Toluca, Estado de México. — José Luis “N”, alias “El Mimoso”, identificado por autoridades como líder regional de la Alianza Mexicana de Organizaciones Sociales (AMOS), fue vinculado a proceso por segunda ocasión en menos de un mes, ahora por el delito de extorsión, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) presentó pruebas suficientes ante un juez.
El individuo permanece en prisión preventiva, bajo la medida cautelar dictada durante la audiencia en la que el órgano jurisdiccional determinó iniciar proceso legal por los hechos ocurridos el pasado 23 de junio en el municipio de La Paz.
Amenazas y violencia en Valle de Los Reyes
De acuerdo con las investigaciones, José Luis “N” y Pilar Noemí “N”, alias “La Güera”, junto con otros dos sujetos, habrían intimidado a un ciudadano para despojarlo de su vivienda, ubicada en la calle 21 de la colonia Valle de Los Reyes.
Según la denuncia, el imputado se dirigió a la víctima con amenazas explícitas:
“…Mira hijo tu p… m…, al ch… queremos tu casa, va a ser por las buenas o por las malas…te doy esta semana para que me dejes la casa vacía si no quieres que te cargue la v…, te mato a ti y tu p… familia, por si no lo sabes somos del grupo la Alianza Mexicana de Organizaciones Sociales”, habría dicho “El Mimoso”.
Por su parte, Pilar Noemí “N” también habría lanzado amenazas: “Nos vale m… si no tienes a donde caerle, te vamos a meter un plomazo, porque si por las buenas no te sales, te sales por pies por delante, nosotros no nos andamos con m…”.
Tras la agresión, los presuntos implicados escaparon del lugar en una camioneta. Ambos ya se encuentran vinculados a proceso penal por este caso.
Segunda causa penal: extorsión en Ixtapaluca
Esta es la segunda carpeta judicial abierta contra “El Mimoso”. La primera corresponde a una extorsión cometida el 15 de junio en la colonia Coatepec, municipio de Ixtapaluca.
En ese caso, el acusado habría amenazado con un arma de fuego a un habitante para exigirle 500 mil pesos a cambio de dejar de “invadir su inmueble”, ubicado en la colonia Ampliación Magdalena del municipio de La Paz.
Captura en la Ciudad de México
El pasado 1 de julio, José Luis “N” fue detenido en la Ciudad de México por elementos de la Guardia Nacional, la FGJEM y la Fiscalía capitalina. Fue trasladado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social del Estado de México, donde permanece a disposición de un juez.
Pese a los señalamientos, el acusado debe considerarse inocente hasta que se emita una sentencia condenatoria en su contra.
Líder sindical vinculado a delitos de alto impacto
Según la Fiscalía mexiquense, José Luis “N” fungía como coordinador regional de AMOS, una organización que se autodefine como “sindicato social”, pero que presuntamente ha operado en diversas regiones del oriente del Estado de México a través de despojos, invasiones, venta fraudulenta de lotes y extorsiones.
En particular, el acusado habría participado en acciones para ocupar de forma ilegal viviendas, locales comerciales, naves industriales y predios en municipios como La Paz, Ixtapaluca y Nezahualcóyotl.
Además, se le investiga por posibles vínculos con autoridades municipales anteriores de la región, quienes habrían encubierto o facilitado sus operaciones.
Grupos de choque y control territorial
La FGJEM también señaló que “El Mimoso” y “La Güera” mantenían el control de mototaxistas, tianguistas e invasores, a quienes utilizaban como “grupos de choque” en zonas de conflicto, especialmente en Lomas de San Sebastián, en La Paz.
Ambos personajes se ostentaban como “luchadores sociales”, lo que les habría permitido operar bajo cierta protección social y política, aunque las acusaciones en su contra los colocan como actores en una estructura delictiva compleja con impacto directo en la seguridad local.
Avances en la Operación “Restitución”
La detención de José Luis “N” forma parte de la Operación “Restitución”, estrategia impulsada por la Fiscalía mexiquense para recuperar propiedades ocupadas ilegalmente y desarticular redes de extorsión y despojo.
El caso sigue en proceso y, de comprobarse las acusaciones, podría abrir la puerta a investigaciones más amplias sobre estructuras criminales asociadas a agrupaciones con fachada sindical o social, que operan en municipios con alta densidad urbana y carencias en vivienda regularizada.
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