Capulhuac, Estado de México, 4 de mayo de 2025 — La reinstalación de Selenne Hernández Herrera, alcaldesa de Capulhuac, ha desencadenado una crisis institucional y un abierto conflicto social en el municipio. A más de un mes de haber sido denunciada penalmente por agresión física y sexual contra una trabajadora del Sistema DIF municipal, la edil ha vuelto a ocupar su cargo, pese a la desaprobación pública y la falta de resolución del proceso legislativo en su contra.
Una denuncia grave y con respaldo médico
El 2 de mayo, Miriam, psicóloga adscrita a una estancia infantil del DIF municipal, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. En su declaración, señaló como agresoras a la presidenta municipal, su hija y una policía local, quienes —según la víctima— la habrían golpeado y agredido sexualmente dentro de las instalaciones del organismo durante la jornada laboral.
La trabajadora resultó con lesiones visibles, confirmadas por una evaluación médica legal, lo que alimentó el reclamo ciudadano por una investigación a fondo. La denuncia no solo expuso una situación de presunta violencia institucional, sino también un posible uso de poder para encubrir abusos dentro del gobierno municipal.
Un cabildo dividido, un regreso polémico
El 7 de mayo, el Cabildo de Capulhuac aprobó por mayoría una solicitud al Congreso del Estado de México para destituir a la alcaldesa por violencia institucional. La petición fue respaldada por varios regidores que consideraron los hechos como incompatibles con el ejercicio de una función pública.
Sin embargo, el proceso legislativo no avanzó. No se emitió resolución formal ni hubo seguimiento claro por parte del Congreso local. En un giro que desconcertó a la comunidad, Hernández Herrera fue restituida en su cargo antes de que terminara el mes, reanudando sus funciones como si no existiera acusación alguna en su contra. Para los vecinos, el hecho representa una revictimización de la trabajadora y un acto de encubrimiento institucional.
Plantón ciudadano y sede tomada
La respuesta no se hizo esperar. Habitantes de Capulhuac, familiares de la víctima y representantes de una comisión vecinal instalaron un plantón permanente frente al Palacio Municipal, que permanece tomado desde inicios de la semana. Exigen la intervención directa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y la reactivación inmediata del procedimiento de revocación de mandato.
Los manifestantes aseguran que no levantarán la protesta mientras la alcaldesa continúe al frente del gobierno local. En paralelo, una protesta en Toluca busca trasladar la presión al plano estatal, con la intención de visibilizar el caso más allá de los límites del municipio.
Silencio institucional y exigencias claras
Hasta el momento, ni el Gobierno del Estado de México ni el Congreso local han emitido pronunciamientos sobre la reincorporación de Hernández Herrera. Las exigencias ciudadanas son claras: reabrir el proceso legislativo, proteger a la víctima y garantizar que quienes ocupan cargos públicos no lo hagan bajo el amparo de la impunidad.
El caso pone en entredicho la capacidad de respuesta de las instituciones estatales ante denuncias de violencia desde el poder, y revela el desgaste de la confianza ciudadana frente a un sistema que, según los inconformes, prefiere proteger a los agresores que a las víctimas.
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