Toluca, Estado de México, 28 de octubre de 2025. — Los colectivos Migala y No al Tarifazo interpusieron una tercera demanda de amparo ante el Poder Judicial de la Federación para frenar el aumento de tarifas del transporte público en el Estado de México y exigir que el gobierno estatal publique los estudios técnicos, económicos y socialesque justifiquen la medida.
Exigen transparencia y estudios públicos
De acuerdo con los colectivos, el nuevo amparo forma parte de una estrategia jurídica de seis recursos que buscan revertir el incremento tarifario decretado por la Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) y publicado el 10 de octubre en la Gaceta del Gobierno.
El acuerdo, firmado por el titular de la dependencia, Daniel Andrés Sibaja González, establece que a partir del 15 de octubre de 2025 la tarifa mínima del transporte colectivo pasa de 12 a 14 pesos por los primeros cinco kilómetros, con un costo adicional de 25 centavos por kilómetro extra.
Los promoventes del juicio argumentaron que el decreto se emitió sin consulta pública ni justificación técnica visible, vulnerando los derechos a la transparencia, movilidad e igualdad. Además, acusan que el llamado “Estudio Técnico y Dictamen Financiero” del Instituto del Transporte del Estado de México no fue dado a conocer, lo que —afirman— impide verificar la validez de los criterios utilizados para fijar la nueva tarifa.
Argumentos legales y derechos afectados
En el documento presentado ante un juzgado federal con sede en Nezahualcóyotl, los colectivos señalan que el incremento afecta el derecho al mínimo vital de los usuarios, principalmente de trabajadores, estudiantes, madres de familia, personas adultas mayores y comunidades originarias, quienes destinan gran parte de sus ingresos al transporte público.
Sostienen que el aumento tarifario carece de motivación suficiente y que fue emitido sin permitir la participación ciudadana en la Comisión Revisora de Tarifas, integrada únicamente por autoridades estatales y concesionarios.
El recurso también alega violaciones a los artículos 1°, 4°, 14, 16, 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de disposiciones internacionales sobre derechos humanos.
Solicitan suspensión provisional del aumento
Los colectivos pidieron a la autoridad judicial conceder una suspensión provisional y definitiva del incremento, para que se mantenga la tarifa anterior de 12 pesos mientras se resuelve el fondo del juicio.
Argumentaron que la entrada en vigor del nuevo cobro genera un perjuicio económico inmediato y de difícil reparación, afectando la economía familiar de millones de mexiquenses.
De ser aceptada, la medida cautelar tendría efectos extensivos a toda la colectividad de usuarios del transporte público, con base en la tesis 2030934 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que permite aplicar medidas de protección con alcance colectivo cuando se alega interés legítimo común.
Impacto social y antecedentes
Los colectivos recordaron que este es el tercer amparo promovido desde la publicación del decreto. El primero fue desechado por haberse presentado antes de la entrada en vigor del acuerdo; el segundo, admitido en el Juzgado Federal de Nezahualcóyotl, continúa en etapa de análisis.
De acuerdo con los promoventes, tres de cada diez usuarios del transporte público no cuentan con ingresos propios, y otros tres se encuentran en situación de vulnerabilidad económica, por lo que el aumento impacta directamente en su capacidad de acceso a otros servicios básicos como salud, educación y empleo.
Los representantes de los colectivos adelantaron que, en caso de no revertirse la medida, buscarán que se establezcan tarifas preferenciales para estudiantes, adultos mayores y población en pobreza extrema, a fin de mitigar los efectos del incremento.
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