- Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” fueron vinculados a proceso por el homicidio de cuatro personas, la interrupción del embarazo de una víctima con cuatro meses de gestación y la muerte de un perro en un domicilio de Atizapán de Zaragoza. La Fiscalía sostiene que ambos estuvieron en el fraccionamiento durante el intervalo estimado de los asesinatos y que buscaban una supuesta fortuna en criptomonedas.
Tlalnepantla, Estado de México, 9 de septiembre de 2026. Cuatro personas fueron asesinadas dentro de un domicilio del fraccionamiento Grand Viure, en Bosque de Amates, Atizapán de Zaragoza, en un caso que ahora tiene a dos hombres vinculados a proceso y bajo prisión preventiva.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), las víctimas fueron localizadas el 2 de septiembre, después de que la Policía Municipal notificó al Ministerio Público sobre la presencia de personas sin vida en el inmueble.
La autoridad establece que los homicidios ocurrieron un día antes, el 1 de septiembre, entre las 17:30 y las 20:00 horas. Ese intervalo coincide, según los registros de acceso y salida del fraccionamiento, con el periodo en que Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” permanecieron dentro de Grand Viure.
La investigación también documentó la presencia de un menor de aproximadamente cinco años, quien se encontraba en otra habitación de la vivienda y que, de acuerdo con el reporte policial, no presentaba lesiones visibles. Los agentes lo entregaron a sus abuelos.
Una mujer embarazada y una niña de tres años entre las víctimas
La escena localizada por los investigadores presentó víctimas en dos niveles del inmueble.
En el segundo piso fue localizado J.S.M.O., de 38 años, quien tenía un impacto de arma de fuego en la cabeza. La Fiscalía señala que estaba amordazado con cinta adhesiva industrial y maniatado sobre un sofá de la recámara principal.
En el baño de esa misma habitación fue encontrado el cuerpo de A.P.G.B., de 35 años y con cuatro meses de embarazo, también amordazada y maniatada.
Sobre sus piernas estaba el cuerpo de una niña de tres años. Tanto la mujer como la menor presentaban heridas por arma de fuego en la cabeza.
En el primer nivel fue localizada A.R.V., de 21 años, sobre una cama. La víctima estaba maniatada y presentaba un disparo en la parte superior de la espalda y en la zona de la base del cráneo.
La Fiscalía también investiga la interrupción del embarazo de la mujer de 35 años, delito que forma parte de la acusación contra los dos detenidos.
Un perro también fue asesinado
El expediente incluye una quinta víctima mortal: una perra Golden Retriever de aproximadamente un año de edad.
El animal fue localizado dentro de uno de los baños del primer nivel. Tenía el hocico cubierto con cinta adhesiva gris y un disparo en la cabeza.
La Fiscalía imputó a Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” el delito de maltrato y crueldad a los seres sintientes, por la privación de la vida del canino.
El intervalo de muerte, una de las principales piezas de la investigación
Uno de los elementos utilizados por la Fiscalía para sostener su hipótesis es la coincidencia entre el intervalo estimado de muerte y los movimientos registrados dentro del fraccionamiento.
Los peritajes establecieron que las víctimas habrían muerto entre las 17:30 y las 20:00 horas del 1 de septiembre.
Los registros de entradas y salidas de Grand Viure ubican a los dos imputados dentro del complejo durante ese mismo periodo.
Para la Fiscalía, esta coincidencia forma parte de los datos que relacionan a los dos hombres con los hechos.
Desarmadores, cinchos, guantes y cinta: los objetos bajo investigación
Otro elemento incorporado al expediente corresponde a una serie de objetos que, según la Fiscalía, Diego Sebastián “N” habría solicitado a Gerardo “N”.
Los actos de investigación establecieron que el 31 de agosto y durante la mañana del 1 de septiembre, Diego Sebastián “N” habría instruido a Gerardo “N” para conseguir un desarmador plano, un desarmador de cruz, aparatos electrónicos, cinchos grandes, guantes negros de tatuaje y cubrebocas.
La Fiscalía sostiene que estos objetos guardan correspondencia con los elementos utilizados para maniatar y someter a las víctimas.
También fue localizado un rollo de cinta adhesiva industrial, además de indicios dentro de un vehículo KIA relacionado con los investigados.
El vehículo tenía placas sobrepuestas
La investigación también llevó a los agentes hasta el vehículo en el que, según la Fiscalía, los ahora imputados llegaron al fraccionamiento.
La unidad contaba con placas de circulación sobrepuestas, de acuerdo con la investigación ministerial.
Posteriormente, los agentes localizaron el automóvil en el fraccionamiento Héroes Tecámac, sección Bosques, donde fue asegurado.
El vehículo forma parte de los indicios utilizados por la Fiscalía para reconstruir los movimientos de los investigados antes y después de los asesinatos.
La hipótesis de los bitcoins
Uno de los móviles que aparece en la investigación está relacionado con una supuesta cantidad millonaria de dinero en criptomonedas.
La Fiscalía sostiene que los imputados creían que las víctimas tenían una importante cantidad de recursos en Bitcoin, por lo que presuntamente buscaban una “caja fría” con cantidades millonarias de dólares en criptomonedas dentro del departamento.
Según esta hipótesis, Diego Sebastián “N” habría ofrecido a Gerardo “N” 2 millones de pesos a cambio de su participación en la operación.
La Fiscalía no presenta esta información como una fortuna acreditada de las víctimas, sino como parte de la línea de investigación sobre el posible móvil de los homicidios.
El arma y el supuesto silenciador
La investigación también apunta al uso de un arma de fuego que, según la Fiscalía, habría contado con silenciador.
Uno de los investigados habría referido que posteriormente desensambló el arma y la arrojó a una barranca.
Este dato adquiere relevancia para los investigadores porque, según los actos de investigación, los vecinos no reportaron haber escuchado detonaciones durante el periodo en que se estima que ocurrieron los asesinatos.
La Fiscalía considera que la ausencia de sonidos asociados con disparos es compatible con la hipótesis del uso de un silenciador, aunque será la investigación judicial la que determine el valor de cada elemento probatorio.
Prisión preventiva y cuatro meses para investigar
Tras la continuación de la audiencia inicial, un juez determinó la vinculación a proceso de Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”.
Ambos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, donde permanecerán bajo prisión preventiva mientras avanza el proceso.
El juez estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.
La vinculación a proceso no representa una sentencia. Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” deben ser considerados inocentes mientras no exista una resolución judicial que determine su responsabilidad penal.
Hasta 70 años por cada víctima de homicidio
La Fiscalía informó que, de acreditarse los delitos imputados, las penas podrían ser elevadas.
Por el homicidio calificado cometido en agravio de cada una de las cuatro víctimas, los acusados podrían enfrentar una pena de 25 a 70 años de prisión por cada víctima, de acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía.
Además, por el delito de maltrato y crueldad a los seres sintientes, relacionado con la muerte de la perra, podrían recibir una pena de 3 a 6 años de prisión.
Por la interrupción del embarazo, la Fiscalía señala una posible sanción de 5 a 10 años de prisión.
Estas penas corresponden a los rangos señalados por la Fiscalía y no constituyen una condena ni permiten anticipar cuál sería la sentencia en caso de que los acusados resulten responsables.
Un caso marcado por la violencia y una hipótesis económica
El expediente reúne elementos que la Fiscalía considera relevantes para sostener su acusación: cuatro personas asesinadas, una mujer con cuatro meses de embarazo, una niña de tres años, una perra muerta, un menor de cinco años que salió ileso, víctimas sometidas con amarres, un vehículo con placas sobrepuestas, objetos presuntamente utilizados para inmovilizar a las víctimas y una hipótesis de robo relacionada con criptomonedas.
El siguiente tramo de la investigación deberá determinar si estos indicios son suficientes para acreditar ante un tribunal la participación y responsabilidad penal de los dos imputados.
Por ahora, el caso permanece en etapa de investigación complementaria. La Fiscalía deberá fortalecer su teoría del caso y la defensa tendrá la oportunidad de controvertir los datos presentados ante el juez.
La resolución definitiva dependerá de las pruebas que ambas partes incorporen al proceso.
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