Toluca, Estado de México, 23 de junio de 2025. En sesión conjunta de comisiones legislativas, la LXII Legislatura del Estado de México aprobó el dictamen para extinguir el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem). La reforma, impulsada por diputadas y diputados de morena y del PVEM, fue presentada como una armonización con el marco legal federal, mientras que las bancadas del PRI, PAN y MC denunciaron un retroceso en la rendición de cuentas y una “simplificación orgánica frívola”.
Reforma divide al Congreso mexiquense
El dictamen, aprobado en comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Transparencia, conjunta tres iniciativas: las presentadas por Gerardo Pliego Santana y Elena García Martínez, ambos de morena, así como la de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
La iniciativa propone transferir las funciones del Infoem a instancias de control interno y vigilancia ya existentes, sin crear un nuevo organismo autónomo que asuma esas tareas. Las y los legisladores de morena y PVEM defendieron la reforma como un mecanismo de simplificación administrativa que preserva los derechos constitucionales de acceso a la información y protección de datos personales.
Morena y PVEM justifican la eliminación del órgano
A favor de la propuesta, el diputado Octavio Vargas Martínez (morena) y la legisladora Itzel Guadalupe Pérez Correa (PVEM) sostuvieron que la reforma garantiza la continuidad de los derechos establecidos en la Constitución local y que no implica la desaparición del principio de transparencia, sino una reestructuración del aparato institucional.
Ambos señalaron que el Infoem se había convertido en una estructura “inoperante” y defendieron que la nueva ruta promueve una administración más eficaz, sin comprometer las garantías ciudadanas.
Oposición: “Un golpe a la transparencia”
En contra del dictamen se posicionaron los grupos parlamentarios del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez (PRI) y las legisladoras Krishna Karina Romero Velázquez (PAN) y Ruth Salinas Reyes (MC) denunciaron que la desaparición del Infoem representa un grave retroceso democrático en la fiscalización de los recursos públicos y la supervisión del poder.
La diputada Romero Velázquez advirtió que el control interno propuesto como sustituto carece de autonomía, lo que debilita los mecanismos de acceso a la información pública. Salinas Reyes, por su parte, calificó la reforma como una medida política sin sustento técnico.
Detalles del dictamen: funciones, transitorios y destino del personal
El dictamen, leído por el legislador Israel Espíndola López (morena), señala que las nuevas autoridades competentes deberán garantizar los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales, bajo los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, eficacia, transparencia y máxima publicidad.
Se establece que los municipios deberán transparentar sus acciones con información oportuna, veraz y accesible, y que los datos personales y la vida privada estarán protegidos conforme a las leyes vigentes. Además, se contemplan mecanismos expeditos de revisión ante las instancias competentes.
En los artículos transitorios, se indica que el Congreso tendrá 90 días naturales para aprobar las leyes secundarias necesarias. Una vez que entren en vigor, el Infoem quedará formalmente extinguido.
Los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos del Instituto serán transferidos a las dependencias que asuman sus funciones, y se garantizarán los derechos laborales del personal. Las personas comisionadas del Infoem concluirán sus funciones en cuanto se promulgue la nueva legislación secundaria.
Un cambio estructural con impactos pendientes
La eliminación del Infoem marca un cambio profundo en la arquitectura institucional del Estado de México en materia de transparencia. Mientras el oficialismo insiste en que se trata de una reorganización funcional y alineada con el marco federal, la oposición cuestiona la viabilidad de mantener los estándares de vigilancia sin un órgano autónomo especializado.
Organismos civiles y académicos no han emitido aún un posicionamiento formal, pero la reforma ya genera preocupación entre especialistas en rendición de cuentas ante lo que interpretan como una concentración de atribuciones sin garantías suficientes de autonomía ni vigilancia ciudadana.
La aprobación final en el Pleno se prevé en los próximos días, en medio de un debate que continúa polarizando posturas dentro y fuera del Congreso.
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