- Las investigaciones de la Fiscalía mexiquense identifican una presunta estructura de extorsión vinculada con organizaciones que se ostentaban como sindicatos.
- Hay seis inmuebles y 20 vehículos asegurados; comerciantes, franeleros, pepenadores y propietarios de negocios habrían sido obligados a pagar cuotas. Una agente del Ministerio Público fue detenida este 9 de septiembre por su probable participación en el entramado.
Toluca, Estado de México, 10 de septiembre de 2026. Una investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) apunta a una estructura que habría utilizado organizaciones con apariencia sindical para controlar actividades comerciales y de transporte en la Central de Abasto de Ecatepec.
El expediente ya derivó en la judicialización de 10 personas, mientras otras permanecen bajo investigación. Las autoridades también han asegurado seis inmuebles, 20 vehículos y diversos bienes, como parte de las pesquisas que comenzaron a tomar forma desde julio y que tuvieron una nueva acción este 9 de septiembre.
Pero el elemento que eleva el alcance de la investigación se encuentra dentro de la propia institución encargada de combatir la red.
La Fiscalía informó que una agente del Ministerio Público identificada como Isela “N” fue detenida este miércoles, señalada por su probable participación en el delito de extorsión. De acuerdo con la investigación, la funcionaria habría proporcionado a uno de los presuntos integrantes información relacionada con carpetas de investigación y posibles operativos.
La acusación plantea una posible conexión entre la estructura criminal investigada y una funcionaria con acceso a información sensible de investigaciones en curso.
Isela “N” fue puesta a disposición de la autoridad judicial en el Centro Penitenciario de Cuautitlán, donde deberá definirse su situación jurídica.
El cobro alcanzaba hasta mil pesos diarios
Los datos incorporados a la investigación describen un esquema de cobros que habría afectado a distintos sectores que trabajan dentro y alrededor de la Central de Abasto.
La Fiscalía estima que alrededor de 100 franeleros serían víctimas de este esquema y que cada uno habría tenido que entregar 250 pesos diarios para poder trabajar.
A los pepenadores se les exigirían 20 pesos diarios, mientras que las bodegas y establecimientos comerciales tendrían cuotas de entre 500 y mil pesos diarios, de acuerdo con el tamaño del negocio.
Estos montos permiten dimensionar el volumen económico que podría representar la extorsión si los señalamientos son acreditados judicialmente.
El expediente sostiene que las cuotas no constituían pagos voluntarios, sino exigencias acompañadas de amenazas y presiones contra comerciantes y trabajadores.
USON y COTRAMEX, bajo investigación
Las pesquisas identifican una presunta participación de integrantes de organizaciones que, según la Fiscalía, funcionaban bajo una fachada sindical.
Entre ellas aparecen la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON) y la Organización de Comercio, Transporte, Productores y Campesinos de Alta Participación Social de México (COTRAMEX, A.C.).
También son investigados integrantes del Consejo de Administración de la Unión de Comerciantes, Productores y Condóminos del Centro de Abasto Ecatepec, A.C., relacionada con la administración de la Central de Abasto Ecatepec.
La hipótesis ministerial apunta a que distintos grupos habrían ocupado posiciones dentro de la actividad comercial, transporte y cobro de cuotas, con funciones diferenciadas.
“Coronel”: abogados, rancho y vehículos de alta gama
Uno de los principales objetivos de la investigación es Jorge Antonio “N”, alias “Coronel”, identificado por la Fiscalía como uno de los líderes de USON.
Fue detenido el 4 de julio en Tizayuca, Hidalgo, después de que, según la investigación, se trasladó a esa entidad para evadir la acción de las autoridades mexiquenses.
La captura ocurrió después de la supuesta fuga de Guillermo “N”, quien contaba con un mandamiento federal pendiente.
A “Coronel” se le investiga por su probable participación en extorsión, robo con violencia y despojo, además de otros hechos. La Fiscalía también señaló que existen antecedentes de investigaciones federales y locales en su contra.
El 10 de julio fue vinculado a proceso por el delito de secuestro exprés con fines de extorsión y permanece bajo prisión preventiva en el penal de Ecatepec.
Seis inmuebles bajo aseguramiento
Los cateos relacionados con “Coronel” permitieron asegurar seis inmuebles.
Entre ellos se encuentra el “Despacho de Abogados Coronel”, ubicado en Ecatepec y que, de acuerdo con la investigación, habría sido utilizado para favorecer un esquema de despojos.
También fueron asegurados el rancho “Xala”, un salón de fiestas, una amplia propiedad privada y la escuela de educación básica “Coronel School Kids”, estos últimos inmuebles ubicados en Ecatepec.
Otro de los puntos asegurados fue el “Rancho Coronel”, en Axapusco.
En ese lugar fueron localizados 87 borregos, 24 caballos, 15 burros, nueve puercos y dos ponis, además de tractores, maquinaria agrícola y remolques ganaderos.
La Fiscalía mantiene bajo revisión la procedencia de los bienes y la licitud de los recursos utilizados para adquirirlos y mantenerlos.
Una flotilla de 20 vehículos
La investigación también alcanzó el patrimonio vehicular atribuido al grupo.
Fueron asegurados 20 automotores, de los cuales 16 son camionetas: cinco Ford, tres Chevrolet, tres GMC, dos RAM, una Mazda, una Nissan y una Land Rover.
La lista incluye además un Dodge Challenger, dos automóviles clásicos y una cuatrimoto.
La procedencia legal de estos vehículos forma parte de las investigaciones.
“El Gordo”: un falso funcionario que habría usado cargos para intimidar
Otro de los detenidos es Alejandro “N”, alias “El Gordo”, señalado como dirigente de COTRAMEX.
La Fiscalía sostiene que creó esta organización para prestar servicios de transporte de mercancías dentro y en los alrededores de la Central de Abasto y que el grupo habría sido utilizado para transportar mercancía robada.
El expediente atribuye a “El Gordo” otra modalidad de intimidación: supuestamente se presentaba como Fiscal Regional, agente del Ministerio Público, magistrado, legislador y abogado, pese a no contar con cédula profesional.
También habría afirmado ser integrante de la Mesa Directiva de la Central de Abasto.
Su detención ocurrió el 19 de agosto.
Una familia retenida por un remolque
La acusación que llevó a “El Gordo” ante un juez se relaciona con un hecho ocurrido el 16 de febrero de 2026 en Santiago Tolman, Otumba.
De acuerdo con la investigación, el ahora detenido y sus cómplices habrían privado de la libertad a una familia bajo el argumento de que el remolque en el que viajaban era robado.
La hipótesis ministerial señala que los amenazaron con llevarlos a prisión y posteriormente los obligaron a firmar un documento mediante el cual se comprometían a entregar dinero a cambio de no ser llevados ante las autoridades.
Una de las víctimas declaró ante el Ministerio Público que el imputado le habría exigido 100 mil pesos y que utilizó supuestas conexiones con diputados para intimidarlo.
El 2 de septiembre, Alejandro “N” fue vinculado a proceso por secuestro exprés con fines de extorsión y quedó bajo prisión preventiva en el penal de Texcoco.
“Siddhartha” y los préstamos con amenaza de despojo
Otro de los detenidos es Enrique “N”, alias “Siddhartha”, señalado por comerciantes y locatarios como prestamista que habría operado con autorización de integrantes de la Mesa Directiva.
La investigación sostiene que imponía réditos y cuotas ilegales y amenazaba a quienes no podían cubrirlas con causarles daño o quitarles sus bodegas o puestos.
Uno de los casos documentados ocurrió el 18 de mayo de 2026 en Nezahualcóyotl.
Según la Fiscalía, “Siddhartha” y otros dos sujetos habrían exigido 500 pesos semanales a un vendedor de productos cosméticos para permitirle continuar con su actividad.
El imputado fue vinculado a proceso por extorsión el 2 de septiembre.
Cobradoras de cuotas y un esquema que alcanzaría a 100 franeleros
La investigación también llevó a la captura de Laura “N” y su hija Magaly “N”, señaladas como presuntas cobradoras de cuotas dentro de la Central de Abasto.
Ambas fueron detenidas el 21 de agosto y enfrentan una acusación por secuestro exprés con fines de extorsión.
La Fiscalía relaciona a Laura “N” con Miguel Ernesto “N”, alias “El Maiky”, detenido el 10 de agosto de 2025 en Ecatepec por portación de arma de fuego.
Antes de esa detención, según la investigación, “El Maiky” habría cobrado cuotas a franeleros, pepenadores y locatarios para permitirles trabajar.
Las autoridades sostienen que Laura “N” habría asumido posteriormente esa actividad.
El expediente estima que aproximadamente 100 franeleros estarían sometidos a una cuota diaria de 250 pesos.
El caso que detonó otra acusación
La investigación contra Laura y Magaly se relaciona con hechos del 30 de abril de 2026, cuando, según la Fiscalía, ambas y otro sujeto habrían privado de la libertad a víctimas dentro de la Central de Abasto para exigirles el pago de una cuota.
La acusación establece que las víctimas recibieron amenazas de sufrir daños, al igual que sus familiares, si se negaban a pagar.
Las dos mujeres permanecen en el penal de Ecatepec y fueron vinculadas a proceso el 2 de septiembre.
Cuatro detenidos por “alinear” a comerciantes
El 12 de agosto, la Fiscalía detuvo también a Marco Antonio “N”, Roberto “N”, alias “El Abeja”, Vladimir Alejandro “N”, alias “El Mudo”, e Iván “N”.
Los cuatro son investigados por su presunta pertenencia a un grupo delictivo con orígenes en Jalisco y por la venta de estupefacientes dentro de la Central de Abasto.
La investigación los relaciona además con el llamado “alineamiento” de comerciantes.
Los cuatro fueron detenidos por su probable participación en una extorsión agravada ocurrida el 25 de junio de 2026, cuando un vendedor ambulante habría sido amenazado con un arma de fuego para obligarlo a pagar dinero por concepto de “derecho de piso”.
El 20 de agosto fueron vinculados a proceso y permanecen bajo prisión preventiva en el penal de Ecatepec.
La presunta infiltración: una funcionaria habría alertado a “El Gordo”
El componente más delicado de la investigación apareció con la identificación de Isela “N”, agente del Ministerio Público de la propia Fiscalía mexiquense.
Según la información ministerial, la funcionaria habría tenido acceso a investigaciones relacionadas con la estructura y presuntamente entregaba información a Alejandro “N”, “El Gordo”.
La acusación sostiene que también le habría advertido sobre acciones operativas que podían afectar sus actividades delictivas.
La hipótesis, de acreditarse ante un juez, implicaría que una persona con acceso institucional a investigaciones habría servido como fuente de información para uno de los principales objetivos de la pesquisa.
Isela “N” fue detenida este 9 de septiembre mediante una orden de aprehensión y quedó a disposición de la autoridad judicial.
Su situación jurídica todavía está pendiente de resolución.
Una investigación que sigue abierta
Las acciones forman parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y de los trabajos de la Mesa de Paz de la entidad. Los operativos se realizaron los días 4 y 6 de julio; 12, 19 y 20 de agosto, y 9 de septiembre.
La investigación continúa abierta y la Fiscalía busca identificar a otros integrantes de la estructura.
Por ahora, el expediente deja una fotografía de una presunta red con varios niveles: organizaciones con fachada sindical, cobro de cuotas, posibles despojos, transporte de mercancía presuntamente robada, venta de drogas, amenazas y, de acuerdo con la acusación contra Isela “N”, una posible filtración de información desde el interior de la propia Fiscalía.
El alcance económico también está bajo investigación: seis inmuebles y 20 vehículos permanecen asegurados, mientras las autoridades revisan si su adquisición corresponde a recursos lícitos.
La investigación tendrá que determinar qué personas formaban parte de la estructura, qué delitos pueden acreditarse individualmente y, particularmente, si existió una red de protección o filtración de información que permitió a los señalados anticiparse a las acciones de las autoridades.
Por ahora, las acusaciones forman parte de investigaciones y procesos judiciales; corresponderá a los tribunales determinar la responsabilidad penal de cada imputado.
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