- Operadores y propietarios de negocios de máquinas recreativas acudieron a la Fiscalía mexiquense y al Congreso local para denunciar afectaciones tras los operativos de la llamada Operación “Dos de Bastos”. Aseguran que llevan dos meses sin trabajar, cuestionan los cateos y piden una reforma para establecer una clasificación fiscal de sus equipos.
Toluca, Estado de México, 19 de agosto de 2026- Operadores y propietarios de establecimientos dedicados a las máquinas recreativas accionadas con monedas se manifestaron este miércoles frente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para exigir explicaciones sobre los operativos que derivaron en el aseguramiento de sus equipos.
Los inconformes afirmaron que las acciones se realizaron en distintos municipios de la entidad y rechazaron que su actividad esté vinculada de manera generalizada con delitos como extorsión o actividades criminales.
Gregorio Pedraza, operador de máquinas recreativas de Tecámac, señaló que el sector enfrenta una afectación económica debido al cierre de establecimientos y al aseguramiento de equipos.
“Venimos a pedir que se hagan las cosas conforme al derecho”, sostuvo el representante, quien acusó que en algunos casos los propietarios no han recibido información clara sobre las carpetas de investigación relacionadas con los cateos.
Los manifestantes también denunciaron presuntas irregularidades durante algunos procedimientos. Entre sus señalamientos se encuentran la falta de presencia de propietarios o responsables durante determinados operativos, el incumplimiento de resoluciones de amparo y, según sus testimonios, la supuesta colocación de droga en algunos establecimientos.
Estas acusaciones forman parte de los reclamos de los operadores y no constituyen por sí mismas hechos acreditados judicialmente.
Aseguran que llevan dos meses sin trabajar
El impacto, señalaron, no se limita a los propietarios de los negocios. Los operadores sostienen que existe una cadena económica alrededor de esta actividad que incluye trabajadores de los establecimientos, vendedores, importadores, fabricantes, carpinteros y personal dedicado al mantenimiento de las máquinas.
Pedraza explicó que los ingresos varían de acuerdo con cada establecimiento, por lo que evitó proporcionar una cifra general sobre las pérdidas económicas.
Sin embargo, sostuvo que los negocios tienen gastos relacionados con impuestos, salarios y rentas, además de generar ingresos para otras personas involucradas en la operación y mantenimiento de los equipos.
“Somos una parte de la gran cantidad de personas que han sido afectadas”, señaló.
Los inconformes proceden de distintos municipios del Estado de México. Pedraza indicó que acudió desde Tecámac, mientras que otros operadores llegaron principalmente de municipios de la zona oriente, aunque aseguró que existen afectados en diferentes regiones de la entidad.
Cuestionan clasificación de las máquinas
Uno de los principales argumentos del sector es que las máquinas que operan no corresponden a juegos de azar, sino a equipos que, según los propios operadores, dependen de la destreza y el entretenimiento.
Para sustentar esa postura, afirmaron que cuentan con peritajes y documentación técnica que han presentado ante autoridades para acreditar las características de los equipos.
De acuerdo con los manifestantes, en algunos procedimientos las autoridades han considerado que las disposiciones utilizadas para intervenir los negocios no corresponden con las características de las máquinas que manejan.
El sector busca que esta diferencia quede establecida de manera formal para evitar que los equipos sean considerados dentro de categorías que, sostienen, no corresponden a su funcionamiento.
Llevan su reclamo al Congreso mexiquense
Después de la protesta frente a la Fiscalía, representantes del sector se trasladaron a la LXII Legislatura del Estado de México, donde fueron recibidos por la diputada Graciela Argueta.
Araceli Gutiérrez Caballero, representante de los operadores, explicó que uno de los objetivos del encuentro consiste en impulsar una propuesta de reforma legal para establecer reglas específicas para este tipo de establecimientos.
La propuesta, explicó, busca establecer una clasificación precisa de las máquinas y definir el mecanismo mediante el cual sus propietarios puedan cumplir con las obligaciones fiscales y administrativas correspondientes.
El planteamiento contempla incorporar un catálogo de máquinas, con sus modelos y características, dentro del esquema utilizado para determinar los pagos y trámites relacionados con las licencias.
La representante sostuvo que el sector ya cuenta con una propuesta que pretende presentar ante el Congreso mexiquense y que la iniciativa tendría respaldo legislativo para su discusión.
Buscan una regulación estatal
Gutiérrez Caballero señaló que el planteamiento no pretende únicamente defender a los propietarios frente a los aseguramientos, sino establecer una regulación específica para la actividad.
La intención, explicó, es que los operadores puedan identificar de manera clara qué máquinas están permitidas, bajo qué categoría se encuentran y cuáles son los impuestos y permisos que deben cubrir.
La representante adelantó que se contempla la realización de foros en distintos municipios para analizar la propuesta y recoger planteamientos de los operadores.
El trabajo comenzaría en algunos municipios, entre ellos Ecatepec, aunque la intención es que la discusión alcance al conjunto del Estado de México.
El conflicto se mantiene abierto
La protesta ocurre en medio de un conflicto entre operadores de máquinas recreativas y autoridades estatales por los aseguramientos, cateos, clausuras y restricciones para continuar con la actividad.
Los manifestantes demandan que sus establecimientos sean revisados caso por caso y que las autoridades determinen la situación jurídica de cada inmueble y equipo con base en las investigaciones correspondientes.
También solicitan que se reconozca la documentación técnica que, aseguran, demuestra las características de las máquinas y que se permita el funcionamiento de los negocios cuando exista cumplimiento de las disposiciones legales.
El sector sostiene que su objetivo no es evitar la supervisión gubernamental, sino contar con reglas claras para operar, pagar impuestos y obtener las licencias correspondientes.
Mientras los operadores preparan su propuesta ante el Congreso mexiquense, permanece la exigencia de conocer el destino de los equipos asegurados y la situación jurídica de las investigaciones derivadas de los operativos realizados en distintos puntos del Estado de México.
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