- La investigación apunta a una estructura que habría operado desde 2021 con altas irregulares de docentes, uso de planteles inactivos, captación de familiares y retiro de nómina mediante tarjetas bancarias
Toluca, Estado de México, 3 de julio de 2026. Una presunta red de corrupción enquistada en áreas clave del aparato administrativo del Estado de México derivó en la vinculación a proceso de 26 personas por su probable participación en un esquema de plazas irregulares y cobro de nómina a través de “aviadores”, una operación que, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), habría causado un daño patrimonial de más de 96 millones de pesos tan solo entre enero de 2025 y febrero de 2026.
La indagatoria, integrada a partir de denuncias presentadas por el gobierno mexiquense, sostiene que la red habría funcionado al menos desde 2021 mediante 459 movimientos de alta de personal en plazas docentes, asignadas a personas que no daban clases, no acudían a planteles y en algunos casos ni siquiera contaban con la documentación mínima para ser contratadas. De los 33 investigados, 27 fueron detenidos con orden de aprehensión; 26 ya fueron vinculados a proceso, uno sigue pendiente de resolución y cinco promovieron juicio de amparo para intentar frenar su captura.
Las denuncias: 459 altas bajo sospecha
La investigación tomó forma tras las denuncias promovidas por la representación legal de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) los días 11 y 26 de febrero, así como el 4 de mayo de 2026, por hechos posiblemente delictivos relacionados con el ingreso de personal a plazas docentes. El hallazgo central fue que decenas de supuestos trabajadores cobraban como servidores públicos sin desempeñar función alguna.
A partir de esas querellas, la Fiscalía reconstruyó un entramado que involucra a exsubsecretarios de la administración estatal 2017-2023, así como a coordinadores, delegados administrativos, directores de área, subdirectores, capturistas y operadores adscritos a la Secretaría de Finanzas, Secretaría de Educación, Secretaría de Seguridad, Oficialía Mayor (OM) y la propia SECTI. La carpeta también perfila una continuidad operativa: cuando un funcionario salía del cargo, quien lo sustituía presuntamente se incorporaba a la red y ocupaba su lugar dentro del esquema.
El corazón del fraude: altas sin expediente y planteles “fantasma”
Uno de los ejes de la acusación es el uso irregular del Sistema Integral para la Gestión Administrativa de Personal (SIGAP) y de la plataforma “META 4”, utilizada para la dispersión de nómina. Según la Fiscalía, pese a que en numerosos casos no existían expedientes completos, Formato Único de Movimiento de Personal (FUMP), propuesta escolar válida ni soporte profesional o administrativo, las personas eran dadas de alta como docentes y registradas para cobrar.
Las pesquisas señalan que funcionarios de la SECTI y de la Oficialía Mayor habrían intercambiado claves personales de acceso al SIGAP para concretar las altas y asignar a los falsos docentes a planteles inactivos, con el objetivo de evitar que fueran detectados. Entre los municipios donde se localizaron adscripciones irregulares aparecen Almoloya de Alquisiras, Amecameca, Ecatepec, Luvianos, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Metepec, Tejupilco, Texcoco, Toluca, Zinacantepec y Zumpango.
La propia Fiscalía sostiene que el esquema se apoyó en personal operativo y capturistas que, por razón de su cargo, conocían el Procedimiento 022 del Manual de Normas y Procedimientos de Desarrollo y Administración de Personal, pero aun así procesaron altas con expedientes incompletos o inexistentes. Incluso se detectó que algunos capturistas realizaron más de 70 movimientos irregulares y recibían 5 mil pesos por cada alta.
Reclutadores, tarjetas de nómina y retiros en efectivo
La red no sólo habría dependido de funcionarios con acceso a los sistemas administrativos, sino también de “reclutadores” encargados de captar personas de confianza —familiares, amigos o conocidos— para registrarlos como docentes. Una vez concretadas las altas, los reclutadores o terceros retenían las tarjetas bancarias donde se depositaba la nómina y después retiraban el dinero en efectivo para repartirlo entre los participantes.
La Fiscalía documentó que a los llamados “falsos docentes” se les entregaba una porción mínima del dinero a cambio de prestar sus datos personales. En algunos casos, por 200 mil pesos recibidos en una cuenta por concepto de sueldo, el titular de la plaza sólo obtenía 6 mil pesos, mientras que los operadores de mayor rango en la Oficialía Mayor y la SECTI concentraban la mayor parte de los recursos. La red, añade la carpeta, incluso definía montos máximos que podían ser bancarizados para reducir riesgos.
El antecedente de 2021: 164 tarjetas y 180 mil pesos en Toluca
Uno de los antecedentes clave del caso se remonta al 19 de diciembre de 2021, cuando fue detenido Juan Alberto “N” en un cajero automático del centro de Toluca. De acuerdo con la investigación, llevaba consigo 164 tarjetas de débito expedidas a nombre de servidores públicos adscritos a la Secretaría de Seguridad, además de 180 mil pesos en efectivo.
La Fiscalía sostiene que, tras esa detención, varios integrantes del grupo acudieron ante el Ministerio Público para justificar la posesión de las tarjetas y del dinero. Rodolfo Alejandro “N”, superior jerárquico de Juan Alberto, aseguró entonces que éste tenía la encomienda de realizar gestiones bancarias por fallas en tarjetas; por su parte, Eduardo “N” afirmó que le había prestado el efectivo y que incluso existía un pagaré. A esas declaraciones se sumaron versiones de Yesica “N”, Freddy Raymundo “N” y Felipe “N”. Para la Fiscalía, ese episodio acredita que desde al menos 2021 ya operaba una extracción sistemática de recursos públicos mediante nóminas presuntamente simuladas.
Operación nocturna y mensajes para borrar huellas
Las investigaciones también revelan patrones para ocultar la maniobra. Entre ellos, la realización de altas durante la madrugada y el uso alternado, mes con mes, de distintas cuentas de capturistas para registrar movimientos en el sistema. Además, en el expediente obran mensajes en los que presuntos reclutadores instruyen a los falsos docentes no darse de alta en el ISSEMyM, cancelar cuentas bancarias y negar cualquier vínculo laboral con el gobierno si eran requeridos por autoridades.
Uno de los mensajes incorporados a la carpeta advierte sobre una auditoría y llama a los involucrados a sostener una versión única: “nosotros nos libramos negando absolutamente todo… no hemos trabajado en el gobierno”, se lee en el intercambio citado por la Fiscalía. Ese elemento es utilizado por el Ministerio Público para sostener que existió una estrategia deliberada de encubrimiento frente al avance de las revisiones administrativas y penales.
Más de 96 millones bajo sospecha… y el monto podría crecer
La Fiscalía mexiquense estima que la red obtuvo más de 96 millones de pesos únicamente en el periodo de enero de 2025 a febrero de 2026, con un flujo de aproximadamente 4 millones de pesos quincenales, además de pagos por aguinaldo, prima vacacional y bonos. Sin embargo, la cifra podría aumentar de forma considerable si se acredita que el esquema operó sin interrupciones desde 2021.
A ese presunto desfalco se suma otro beneficio personal para los investigados: la asignación de una o más plazas docentes con salarios aproximados de 50 mil pesos mensuales, que presuntamente mantenían con licencias irregulares para conservarlas con fines laborales y jubilatorios, o como respaldo económico en caso de perder sus cargos de confianza dentro del gobierno.
Viajes de lujo, inmuebles y una red con 30 tomos de prueba
El expediente también incorpora datos sobre el entorno patrimonial de los investigados. La Fiscalía sostiene que el nivel de vida observado no corresponde al de servidores públicos sostenidos únicamente con su salario, pues se documentaron viajes a París, Dubái, Las Vegas, Islas del Caribe, China y Egipto, así como el uso de vehículos, accesorios y prendas de alta gama, además de la ocupación de inmuebles de alta plusvalía.
Hasta ahora, la carpeta reúne 30 tomos y alrededor de 12 mil fojas, con entrevistas, periciales, inspecciones, documentales y otros indicios que fueron presentados ante el Poder Judicial para solicitar órdenes de aprehensión, cateos y audiencias de imputación. Entre el 28 de junio y el 4 de julio de 2026, jueces del Estado de México celebran las audiencias de vinculación de 28 personas; 27 de ellas quedaron con prisión preventiva justificada y fueron ingresadas al penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez.
Quiénes están en la mira
Entre los 33 investigados figuran seis exservidores públicos, entre ellos Óscar “N”, exsubsecretario de Administración de la Secretaría de Finanzas; Sergio Andrés “N”, exsubsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación; y Alfredo “N”, exdelegado administrativo del Subsistema de Educación Básica en la SECTI. También aparecen Felipe “N”, Fredy “N” y Yesica “N”, vinculados previamente a la Secretaría de Seguridad.
La lista incluye además a nueve servidores públicos de la Oficialía Mayor, como Juan Alberto “N”, Araceli “N”, Yunuen “N”, Fabiola Lidia “N”, Christopher “N”, Diego Emmanuel “N”, David “N”, Daniel “N” y Jair “N”; así como 11 funcionarios adscritos a la SECTI, entre ellos Daniel Arturo “N” y un grupo de capturistas identificados como Alejandra “N”, Ángel Fernando “N”, Anel “N”, Yuritzi Lucero “N”, Norma del Carmen “N”, Ericka “N”, Orlando “N”, Jorge Emanuel “N”, Óscar “N” y Alan Israel “N”.
A ellos se suma Diana Paola “N”, actual servidora pública de la Secretaría del Bienestar y excolaboradora cercana de Óscar “N”; además de Sabina “N”, señalada como una de las presuntas “falsas docentes” reclutadoras. En tanto, cinco investigados aún no vinculados —entre ellos Jaime Noé “N”, Eduardo “N”, Erick Jonathan “N”, José Ernesto “N” y Areli “N”— promovieron amparos contra las órdenes de aprehensión.
Un funcionario muerto y penas que podrían multiplicarse
Dentro del caso también aparece José Daniel “N”, servidor público de la SECTI que fungía como enlace con la Dirección de Remuneraciones al Personal de la Oficialía Mayor. La Fiscalía lo ubica como relacionado con el esquema; sin embargo, fue hallado sin vida en su domicilio el pasado 2 de abril. La muerte, informó la institución, sigue bajo investigación con protocolo de homicidio.
Por la forma en que habrían sido cometidos los hechos, el Ministerio Público sostiene que podría configurarse un concurso real homogéneo de delitos, al tratarse de actos independientes cometidos en distintos momentos pero con la misma naturaleza jurídica. Bajo esa lógica, las sanciones no sólo podrían ubicarse entre 10 y 26 años de prisión, sino acumularse por cada alta irregular acreditada, lo que elevaría de manera significativa la eventual responsabilidad penal de los involucrados.
Con este caso, la Fiscalía mexiquense perfila una de las investigaciones más amplias sobre presunta simulación de plazas y desvío de nómina dentro de la administración estatal. El alcance final del daño al erario, no obstante, dependerá de si la autoridad logra acreditar que la operación se mantuvo activa durante al menos cinco años, con ramificaciones en distintas dependencias y bajo una lógica de relevo interno que, según la indagatoria, permitió sostener la red incluso cuando algunos de sus operadores dejaron el cargo.
+ There are no comments
Add yours