Santa María Rayón, Estado de México, 10 de abril de 2025. El despojo ilegal de viviendas se ha convertido en una preocupación urgente en el Estado de México, particularmente en municipios de la zona metropolitana del Valle de México. La creciente incidencia de invasiones y apropiaciones ilegales ha prendido las alarmas entre la ciudadanía, revelando la existencia de redes que podrían operar con complicidad de autoridades locales.
Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno del Estado de México, reconoció la gravedad de la situación. Señaló que se han identificado posibles actos de colusión entre funcionarios de áreas como Catastro, el Registro Público de la Propiedad y notarías, que estarían facilitando el despojo de inmuebles a familias que, en muchos casos, han vivido durante décadas en sus propiedades.
«Evidentemente cualquier tema que violente el estado de derecho y la tranquilidad de la gente, como en el caso de la señora Carlota, requiere atención prioritaria», declaró Duarte durante una reunión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.
En busca de una estrategia integral
Frente a este panorama, el Gobierno estatal afirma estar desarrollando una estrategia específica para atender la problemática. A través de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, se trabaja en un plan que pretende revisar a fondo los mecanismos institucionales que podrían estar siendo utilizados para facilitar despojos, así como reforzar la actuación preventiva en las zonas más afectadas.
Aunque aún no se han anunciado medidas concretas, se espera que en los próximos días se presente un esquema de intervención que permita frenar estas prácticas y garantizar el respeto al derecho de propiedad.
El respaldo social y la magnitud del problema
El caso detonó una ola de apoyo popular. Decenas de personas se han presentado en el penal de Chalco para expresar su solidaridad con la señora Carlota. Muchos de ellos también han compartido experiencias similares, evidenciando que el fenómeno del despojo no es aislado.
La mayoría de los casos reportados se concentran en municipios como Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Tultepec, Tecámac y toda la región oriente de la entidad. En estas zonas, las denuncias por invasiones ilegales de propiedades han ido en aumento, sin que las instituciones responsables ofrezcan soluciones claras o preventivas.
El caso de doña Carlota: el símbolo de una crisis
El 1 de abril, en la Unidad Habitacional Hacienda de Guadalupe, en Chalco, la señora Carlota «N», de 74 años, fue arrestada por presunto homicidio luego de defender su hogar de una invasión. El hecho provocó una amplia reacción pública y volvió a poner sobre la mesa los límites de la legítima defensa y la inacción de las autoridades frente al despojo de propiedades.
La señora Carlota, conocida en redes sociales como “la abuelita sicaria”, junto con sus hijos Mariana y Eduardo, enfrenta cargos por homicidio calificado y tentativa de homicidio. Según la carpeta de investigación, la familia ya había denunciado previamente la presencia de personas intentando ocupar su vivienda. No obstante, no se registró una respuesta eficaz por parte de las autoridades.
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