Iberdrola vende 13 plantas eléctricas al gobierno de México por 6.200 millones de dólares

Ciudad de México, 26 de febrero de 2024. La empresa española Iberdrola ha cerrado este lunes la venta de 13 plantas eléctricas al gobierno de México, por un monto de 6.200 millones de dólares (unos 5.800 millones de euros), según ha informado la compañía en un comunicado.

La operación, que se anunció en abril del año pasado, se ha concretado tras recibir la autorización de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) de México, que impuso algunas condiciones para evitar prácticas monopólicas.

El comprador mayoritario de las plantas, con un 51% de participación, es el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), un organismo público que administra recursos para proyectos de infraestructura. El resto de la participación corresponde a un fondo privado, Mexican Infrastructure Partners (MIP), que actúa como vehículo financiero.

Las plantas vendidas por Iberdrola son 12 centrales de generación de ciclo combinado y un parque eólico, que representan el 55% de su negocio en México. La empresa ha señalado que la desinversión se enmarca dentro de su estrategia de descarbonización y que conservará 15 plantas, su actividad con clientes privados y su cartera de proyectos renovables en el país.

El gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha celebrado la compra como un paso para recuperar el liderazgo del Estado en la generación de energía eléctrica. El mandatario ha mantenido una postura crítica hacia las empresas privadas del sector, a las que acusa de competir de forma desleal con la empresa pública Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La venta de Iberdrola se produce en un contexto de tensión entre el gobierno mexicano y las empresas extranjeras de energía, especialmente las de origen español. En los últimos meses, el Ejecutivo ha impulsado una serie de reformas legales que buscan favorecer a la CFE y limitar la participación de las compañías privadas, sobre todo las que generan energía renovable.

Estas medidas han sido cuestionadas por la oposición política, el sector empresarial, la sociedad civil y la comunidad internacional, que las consideran contrarias al libre mercado, al medio ambiente y a los tratados comerciales. Algunas de estas reformas han sido impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tendrá que resolver su constitucionalidad.