Confiscan Residencia de Ex Alcaldesa de Santo Tomás de los Plátanos en Metepex; Incautan 5.6 MDP

Detención en operativo de la “Operación Enjambre”

Toluca, México, 31 de enero de enero de 2025. – La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició un procedimiento de extinción de dominio sobre una residencia y 5.65 millones de pesos asegurados tras la detención de María del Rosario “N”, ex presidenta municipal de Santo Tomás. La exfuncionaria enfrenta acusaciones por su presunta participación en tres casos de extorsión.

Elementos de la FGJEM detuvieron a María del Rosario “N” el pasado 23 de enero en un fraccionamiento de alta plusvalía en la colonia San Felipe Tlalmimilolpan, en la zona limítrofe entre Toluca y Metepec. Durante su captura, la exalcaldesa habría intentado sobornar a los agentes con un vehículo BMW, dinero en efectivo y documentos oficiales del Ayuntamiento de Santo Tomás.

Aseguramiento de bienes y procedimiento legal

El 24 de enero, la Fiscalía obtuvo una orden judicial para catear el inmueble, donde se localizaron documentos que acreditan la propiedad de la residencia a nombre de la detenida, así como diversos objetos de alto valor y 5 millones 650 mil pesos en efectivo.

La FGJEM determinó que la residencia pudo haber sido utilizada para ocultar bienes de procedencia ilícita y que no se acreditó el origen legítimo del dinero incautado. Con base en el artículo 7 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, la Fiscalía inició el procedimiento para que la exfuncionaria pierda los derechos sobre estos bienes.

Proceso judicial y posibles sanciones

Actualmente, María del Rosario “N” permanece recluida en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez. Hasta el momento, ha sido vinculada a proceso por dos de los casos de extorsión en su contra.

La exalcaldesa es investigada por delitos cometidos en diciembre de 2022, febrero de 2024 y septiembre de 2024. Según el artículo 266 del Código Penal del Estado de México, la extorsión puede castigarse con penas de 40 a 70 años de prisión o incluso cadena perpetua.

El próximo sábado 1 de febrero se realizará una audiencia para determinar su situación jurídica en relación con el tercer caso de extorsión. Mientras tanto, la FGJEM continúa con las investigaciones para determinar su posible vínculo con otros delitos.