Toluca, Estado de México, 10 de noviembre de 2025.– La gobernadora Delfina Gómez Álvarez envió al Congreso del Estado de México una iniciativa de reforma al Código Penal estatal que busca sancionar el acoso sexual desde la primera denuncia y endurecer las penas contra quienes reincidan, con el objetivo de fortalecer la atención y la procuración de justicia para las víctimas.
La propuesta forma parte del Plan Integral contra el Abuso Sexual impulsado a nivel nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que plantea la homologación del abuso sexual como delito grave, la capacitación institucional y campañas de prevención y denuncia.
Se elimina la condición de reincidencia
De acuerdo con el documento enviado al Poder Legislativo mexiquense, la reforma elimina la condición de reincidenciaque actualmente limita la sanción del delito.
Esto significa que cualquier acto de acoso sexual podrá ser castigado desde el primer reporte, sin que sea necesario que la conducta se repita.
La modificación aplica para hechos ocurridos en espacios públicos, instalaciones o vehículos de transporte público, así como en centros laborales o educativos, con el propósito de garantizar protección efectiva a las víctimas y cerrar el paso a la impunidad.
Agravantes y aumento de penas
El proyecto también contempla agravantes cuando el acoso se cometa aprovechando una situación de vulnerabilidad, desventaja o riesgo para la víctima.
En esos casos, las penas podrán incrementarse hasta en una mitad, con base en la gravedad del hecho y las condiciones en que se haya cometido.
Sanciones para servidores públicos que nieguen denuncias
De manera inédita, la propuesta incluye un nuevo tipo penal dirigido a servidores públicos, como policías o agentes del Ministerio Público, que se nieguen a recibir denuncias, intimiden o disuadan a las víctimas.
En esos casos, se prevé una sanción de dos a seis años de prisión, además de la destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos por un periodo igual al de la pena impuesta.
La intención, según fuentes legislativas consultadas, es garantizar el acceso real a la justicia y evitar prácticas institucionales que obstaculicen la atención a víctimas de violencia sexual.
Perspectiva de género y acceso a la justicia
El decreto establece que toda interpretación y aplicación del delito de acoso sexual deberá incorporar la perspectiva de género, además de considerar los contextos de vulnerabilidad en los que se encuentre la víctima.
Con ello, se busca asegurar que las autoridades actúen con sensibilidad y enfoque de derechos humanos al atender estos casos.
De aprobarse, esta reforma convertiría al Estado de México en una de las primeras entidades del país en sancionar el acoso sexual desde la primera denuncia, sin requerir antecedentes de reincidencia.
El Congreso mexiquense analizará la propuesta en las próximas sesiones del periodo ordinario.
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