Toluca, Estado de México, 22 de agosto de 2025.– La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) reconoció que investiga la posible responsabilidad de servidores públicos en la negación de atención a la madre de F.D.G.S (Fernandito), el niño de 6 años hallado sin vida el pasado 4 de agosto en el municipio de La Paz.
Detención de presuntos responsables
El cuerpo del menor fue localizado en estado de descomposición dentro de bolsas en el patio de una vecindad, tras un operativo en el que participaron policías municipales y agentes ministeriales. En el lugar fueron detenidos en flagrancia Carlos “N”, Lilia “N” y Ana Lilia “N”, quienes enfrentan cargos por desaparición y secuestro que causa la muerte, delitos que podrían derivar en penas de hasta 160 años de prisión.
De acuerdo con dictámenes forenses, el menor presentaba fracturas en clavícula y costilla, además de traumatismo craneoencefálico, lo que determinó como causa de muerte. El tiempo de fallecimiento se estableció entre el 30 de julio y el 2 de agosto.
Denuncia previa ignorada
Las investigaciones internas apuntan a una dilación institucional. El 3 de agosto, un día antes del hallazgo, la madre del niño acudió al Centro de Justicia de La Paz para denunciar que una conocida se negaba a devolverle a su hijo. La queja fue atendida únicamente por un prestador de prácticas profesionales, quien informó al agente del Ministerio Público presente.
El funcionario, según la indagatoria, respondió: “hay que esperar a la licenciada Brenda, porque yo ya me voy” y sugirió acudir a la Agencia de Género. Ante la negativa, la madre se retiró y hasta el día siguiente pudo formalizar la denuncia en el Centro de Justicia para la Mujer, donde finalmente se inició la investigación.
Ceses y sanciones a funcionarios
La FGJEM confirmó que el agente del Ministerio Público que se negó a recibir la denuncia fue cesado de su cargo y enfrentará responsabilidades administrativas y penales. Asimismo, una agente del área de Género fue removida y está bajo revisión para determinar si también incurrió en irregularidades.
Las pesquisas podrían extenderse a otros funcionarios que, por omisión, retrasaron la atención a la víctima.
Críticas de colectivos y acceso a la carpeta
El caso generó reclamos de activistas y colectivos de derechos humanos. La defensora Fabiola Villa denunció el 21 de agosto que la Fiscalía le negó acceso a la carpeta de investigación. La institución respondió que no pudo entregarla porque la activista no estaba acreditada como asesora jurídica ni acompañaba a la madre del menor.
Contexto del caso
El crimen de F.D.G.S. ha puesto bajo escrutinio a la FGJEM por falta de sensibilidad y negligencia en la atención de denuncias. La dependencia reconoció una “ausencia de empatía y trato solidario” en la actuación de sus funcionarios, lo que habría retrasado la búsqueda del niño y facilitado que su caso derivara en un homicidio.
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