Ciudad de México.— La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acudió este miércoles a las instalaciones de la Fiscalía General de la República para rendir declaración dentro de la investigación relacionada con la presunta participación de agentes de la Central Intelligence Agency en un operativo antidrogas realizado en territorio chihuahuense.
La comparecencia escaló el conflicto político entre Morena y el PAN, luego de que legisladores oficialistas promovieran una solicitud de juicio político contra la mandataria estatal por presuntas irregularidades vinculadas con la actuación de agentes extranjeros en México.
Citatorio federal detonó confrontación política
El requerimiento ministerial fue emitido formalmente el sábado 23 de mayo. Aunque la mandataria panista cuenta con fuero constitucional, decidió acudir personalmente a la sede central de la FGR, ubicada en la colonia Doctores de la Ciudad de México.
La gobernadora arribó alrededor de las 10:00 horas, acompañada por integrantes de la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional, respaldo que transformó la diligencia ministerial en un acto político.
Inicialmente, Campos tenía previsto permanecer en Ciudad Juárez, donde se manejó la posibilidad de atender el requerimiento federal; sin embargo, finalmente viajó a la capital del país para comparecer directamente ante autoridades ministeriales.
Investigación gira en torno a operativo antidrogas
La carpeta de investigación se relaciona con un operativo contra el narcotráfico realizado en Chihuahua, donde presuntamente participaron agentes de inteligencia estadounidenses.
El caso generó tensión política y diplomática debido a que la legislación mexicana establece restricciones claras sobre la actuación de corporaciones extranjeras en territorio nacional.
La investigación también derivó en una ofensiva legislativa de Morena contra la administración estatal panista, al considerar que pudieron existir violaciones al marco jurídico mexicano en materia de seguridad y cooperación internacional.
“Salgo a dar la cara”: la postura de Maru Campos
Antes de ingresar a las instalaciones de la FGR, Maru Campos sostuvo que su citatorio forma parte de una persecución política impulsada desde el gobierno federal.
“Se me cita bajo la simulación de ser un testigo, pero con la burda finalidad de fabricarme un caso y convertirme en inculpada”, declaró la mandataria.
La gobernadora acusó además que las autoridades federales vulneraron la protección constitucional inherente a su cargo como titular del Poder Ejecutivo estatal.
Campos defendió la actuación de su administración en el combate al crimen organizado y aseguró que su gobierno colaboró con la FGR en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en Chihuahua.
PAN acusa uso político de la Fiscalía
La dirigencia nacional panista acusó al gobierno federal de utilizar a la FGR como mecanismo de presión política contra una gobernadora de oposición.
El respaldo institucional al arribo de Campos buscó enviar un mensaje de unidad partidista ante lo que Acción Nacional calificó como un intento de judicializar diferencias políticas.
La mandataria también contrastó su situación con investigaciones abiertas en otras entidades, particularmente en Sinaloa, donde —dijo— existen señalamientos provenientes de autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el narcotráfico.
“A mí no me han acusado formalmente de nada, pero desde hace un mes buscan cómo torcer la ley para perseguirme”, afirmó.
El trasfondo: seguridad, soberanía y disputa política
El caso ocurre en medio del debate nacional sobre la participación de agencias extranjeras en operativos de seguridad en México y el alcance de los convenios de cooperación bilateral.
La legislación mexicana limita las facultades operativas de agentes extranjeros y establece mecanismos específicos de coordinación con autoridades nacionales.
Analistas consultados señalan que la investigación podría convertirse en un precedente político y jurídico sobre la relación entre gobiernos estatales y corporaciones internacionales de inteligencia, particularmente en estados fronterizos con fuerte presión del crimen organizado.
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