiscalizadores del Estado de México.
Además, el gobierno estatal deberá publicar en su portal de transparencia el avance físico y financiero de las acciones financiadas con este subsidio, mientras que la Comisión Nacional de Búsqueda difundirá la información relacionada con los proyectos ejecutados y el ejercicio de los recursos públicos.
El convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque las obligaciones de comprobación, fiscalización y rendición de cuentas permanecerán vigentes hasta que concluyan todos los procedimientos derivados del ejercicio de los recursos asignados.
+ There are no comments
Add yours