- Con 59 votos a favor y 12 abstenciones, el Congreso mexiquense avaló una nueva legislación universitaria después de 34 años. La reforma amplía la participación de la comunidad, modifica la representación institucional y establece un plazo máximo de un año para actualizar el Estatuto Universitario.
Toluca, Estado de México, 29 de octubre de 2026.— Después de 34 años sin una renovación integral de su marco jurídico, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) contará con una nueva ley que contempla la eliminación progresiva de las cuotas de inscripción y reinscripción, una mayor participación de estudiantes y docentes en las decisiones institucionales y nuevos mecanismos de responsabilidad universitaria. El Congreso del Estado de México aprobó el proyecto con 59 votos a favor y 12 abstenciones, en una sesión que reunió distintas propuestas legislativas y que dejó como uno de sus principales desafíos el financiamiento de las nuevas disposiciones.
La legislación sustituirá el marco normativo de 1992 y reconoce a la UAEMéx como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y plena autonomía en sus ámbitos académico, técnico, de gobierno, administrativo y económico. También incorpora el reconocimiento de la educación y la ciencia como bienes públicos y derechos fundamentales, conforme a los principios de la Ley General de Educación Superior. La reforma tiene como antecedente un proceso de consulta entre estudiantes, personal académico y administrativo, cuya propuesta recibió previamente el respaldo unánime del Consejo Universitario.
Cuatro iniciativas integraron la nueva legislación
El dictamen aprobado por la LXII Legislatura mexiquense reunió las propuestas presentadas por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez; los diputados de Morena Octavio Martínez Vargas y Gerardo Pliego Santana, así como integrantes del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano. Las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación determinaron analizar conjuntamente las iniciativas por su coincidencia temática. Sin embargo, la propuesta de reforma al artículo 5 de la Constitución estatal quedó pendiente de estudio, por lo que el dictamen se concentró en las disposiciones legales de la universidad.
Entre los principales cambios destacan la ampliación del Consejo Universitario, una representación más extensa de los espacios académicos, mecanismos de participación en la elección de autoridades, un sistema de ética y justicia universitaria y disposiciones relacionadas con la igualdad sustantiva, la inclusión y la responsabilidad institucional. La reforma también establece que al menos cada 10 años deberá realizarse una revisión integral de la legislación universitaria, con participación de su comunidad, para evitar periodos prolongados sin actualización normativa.
Gratuidad dependerá de recursos disponibles
Uno de los puntos centrales de la nueva ley es la reducción progresiva hasta la eliminación de los cobros de inscripción y reinscripción, aunque su aplicación no será inmediata. La rectora Martha Patricia Zarza Delgado explicó que el avance dependerá de la disponibilidad presupuestal y que la universidad deberá establecer un programa anual de gratuidad, con metas acordes con los recursos institucionales. La medida representa uno de los compromisos financieros más importantes de la reforma, debido a la necesidad de sustituir gradualmente los ingresos que actualmente obtiene la institución por estos conceptos.
La rectora reconoció que la UAEMéx necesitará un incremento presupuestal para cumplir las nuevas obligaciones, principalmente en gratuidad, infraestructura e innovación tecnológica. No precisó el monto adicional que solicitará, pero señaló que el proyecto financiero se presentaría durante la primera quincena de noviembre. A estas necesidades se suma la actualización de los instrumentos internos: la universidad tendrá un plazo máximo de 365 días para armonizar su Estatuto Universitario, mientras que las disposiciones específicas sobre sanciones, faltas graves, responsabilidades y uso ético de nuevas tecnologías deberán desarrollarse en la normativa secundaria.
Diputados plantean ampliar cobertura y revisar antecedentes financieros
Durante la discusión, el diputado Octavio Martínez Vargas, de Morena, sostuvo que la reforma debe contribuir a reducir la concentración territorial de la oferta educativa. Como ejemplo, señaló que Ecatepec concentra, según sus cifras, alrededor del 13% de la población estatal, pero dispone de una oferta limitada de la UAEMéx. También afirmó que nueve de cada 10 jóvenes del municipio desconocen la universidad, aunque no presentó en su intervención la fuente estadística de esa estimación. El legislador expuso casos de estudiantes que, pese a obtener un lugar, abandonaron sus estudios por los costos de traslado y alojamiento en planteles alejados de sus comunidades.
Martínez Vargas también cuestionó los antecedentes de manejo financiero de la institución y recordó el caso conocido como La Estafa Maestra, al mencionar transferencias por aproximadamente mil 440 millones de pesos de la entonces Secretaría de Desarrollo Social federal a la universidad. Criticó la falta de sanciones que, a su juicio, persiste respecto de esos señalamientos y pidió mayor transparencia en la administración de los recursos. Además, afirmó que seis de cada 10 jóvenes privados de la libertad en la entidad tienen menos de 28 años, dato que utilizó para argumentar la necesidad de ampliar las oportunidades educativas, sin identificar la fuente de esa proporción. Sus señalamientos no constituyen por sí mismos una determinación de responsabilidad administrativa o penal.
Innovación, salud mental y derechos universitarios
Por su parte, Gerardo Pliego Santana, también de Morena, planteó que la actualización legal debe traducirse en mayores oportunidades de permanencia y conclusión de estudios, además de mecanismos democráticos de participación. Entre los asuntos que consideró prioritarios mencionó la investigación científica, la transformación digital, la inteligencia artificial, la salud física y mental, la igualdad sustantiva y la prevención de la violencia. Señaló que el acceso a la educación superior no debe limitarse a obtener un lugar, sino incluir condiciones que permitan a los estudiantes concluir su formación.
La diputada Paola Jiménez destacó que la reforma deberá acompañarse de una ampliación de matrícula, fortalecimiento presupuestal y mecanismos de vigilancia del gasto universitario. También advirtió que la nueva integración del Consejo Universitario tendrá que reflejarse en una participación efectiva de la comunidad y en decisiones institucionales responsables. Durante el debate se hizo referencia a una población aproximada de 85 mil estudiantes y cerca de 100 mil integrantes de la comunidad universitaria, entre alumnado, docentes y personal administrativo, cifras mencionadas en tribuna que requieren distinguirse de los registros oficiales de matrícula.
UAEMéx tendrá un año para actualizar sus estatutos
Tras la votación, la rectora Martha Patricia Zarza Delgado señaló que la aprobación representa el inicio de una etapa de adecuación institucional y no la conclusión del proceso de reforma. Explicó que los cambios relacionados con innovación tecnológica, inteligencia artificial, faltas administrativas, acoso y mecanismos de sanción deberán desarrollarse con mayor precisión en el Estatuto Universitario y otros instrumentos normativos. Asimismo, sostuvo que la nueva legislación busca ampliar los derechos de la comunidad, fortalecer la representación institucional y mejorar la vinculación de la universidad con las necesidades sociales del Estado de México.
La aprobación legislativa abre ahora una etapa de implementación que dependerá de la publicación y entrada en vigor del decreto, la armonización normativa y la disponibilidad de recursos públicos. Aunque la reforma establece nuevas bases para la organización universitaria, sus efectos en las cuotas escolares, la representación de estudiantes y académicos, la atención de denuncias y la expansión de servicios educativos dependerán de las reglas específicas y de su aplicación. El reto inmediato para la UAEMéx será convertir las disposiciones aprobadas en cambios verificables para su comunidad, sin comprometer su autonomía ni su estabilidad financiera.
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