Toluca, Estado de México, 29 de diciembre de 2025.— Un juez del Poder Judicial del Estado de México dictó una sentencia condenatoria de 60 años de prisión contra Juan Luis Rueda Varela, tras acreditarse su responsabilidad en el delito de secuestro en agravio de una mujer y un hombre, hechos ocurridos en el municipio de Atlacomulco.
La resolución se emitió luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) presentó pruebas suficientes que permitieron demostrar la participación del sentenciado en los hechos.
Engaño y privación ilegal de la libertad
De acuerdo con las investigaciones ministeriales, los hechos ocurrieron en julio de 2024, cuando las víctimas acudieron a un salón de fiestas en Atlacomulco con el objetivo de vender un vehículo.
En el lugar fueron interceptadas por Juan Luis Rueda Varela y otros dos sujetos armados, quienes las amenazaron con armas de fuego, las privaron de la libertad y las encerraron en un cuarto, donde las despojaron de pertenencias personales, tarjetas bancarias y del automóvil.
Traslado, violencia y abandono de las víctimas
Las indagatorias establecieron que los agresores exigieron los NIP de las tarjetas bancarias y posteriormente trasladaron a las víctimas a una propiedad abandonada en el municipio de San Felipe del Progreso.
En ese sitio, las personas secuestradas fueron golpeadas y abandonadas, mientras los responsables huyeron. Tras varios intentos, las víctimas lograron liberarse y solicitar auxilio a las autoridades, lo que permitió iniciar la investigación penal correspondiente.
Investigación y captura del responsable
Con el avance de las diligencias, el Ministerio Público logró identificar a Juan Luis Rueda Varela como uno de los probables responsables del secuestro, por lo que solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en su contra.
El imputado fue detenido y ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de El Oro, donde quedó a disposición de la Autoridad Judicial.
Sentencia y sanción penal
Tras el desarrollo del proceso legal y la valoración de los medios de prueba, el órgano jurisdiccional dictó una sentencia condenatoria de 60 años de prisión, una de las penas más altas previstas para el delito de secuestro en la legislación mexiquense.
La resolución pone fin al proceso penal en primera instancia, aunque el sentenciado aún cuenta con los recursos legales que establece la ley.
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