- Con 56 votos a favor y 18 en contra, el Congreso del Estado de México aprobó la nueva legislación de transparencia que extingue al Infoem como organismo constitucional autónomo y traslada sus funciones a Transparencia Mexiquense, órgano desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría. La oposición advirtió un debilitamiento de los contrapesos; Morena defendió la medida por razones de austeridad y aseguró que los derechos de acceso a la información y protección de datos permanecerán vigentes.
Toluca, Estado de México, 20 de agosto de 2026. El Congreso del Estado de México aprobó, en lo general, el dictamen que establece un nuevo modelo para garantizar el acceso a la información pública y la protección de datos personales, con lo que se abre el proceso para la desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM) como organismo constitucional autónomo.
El dictamen obtuvo 56 votos a favor, cero abstenciones y 18 en contra durante la sesión legislativa. El nuevo marco contempla la expedición de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios.
También plantea modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal, la Ley de Archivos, la Ley del Sistema Anticorrupción, el Código Administrativo y el Código Financiero.
El cambio central consiste en sustituir al Infoem por Transparencia Mexiquense, un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo.
Transferencia de recursos y proceso de liquidación
El presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura, Francisco Vázquez Rodríguez, explicó que el proceso no implica una desaparición inmediata de las funciones de transparencia, sino una transición administrativa.
De acuerdo con su explicación, el Infoem tendrá 20 días para entregar sus recursos financieros y materiales a la Contraloría. A partir de ese proceso se realizará una evaluación de los costos y de la estructura necesaria para concluir con la liquidación del organismo y de su personal.
Vázquez Rodríguez señaló que la Contraloría tendrá un periodo para establecer los costos y proyectar la liquidación de los trabajadores. Durante su intervención mencionó primero un plazo de 120 días para determinar los costos y, posteriormente, habló de un plazo máximo de 180 días para concluir el proceso, por lo que la fecha definitiva dependerá de la ejecución administrativa.
El legislador sostuvo que el presupuesto disponible del Infoem podría ser suficiente para cubrir las liquidaciones, aunque reconoció que todavía se encuentra en elaboración el cálculo definitivo. En caso de ser necesario, dijo, la Secretaría de Finanzas podría intervenir para apoyar el proceso.
La extinción del organismo también implica que sus trabajadores no pasarán de manera automática a la nueva estructura. Vázquez Rodríguez explicó que, al desaparecer el Infoem, los puestos actuales concluyen y cualquier incorporación posterior tendría que realizarse mediante nuevas contrataciones.
Algunos trabajadores, añadió, ya aceptaron su liquidación o encontraron alternativas laborales por cuenta propia.
El futuro de los comisionados
Sobre los comisionados que todavía permanecen en funciones, Vázquez Rodríguez indicó que su situación deberá formar parte del proceso administrativo de conclusión del organismo.
En el Infoem permanecen tres comisionados, después de que concluyeron los periodos de otros integrantes del pleno.
El coordinador parlamentario señaló que Finanzas tendrá que valorar su situación dentro del proceso de liquidación y determinar las condiciones correspondientes conforme al nuevo esquema institucional.
La oposición acusa pérdida de independencia
La aprobación del dictamen generó una fuerte confrontación entre Morena y los grupos parlamentarios de oposición.
Diputados de Movimiento Ciudadano, PRD, PAN y PRI coincidieron en que la principal preocupación no es la desaparición del Infoem en sí misma, sino el traslado de sus atribuciones hacia una estructura subordinada al Poder Ejecutivo.
La diputada Ruth María Reyes, de Movimiento Ciudadano, cuestionó que el nuevo responsable de garantizar la transparencia dependa de la misma estructura gubernamental que debe ser vigilada.
Su argumento se centró en la independencia financiera y administrativa. Advirtió que un funcionario encargado de revisar actos de corrupción dentro del gobierno tendría como superior jerárquico a integrantes del propio Ejecutivo.
La legisladora también cuestionó que la nueva legislación no establezca requisitos específicos de experiencia, preparación profesional o trayectoria para quien ocupe la titularidad de Transparencia Mexiquense.
En su intervención puso como ejemplo investigaciones recientes por presuntos actos de corrupción dentro de distintas áreas del gobierno estatal y sostuvo que los mecanismos internos de control no siempre detectan las irregularidades con rapidez.
Entre los casos mencionados citó una investigación por la venta de más de 300 plazas docentes vinculadas con vacantes inexistentes, con un daño patrimonial que las investigaciones ubican en más de 100 millones de pesos.
También recordó la detención de un coordinador general de gobierno, señalado por presuntos delitos de secuestro y delincuencia organizada, así como el proceso contra dos directores de alto nivel de la Secretaría del Medio Ambiente por su presunta participación en una red de extorsión contra verificentros y gasolineras.
Reyes sostuvo que estos casos muestran, desde su perspectiva, la necesidad de contar con controles externos al Ejecutivo.
PAN advierte riesgo para el derecho a la información
La diputada panista Rocío Alexia Dávila Sánchez sostuvo que la reforma conserva el derecho constitucional de acceso a la información, pero debilita la institución encargada de garantizarlo.
Cuestionó que la nueva autoridad forme parte de la Secretaría de la Contraloría y que su titular sea designado desde el Poder Ejecutivo.
Para la legisladora, la falta de un concurso público, convocatoria abierta, terna, comparecencias o ratificación legislativa representa un punto de vulnerabilidad en el nuevo modelo.
Dávila Sánchez citó cifras del propio Infoem: entre el 1 de enero y el 16 de junio de 2026 se registraron 25 mil 962 solicitudes de información pública y 6 mil 492 recursos de revisión.
A partir de esos números, sostuvo que existe una demanda ciudadana considerable y que la discusión no se limita al costo administrativo del organismo.
La diputada también rechazó que el argumento de austeridad sea suficiente para justificar la desaparición de un órgano autónomo.
PRI cuestiona que cada poder se revise a sí mismo
Desde el PRI, el diputado Eduardo Saragoza Sánchez advirtió que la reforma no solo modifica una estructura administrativa, sino que cambia el mecanismo mediante el cual los ciudadanos pueden exigir información y proteger sus datos personales.
El legislador cuestionó que cada poder tenga mecanismos internos para revisar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, en lugar de contar con un órgano externo e independiente.
Según su exposición, Transparencia Mexiquense revisará al Ejecutivo y a los municipios, mientras que las contralorías correspondientes tendrán atribuciones sobre otros poderes y organismos.
Saragoza Sánchez calificó el modelo como un posible retroceso institucional y sostuvo que la autonomía no puede depender de la voluntad de los funcionarios en turno.
También presentó datos que, dijo, muestran efectos negativos tras la desaparición del órgano federal de transparencia: un aumento de las solicitudes de información desechadas, mayores reservas de información y una disminución en las obligaciones de transparencia proactiva.
PRD ve un retroceso de décadas
El diputado Omar Ortega Álvarez, del PRD, se pronunció en contra de la desaparición del Infoem y afirmó que el cambio representa un retroceso en materia de contrapesos democráticos.
Sostuvo que la autoridad encargada de garantizar el acceso a la información no debería formar parte del mismo poder al que corresponde entregar una parte importante de los datos solicitados por los ciudadanos.
Ortega Álvarez reconoció que el cambio institucional parece inevitable por la decisión política de armonizar la legislación estatal con el nuevo marco federal, pero cuestionó que el Estado de México haya optado por un modelo sin independencia presupuestaria y orgánica.
Morena defiende austeridad y permanencia de los derechos
En contraste, el diputado de Morena Octavio Martínez Vargas defendió el dictamen y rechazó que la reforma elimine derechos ciudadanos.
Argumentó que el acceso a la información pública y la protección de datos personales permanecen reconocidos en la Constitución y que los ciudadanos podrán continuar con sus solicitudes ante los poderes públicos, organismos autónomos, dependencias, ayuntamientos y partidos políticos.
Martínez Vargas señaló que el Congreso estatal tenía la obligación de armonizar su legislación con la reforma federal en materia de transparencia.
Uno de los principales argumentos de Morena fue el costo del actual organismo. El diputado afirmó que para 2025 se presupuestaron 227 millones de pesos para el Infoem, recursos que, de acuerdo con su exposición, ahora podrán reorientarse a programas sociales, educación, infraestructura hidráulica, calles y servicios públicos.
También defendió la política de austeridad de los gobiernos de Morena y rechazó que los casos de presunta corrupción mencionados por la oposición tengan relación directa con el diseño de la nueva legislación.
¿Qué cambiará para los ciudadanos?
La reforma establece que el derecho a solicitar información pública y la protección de datos personales permanecerán en el marco jurídico estatal.
El cambio se concentra en quién resolverá y garantizará esos derechos.
Con la desaparición del Infoem, las atribuciones pasarán a un nuevo esquema institucional encabezado por Transparencia Mexiquense, mientras los órganos internos de control tendrán funciones relacionadas con los sujetos obligados que correspondan a cada poder.
El punto que generó mayor controversia durante el debate fue la independencia del nuevo órgano, debido a su adscripción a la Secretaría de la Contraloría.
La oposición considera que esta estructura puede limitar la capacidad de revisión frente al Ejecutivo. Morena sostiene que la autonomía del derecho no depende de la existencia de un organismo constitucional autónomo y que la reforma conserva las garantías previstas en la Constitución.
Una transición que puede extenderse hasta 180 días
La aprobación legislativa marca el inicio de un proceso de transición que incluye la transferencia de bienes, recursos, personal y funciones del Infoem.
El periodo para entregar los recursos materiales fue fijado en 20 días, mientras que la liquidación administrativa tendrá un plazo que puede llegar hasta 180 días, de acuerdo con las intervenciones realizadas durante la sesión.
La fecha exacta de conclusión dependerá de la velocidad con que se concrete la transferencia y de las determinaciones administrativas posteriores.
Mientras ese proceso concluye, las funciones de transparencia no desaparecen. La nueva estructura deberá asumirlas conforme entre en vigor el nuevo marco jurídico y se complete la reorganización administrativa.
El dictamen aprobado por el Congreso sostiene que el nuevo modelo busca reducir costos, simplificar la estructura gubernamental y garantizar el acceso a la información y la protección de datos personales.
La oposición, en cambio, advierte que el ahorro administrativo no debe producirse a costa de la independencia institucional y de los contrapesos frente al poder público.
Con 56 votos a favor y 18 en contra, la mayoría legislativa aprobó el cambio. El siguiente paso será la formalización del decreto y su entrada en vigor conforme a las disposiciones establecidas, con lo que comenzará una de las mayores modificaciones institucionales en materia de transparencia del Estado de México en las últimas décadas.
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