
- La gobernadora del Estado de México respaldó la revisión de contrataciones de materiales electorales y señaló antecedentes de presuntas irregularidades desde 1999. El caso involucra cuestionamientos sobre proveedores, organismos electorales y mecanismos de adjudicación.
Toluca, Estado de México, 5 de noviembre de 2026.— La gobernadora Delfina Gómez Álvarez manifestó su respaldo a las investigaciones sobre presuntas irregularidades en la contratación de materiales electorales, un caso cuyos antecedentes, según su posicionamiento, se remontan a 1999 en el Estado de México y que posteriormente habría alcanzado al Instituto Nacional Electoral (INE) y a organismos electorales de distintas entidades del país.
El pronunciamiento se produjo después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitara la intervención de instancias federales para revisar las operaciones de una presunta red de proveedores que, de acuerdo con los señalamientos difundidos, habría concentrado contratos públicos durante varias décadas. La mandataria mexiquense pidió esclarecer los hechos, identificar posibles responsabilidades individuales y evitar que las investigaciones se conviertan en señalamientos sin sustento documental.
Contratos electorales bajo revisión de cuatro instancias federales
De acuerdo con el comunicado, las dependencias señaladas para intervenir en el caso son la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y, si se identifican posibles delitos, la Fiscalía General de la República (FGR). Cada institución cuenta con atribuciones distintas en materia de responsabilidades administrativas, análisis financiero, fiscalización y persecución penal.
El señalamiento central apunta a la presunta concentración de contratos de materiales electorales en un mismo grupo de proveedores durante un periodo prolongado. Sin embargo, el posicionamiento de la gobernadora no precisa montos contratados, número de adjudicaciones, empresas beneficiadas ni expedientes específicos, datos necesarios para dimensionar el posible daño al erario y establecer si existieron violaciones a la legislación aplicable.
Estado de México, entre los antecedentes señalados
El documento sitúa los primeros cuestionamientos en 1999, dentro del sistema electoral mexiquense, y menciona un segundo episodio en 2005, cuando un escándalo relacionado con contrataciones derivó, según el comunicado, en la renuncia de consejeros electorales. También establece 2014 como un año relevante para la presunta expansión del esquema hacia el INE y organismos públicos locales electorales, aunque no identifica los contratos concretos que permitirían acreditar esa continuidad.
Guadalupe Taddei y la crisis administrativa del INE
El pronunciamiento también hace referencia a Guadalupe Taddei Zavala, quien fue designada presidenta del organismo electoral de Sonora en 2014, durante la gestión de Lorenzo Córdova Vianello al frente del INE. Posteriormente, en 2023, Taddei llegó a la presidencia del instituto nacional mediante el procedimiento de insaculación. Su renuncia, presentada el 26 de octubre de 2026, ocurrió en medio de cuestionamientos por posibles conflictos de interés y adjudicaciones a proveedores de materiales electorales. La exconsejera sostuvo que su decisión buscaba preservar la estabilidad institucional. EL PAÍS México +2
ASF revisa 25 años de adquisiciones electorales
La investigación federal contempla un análisis histórico de las contrataciones efectuadas por el IFE, el INE y los organismos públicos locales electorales entre 2000 y 2025, un periodo de 25 años. La ASF busca identificar patrones de concentración de proveedores y posibles irregularidades en el uso de recursos públicos. Por separado, investigaciones periodísticas han documentado contratos por 1,803 millones de pesos en al menos 17 entidades, relacionados con empresas sujetas a revisión. Esas cifras representan montos contratados, no recursos cuyo desvío haya quedado acreditado. Contralínea +2
Renuncias y revisión de contratos en el organismo electoral
La crisis administrativa también provocó movimientos en la estructura del INE. Hasta el 3 de noviembre, el organismo había reportado 30 renuncias, de las cuales 17 correspondían a personal de la oficina de la expresidenta, además de bajas en áreas directivas y administrativas. La presidencia provisional quedó a cargo de Blanca Cruz García, mientras las consejerías iniciaron una revisión de los procedimientos de contratación y de los nombramientos de primer nivel. Estas salidas no constituyen, por sí mismas, pruebas de responsabilidad administrativa o penal. N+ +1
Elecciones de 2027, bajo el compromiso de transparencia
Ante el proceso electoral de 2027, Delfina Gómez sostuvo que el esclarecimiento de las contrataciones resulta necesario para preservar la confianza en las instituciones y garantizar condiciones de certeza para los votantes del Estado de México. La gobernadora atribuyó el origen de las prácticas cuestionadas a administraciones anteriores a la llamada Cuarta Transformación y contrastó ese periodo con la actuación del actual gobierno federal, una valoración política incluida en su comunicado. También pidió que cualquier sanción se sustente en pruebas y procedimientos legales. Por ahora, las investigaciones continúan y no existe una determinación definitiva de responsabilidades sobre el conjunto de señalamientos.

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