- Familiares de personas encarceladas exigieron a la Fiscalía mexiquense revisar expedientes por presuntas acusaciones fabricadas y detenciones arbitrarias. La protesta paralizó ambos sentidos de Paseo Tollocan y concluyó sin acuerdos públicos sobre los casos denunciados.
Toluca, Estado de México, 11 de noviembre de 2026.— Durante seis horas, aproximadamente, integrantes del Colectivo Nacional No Más Presos Inocentes mantuvieron bloqueados los carriles centrales y laterales de Paseo Tollocan, a la altura de las Torres Bicentenario, para exigir la revisión de procesos penales que consideran irregulares. La movilización comenzó alrededor de las 12:20 horas y concluyó cerca de las 18:20 horas, después de afectar una de las principales vías de comunicación del Valle de Toluca.
El cierre se extendió en ambos sentidos de la vialidad, con afectaciones desde las inmediaciones del Hotel Radisson, en dirección a la Ciudad de México, hasta la zona de Alfredo del Mazo, hacia el centro de Toluca. La interrupción del tránsito provocó largas filas de vehículos, retrasos en el transporte público y complicaciones para cientos de automovilistas que quedaron detenidos durante la protesta.
Denuncian procesos penales de hasta tres años
Los manifestantes acusaron presuntas detenciones arbitrarias, fabricación de pruebas, imputaciones sin sustento y retrasos judiciales en expedientes relacionados con delitos de secuestro, homicidio, extorsión y agresiones sexuales. Norma López, integrante del colectivo, cuestionó que algunos procedimientos se prolonguen durante dos y hasta tres años, con audiencias diferidas y gastos económicos constantes para las familias, sin que exista una resolución definitiva sobre la situación jurídica de sus familiares.
Entre los expedientes expuestos se encuentra el de Blanca Flor Vargas, quien, según sus familiares, está próxima a cumplir tres años privada de la libertad en el penal de Santiaguito, acusada de secuestro. Sus allegados rechazan los señalamientos y solicitan una revisión de las pruebas. El colectivo sostiene que existen alrededor de 500 personas encarceladas injustamente en el Estado de México; sin embargo, esta cifra corresponde a sus propias estimaciones y no cuenta con una verificación independiente que permita establecer cuántos casos presentan irregularidades acreditadas.
Fiscalía interviene tras varias horas de protesta
Alrededor de las 16:00 horas, representantes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) establecieron contacto con los inconformes para escuchar sus demandas. Para entonces, el bloqueo acumulaba casi cuatro horas y había provocado momentos de tensión entre conductores y manifestantes. Durante la jornada se reportaron discusiones y una presunta agresión contra integrantes del colectivo, aunque no se confirmó oficialmente la existencia de personas lesionadas.
La representante del movimiento, Karina Escandón Camargo, participó en una mesa de diálogo con personal de la Fiscalía para plantear la revisión individual de los expedientes. No obstante, hasta el cierre de la jornada no se habían dado a conocer acuerdos específicos, plazos de respuesta ni mecanismos formales de seguimiento para los casos denunciados. Tampoco se informó sobre una determinación judicial que modificara la situación jurídica de alguna de las personas mencionadas durante la movilización.
Liberan Tollocan, pero permanece la exigencia de justicia
El bloqueo terminó alrededor de las 18:20 horas, después de casi seis horas de afectaciones y en medio de la lluvia que se registró en Toluca. Los participantes retiraron los cierres y permitieron el restablecimiento de la circulación en ambos sentidos de Paseo Tollocan. La protesta concluyó sin una resolución pública a las demandas de las familias, quienes insisten en que las autoridades revisen las pruebas, las actuaciones ministeriales y las posibles irregularidades de cada procedimiento.
El conflicto dejó dos asuntos pendientes: la revisión de las denuncias por posibles irregularidades en procesos penales y la falta de una respuesta pública con compromisos verificables. Aunque la Fiscalía puede revisar las actuaciones de su competencia, cualquier modificación a una sentencia o medida judicial corresponde a las autoridades jurisdiccionales facultadas. Por ahora, las acusaciones expuestas por el colectivo permanecen como señalamientos que requieren una investigación individual y sustento documental.
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