- Miguel “N”, presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, fue detenido junto con otra persona que cuenta con una orden de aprehensión. Las investigaciones los relacionan con una estructura señalada por extorsión y cobro de piso, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidios; la UIF también bloqueó recursos y cuentas vinculadas con el caso.
Ciudad de México, 23 de septiembre de 2026. La detención del presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, Miguel “N”, abrió una investigación sobre una presunta red criminal que, de acuerdo con las autoridades, habría operado mediante extorsiones a comerciantes y empresarios, cobro de piso, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidios.
El edil fue detenido junto con otra persona, identificada como Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, durante un operativo efectuado este 23 de septiembre de 2026. Ambos contaban con órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado.
La investigación también contempla la existencia de esquemas de protección que, según las autoridades, habrían facilitado las operaciones de integrantes de grupos delictivos en la región. Hasta el momento, estos señalamientos forman parte de una investigación penal y deberán ser acreditados ante las autoridades judiciales correspondientes.
Investigación sobre una red de extorsión
El caso surgió a partir de trabajos de investigación e inteligencia dirigidos a identificar a servidores públicos presuntamente vinculados con actividades delictivas o con mecanismos de protección para organizaciones criminales.
Las indagatorias permitieron establecer distintas líneas relacionadas con una estructura que habría tenido entre sus actividades el cobro de piso a comerciantes y empresarios, además de narcomenudeo, tráfico de personas y homicidios.
La información oficial no atribuye de manera definitiva todos estos delitos a los detenidos; señala que ambos fueron identificados dentro de una investigación que busca determinar responsabilidades y la posible participación de una estructura más amplia.
La captura se realizó en el marco del Operativo Enjambre, mediante un despliegue conjunto de autoridades federales y estatales.
Despliegue federal y estatal
En la operación participaron elementos de la Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de la Defensa Nacional, Fiscalía General de la República y Guardia Nacional.
El operativo contó además con la participación de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de Oaxaca.
La ejecución de las órdenes de aprehensión forma parte de una investigación que no se limita a las dos personas detenidas. Las autoridades informaron que las acciones continúan con el objetivo de identificar a otros integrantes de la estructura y determinar el alcance de las presuntas redes de protección.
De acuerdo con la información difundida por el Gabinete de Seguridad, las pesquisas continúan para desarticular la estructura criminal y sus mecanismos de protección.
UIF bloquea cuentas relacionadas con la investigación
La investigación también alcanzó el componente financiero de la presunta estructura.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó la inmovilización de recursos y el bloqueo de cuentas de personas relacionadas con los hechos investigados.
La medida busca afectar la capacidad económica de la red bajo investigación y forma parte de las acciones paralelas al procedimiento penal. La autoridad no detalló en el comunicado oficial el monto total de los recursos inmovilizados ni el número de cuentas bloqueadas.
Este componente financiero adquiere relevancia porque la investigación contempla actividades como la extorsión y el cobro de piso, delitos que generan ingresos ilícitos a partir de comerciantes, empresarios y otras actividades económicas.
El papel de los funcionarios bajo investigación
Uno de los ejes de la indagatoria es la presunta utilización de estructuras institucionales para facilitar actividades de grupos delictivos.
La información oficial señala que los trabajos de inteligencia estuvieron dirigidos a detectar servidores públicos que pudieran proporcionar protección a organizaciones criminales. En el caso de Juchitán, el alcalde fue identificado como una de las personas contra las que existían órdenes de captura.
La acusación formal que sustenta su detención corresponde a extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado. Cualquier responsabilidad adicional relacionada con los delitos investigados tendrá que determinarse conforme avance el proceso judicial.
La detención, por sí misma, no constituye una sentencia y corresponde a las autoridades ministeriales presentar los elementos de prueba ante un juez.
Una investigación que permanece abierta
El caso permanece abierto y las autoridades anticiparon nuevas acciones para ubicar a otros integrantes de la estructura investigada.
Además de las detenciones, el expediente contempla líneas relacionadas con extorsión, cobro de piso, narcomenudeo, tráfico de personas, homicidios y presuntos mecanismos de protección institucional.
La coordinación entre autoridades federales y estatales continuará, de acuerdo con el Gabinete de Seguridad, mientras avanzan las investigaciones y se determina la posible responsabilidad de las personas señaladas.
Por ahora, el dato central del operativo es la captura del presidente municipal de Juchitán de Zaragoza y de otra persona con orden de aprehensión, junto con el bloqueo de recursos financieros vinculados con la investigación. El siguiente punto del caso será establecer ante la autoridad judicial qué conductas pueden acreditarse, contra quiénes y cuál era el alcance real de la estructura investigada.
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