Guanajuato, Gto., 5 de junio de 2025.– En una votación ajustada y tras una sesión marcada por protestas dentro y fuera del recinto legislativo, el Congreso del Estado de Guanajuato rechazó la iniciativa para despenalizar el aborto, manteniendo la actual legislación que criminaliza la interrupción del embarazo. La propuesta fue descartada con 19 votos en contra y 17 a favor.
Voto clave cambia el rumbo
El resultado, alcanzado tras un empate técnico registrado la semana pasada, fue determinado por el cambio de postura de la diputada Luz Itzel Mendo, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Su voto en contra de la iniciativa provocó una reacción inmediata entre activistas presentes en la sesión, que la acusaron de traición al grito de “¡Traidora!”.
La modificación en el sentido de su voto fue clave para que el dictamen fuera rechazado, frustrando así una de las propuestas legislativas más relevantes en materia de derechos reproductivos que se han discutido en la actual legislatura.
Guanajuato: bastión conservador
Guanajuato permanece como uno de los estados más conservadores del país en cuanto a legislación sobre aborto. Con más de 30 años de gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN), la entidad ha resistido los cambios impulsados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en 2021 declaró inconstitucional la penalización del aborto en México.
A nivel nacional, 19 de los 32 estados han reformado sus códigos penales para eliminar las sanciones a mujeres que interrumpen su embarazo, lo que coloca a Guanajuato entre las entidades rezagadas en este tema.
Protestas y posturas encontradas
La jornada legislativa se realizó bajo fuerte presión social. En el exterior del Congreso se manifestaron colectivos feministas que exigían el reconocimiento del derecho a decidir, mientras grupos provida se concentraron para defender lo que consideran el derecho a la vida desde la concepción.
Dentro del recinto, la tensión se hizo evidente cuando se dio a conocer el resultado de la votación. Integrantes de organizaciones feministas reprocharon a los legisladores su falta de sensibilidad ante una problemática que, aseguraron, no dejará de existir por su criminalización.
Verónica Cruz, activista y directora de la organización Las Libres, destacó que, aunque legalmente se mantenga la penalización, en los hechos ya existe una despenalización social. “Las mujeres ya lo están haciendo. Lo que falta es que el Estado reconozca su derecho”, declaró en entrevista tras la sesión.
¿Y ahora qué?
Pese al revés legislativo, los colectivos feministas adelantaron que continuarán con la presión social y jurídica para colocar nuevamente el tema en la agenda pública. La siguiente ventana legislativa podría abrirse en septiembre, cuando el Congreso local inicie un nuevo periodo ordinario de sesiones.
Mientras tanto, el aborto en Guanajuato seguirá tipificado como delito, a pesar de la jurisprudencia nacional. El debate, sin embargo, continúa más vivo que nunca en una entidad que enfrenta la presión de un país que ha comenzado a redefinir su visión sobre los derechos reproductivos.
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