Ciudad de México, 8 de julio de 2025. — El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó este lunes la apertura de una carpeta de investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto. La acción responde a nuevas revelaciones que lo señalan como presunto beneficiario de sobornos millonarios durante la compra del sistema de espionaje Pegasus, en su administración federal.
La acusación apunta a una presunta entrega de 25 millones de dólares a cambio de contratos gubernamentales adjudicados entre 2012 y 2018, de acuerdo con información que la Fiscalía habría recibido desde una disputa legal entre empresarios israelíes. Las declaraciones del fiscal se dieron durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Señalamientos sin respaldo documental, por ahora
Gertz aclaró que, si bien los datos son “específicos, claros y muy precisos”, aún no existe documentación oficial que los respalde. Por ello, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitará al gobierno de Israel la ratificación formal de la información a través de los mecanismos de asistencia jurídica internacional.
“Se trata de un tema que ha sido divulgado por medios internacionales, pero necesitamos que sea ratificado conforme a derecho por las autoridades competentes. Sin eso, no es posible avanzar a la siguiente fase del proceso judicial”, indicó el fiscal.
Obstáculos en la cooperación con Israel
La FGR ha enfrentado dificultades previas con el gobierno israelí en procesos similares. Gertz recordó el caso de Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal implicado en el caso Ayotzinapa, cuya extradición ha sido bloqueada por Israel desde hace años.
El antecedente complica el panorama para obtener colaboración efectiva en este nuevo proceso. La Fiscalía reconoció que sin cooperación internacional no será posible construir un expediente sólido, lo que podría derivar en la inactividad del caso, como ha ocurrido en otros expedientes de alto perfil.
Peña Nieto rechaza las acusaciones
A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el expresidente Enrique Peña Nieto negó tajantemente los señalamientos. Calificó las acusaciones como “falsas y dolosas” y rechazó cualquier vínculo con los empresarios involucrados, además de asegurar que nunca participó en la asignación de contratos relacionados con software de espionaje.
Caso Pegasus, en el centro del debate desde 2017
El software espía Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, fue adquirido por el gobierno mexicano durante el sexenio de Peña Nieto y supuestamente utilizado para vigilar a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos.
La nueva línea de investigación no solo busca determinar el uso ilegal del software, sino también la presunta corrupción en su adquisición, una de las vertientes menos exploradas hasta ahora.
Sin pruebas suficientes, el caso podría estancarse
La Fiscalía admitió que la investigación dependerá del intercambio de información con autoridades extranjeras. En tanto, el caso se mantiene en una etapa preliminar, con riesgo de no prosperar si no se obtiene evidencia sólida desde Israel.
El expediente se suma a una serie de procesos abiertos contra exfuncionarios del gobierno peñista, varios de los cuales han quedado inconclusos o no han derivado en sanciones judiciales.
Posible giro en la narrativa judicial
De confirmarse los señalamientos, este caso representaría la acusación más directa contra un expresidente mexicano en funciones recientes, en un país donde la impunidad presidencial ha sido la norma más que la excepción.
Por ahora, la atención se centra en la respuesta que ofrecerá el gobierno de Israel ante la solicitud mexicana. El resultado podría definir si la investigación avanza con respaldo legal o se convierte en otro capítulo sin desenlace en la lucha contra la corrupción de alto nivel.
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