CIUDAD DE MÉXICO.—Con 77 votos a favor y 30 en contra, el Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular los artículos no reservados del dictamen que da vida a una nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. La reforma, que aún debe pasar por la Cámara de Diputados, plantea una reestructuración institucional profunda y ha generado fuertes contrastes entre bancadas por sus implicaciones regulatorias y de control político.
Reconfiguración institucional: desaparece el IFT, surge la ATDT
El cambio más relevante del dictamen es la eliminación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), órgano autónomo creado en 2013, el cual será sustituido por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). Esta nueva figura será una Secretaría de Estado, con atribuciones para regular, supervisar y diseñar políticas públicas en telecomunicaciones y medios.
La reforma también contempla la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, un órgano desconcentrado que contará con autonomía técnica y operativa. Este cuerpo estará conformado por cinco comisionados que resolverán asuntos regulatorios bajo lineamientos aún no definidos en su totalidad.
Derechos digitales y libertades: cambios ante críticas
Organizaciones civiles, académicos y legisladores de oposición habían manifestado preocupación por disposiciones que podían afectar la libertad de expresión y los derechos digitales. Uno de los ajustes clave fue la eliminación del artículo 109, el cual facultaba al gobierno para bloquear plataformas digitales en casos considerados ambiguos.
En su lugar, se mantuvo el artículo 209, fracción IX, que permite a la Secretaría de Gobernación suspender publicidad extranjera, con la excepción de contenidos culturales, turísticos o deportivos. Aunque este artículo también ha sido cuestionado, la mayoría legislativa consideró que representaba un mejor equilibrio entre soberanía y apertura.
Además, la ley fortalece los derechos de las audiencias, obligando a todos los concesionarios a contar con una defensoría propia, e introduce principios de independencia editorial y participación ciudadana en los medios públicos.
Inclusión, cobertura y pluralidad: un enfoque social
En el nuevo marco legal, las telecomunicaciones y la radiodifusión se reconocen como servicios públicos de interés general, indispensables para garantizar derechos fundamentales como la educación, la salud y la libertad de expresión.
Se impulsa también el acceso de medios comunitarios, indígenas y afromexicanos, quienes tendrán facilidades de financiamiento y acceso preferente al espectro radioeléctrico, con el objetivo de ampliar la cobertura y representar la diversidad cultural del país.
División política: respaldo oficialista, rechazo opositor
El dictamen fue aprobado con el respaldo de Morena, Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista (PVEM) y Movimiento Ciudadano, mientras que los votos en contra provinieron principalmente del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Los legisladores opositores cuestionaron que la reforma concentra funciones en el Ejecutivo, lo que podría derivar en prácticas de vigilancia, censura o control indirecto de contenidos. A su juicio, eliminar al IFT representa un retroceso institucional en materia de autonomía y equidad regulatoria.
Desde tribuna, el senador Javier Corral, integrante de Morena y exgobernador panista, defendió el dictamen y lo calificó como una medida de renovación:
“Esta es una ley más sólida, más justa y más incluyente, que abre el espectro a voces antes ignoradas y garantiza el acceso a las tecnologías como un derecho, no como un privilegio”, sostuvo.
Próximo paso: revisión en la Cámara de Diputados
El dictamen será turnado a la Cámara de Diputados, donde podrá ser modificado, aprobado o rechazado. Su discusión se perfila como un nuevo campo de tensión entre el oficialismo y la oposición, mientras organizaciones sociales anticipan un mayor escrutinio del articulado.
Aún no hay claridad sobre el impacto que tendrá esta transformación en el ecosistema digital, el ejercicio del periodismo, la libertad en redes sociales y la operación de concesionarios comerciales. Especialistas advierten que, si bien se introducen conceptos como transformación digital e inclusión, la centralización operativa y la eliminación de órganos autónomos deben evaluarse con criterios técnicos, no políticos.
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