Ciudad de México, 7 de abril de 2025. La muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Hernández durante el Festival AXE Ceremonia 2025 ha provocado consternación en diversos sectores de la sociedad. El evento se llevó a cabo el sábado 5 de abril en el Parque Bicentenario, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.
Ambos profesionales de la imagen perdieron la vida en circunstancias que aún no han sido esclarecidas del todo, lo que ha derivado en demandas de investigación y exigencias de justicia por parte de familiares, colegas y ciudadanos.
Reacción del gobierno federal
Durante su conferencia matutina del lunes 7 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas. Calificó los hechos como un accidente y aseguró que no debe haber impunidad.
“Lamentamos y enviamos nuestra solidaridad a los familiares de las personas que perdieron la vida”, declaró la mandataria en su encuentro con medios.
También solicitó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), encabezada por Edna Vega Rangel, revisar la concesión que permitió el uso del Parque Bicentenario como sede del festival. Dicha concesión fue otorgada durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto a través del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN).
Llamado a la investigación y a deslindar responsabilidades
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, fue reconocida por Sheinbaum por mantenerse en comunicación con las autoridades de Protección Civil desde el primer momento. A petición del gobierno capitalino, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación para determinar las causas de los decesos y sancionar a quienes resulten responsables.
De acuerdo con la presidenta, aunque el predio es de competencia federal, las autorizaciones para la realización de eventos públicos corresponden a las alcaldías. En este caso, la responsabilidad recae en la Alcaldía Miguel Hidalgo, que deberá aclarar su papel en el otorgamiento de los permisos.
“Ahí hay que decir que una parte le toca a la Alcaldía Miguel Hidalgo, que es quien da las autorizaciones. O sea, aunque sea una concesión federal, quien da las autorizaciones de un evento son las alcaldías. Que hay que ver ahí qué pasó”, agregó Sheinbaum.
Exigencia de transparencia y justicia
Colectivos de periodistas y fotógrafos han solicitado que se garantice una investigación independiente, con enfoque en la seguridad laboral de quienes ejercen el periodismo en eventos masivos. Diversas organizaciones también pidieron conocer las condiciones de seguridad que ofreció la empresa organizadora del festival.
Hasta el momento, no se han difundido informes oficiales sobre las causas exactas de los fallecimientos ni sobre posibles fallas en la logística del evento. Se espera que en los próximos días las autoridades ofrezcan avances en la investigación.
El caso ha abierto el debate sobre la forma en que se administran los espacios públicos concesionados a empresas privadas para realizar eventos de gran escala. La revisión de permisos, condiciones de seguridad y responsabilidades institucionales está en el centro de la discusión pública.
La ciudadanía y los gremios periodísticos estarán atentos a los resultados de las investigaciones, con la esperanza de que este hecho no quede impune y sirva para reforzar protocolos que eviten futuras tragedias.
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