Toluca, Estado de México, 25 de junio de 2025.— A más de 15 años del asesinato de Mariana Lima Buendía en el municipio de Chimalhuacán, su madre, Irinea Buendía Cortez, continúa exigiendo justicia. Con más de 5,475 días de lucha, Irinea denunció este fin de semana la sistemática negación de justicia para las mujeres en México, a la vez que presentó una iniciativa legislativa pionera para sancionar dicha omisión como un delito penal en el Estado de México.
“La justicia en México es un privilegio, no un derecho”: Irinea Buendía
Frente a un altar y memorial colocado en la explanada del Congreso mexiquense, Irinea Buendía señaló que su hija Mariana no solo fue víctima de un feminicidio, sino también de un sistema judicial que, afirmó, “le negó justicia por ser mujer, por ser pobre y por vivir en un entorno donde la violencia está normalizada”.
Irinea relató cómo, durante más de una década, enfrentó discriminación institucional, violencia estructural y revictimización, como parte de un camino marcado por la impunidad. Aseguró que las autoridades responsables de estas omisiones deben rendir cuentas ante la ley.
Proponen tipificar la “negación de justicia por razones de género”
Junto con la diputada Jennifer Nathalie González López, presidenta de la Comisión de Salud, Asistencia y Bienestar Social del Congreso local, Irinea Buendía entregó una propuesta legislativa que busca crear un nuevo tipo penal: la Negación de Justicia por Razones de Género.
La iniciativa plantea adicionar una fracción al artículo 353 del Código Penal del Estado de México, con el fin de sancionar a servidores públicos que, pese a estar obligados, no investiguen con debida diligencia delitos cometidos contra mujeres. Esto incluye actos de corrupción, negligencia, omisiones u obstrucción de justicia, especialmente en casos de feminicidio.
La nueva fracción, la XXXIV del artículo 353, propone penas de cuatro a diez años de prisión, además de multas de hasta 150 días y la inhabilitación del funcionario responsable.
Investigación obligatoria de muertes violentas con enfoque de género
Además del nuevo tipo penal, la propuesta busca reformar el artículo 50 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, para establecer como obligación de la Fiscalía General de Justicia investigar todas las muertes violentas de mujeres y niñas bajo el protocolo de feminicidio, sin excepción.
Esta disposición incluiría suicidios, accidentes y cualquier otra forma de muerte violenta, bajo el principio de perspectiva de género y debida diligencia, en cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos.
Un paso legislativo sin precedentes en el país
De aprobarse, esta sería la primera legislación en México que tipifica como delito la negación de justicia por razones de género. La iniciativa busca responder al contexto de violencia sistemática contra las mujeres y a la impunidad judicial que, de acuerdo con Irinea Buendía, sigue incentivando a los feminicidas.
La propuesta aún debe ser discutida en comisiones legislativas y votada en el pleno del Congreso mexiquense. Mientras tanto, Irinea Buendía aseguró que su lucha no terminará hasta que el caso de su hija Mariana reciba justicia plena, y que ninguna otra madre tenga que enfrentar un camino similar.
Contexto: un sistema judicial rebasado
De acuerdo con datos del Observatorio Nacional del Feminicidio, en México más del 95% de los delitos contra mujeres no se resuelven, y muchos casos ni siquiera se investigan con el enfoque adecuado. En este panorama, iniciativas como la presentada en el Estado de México representan una presión directa al sistema judicial, que históricamente ha sido señalado por su falta de respuesta ante la violencia de género.
Especialistas advierten que la aprobación de esta iniciativa requerirá voluntad política real y un compromiso por transformar las prácticas estructurales dentro de fiscalías, tribunales y cuerpos policiales.
El caso Mariana Lima sigue siendo un símbolo de impunidad, pero también de resistencia. La exigencia de su madre no solo busca justicia personal, sino una reforma estructural profunda que proteja la vida y los derechos de todas las mujeres en México.
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